La campaña electoral en Euskadi arranca este viernes con el PNV y el PSE-EE confrontando en público pese a gobernar juntos.
Las elecciones del 29N obligan a las direcciones de Aitor Esteban y Eneko Andueza a compaginar el respaldo a sus candidatos con la preservación de la estabilidad institucional en el Gobierno Vasco, en las diputaciones forales y en los ayuntamientos donde ambos partidos comparten ejecutivo. Quince días de tensión medida en los que cada acta cuenta: hay escaños en Bizkaia y, sobre todo, en Álava que se dirimen por un puñado de votos.
El pistoletazo de salida llega precedido de tres roces. El primero, la reforma fiscal que la Diputación vizcaína intentó impulsar en solitario. El segundo, el pulso sobre vivienda en Donostia-San Sebastián. El tercero, la disputa por los liderazgos institucionales en Álava, donde la consolidación de Maider Etxebarria ha reforzado al PSE-EE del territorio.
El primer choque: la reforma fiscal en Bizkaia
El detonante fiscal fue una iniciativa del equipo de Elixabete Etxanobe en la Diputación Foral de Bizkaia con tres medidas que no contaban con el visto bueno del propio PNV vizcaíno: la desgravación de los seguros privados de salud, la deducción del abono de cuotas de gimnasios y una exención fiscal para altos directivos. El marco común pactado entre PNV y PSE-EE el 1 de septiembre, tras un mes de negociaciones, dejaba fuera ese catálogo.
La portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, sostuvo que ‘el proceso sigue abierto’ y que, aunque el acuerdo con los socialistas ‘no recoge todas las medidas, todavía hay opción con otros grupos o con el mismo de llegar a un consenso más amplio’. Desde el PSE-EE de Bizkaia, que dirige Mikel Torres, la respuesta fue que ‘quien gobierna juntos, decide juntos’ y que los socialistas ‘no asumiremos nunca políticas fiscales que van en contra de nuestro ADN’.
El acuerdo fiscal de mínimos sellado el 1 de septiembre excluía las tres medidas que abrieron la brecha entre los socios de coalición en Bizkaia.
Vivienda en Donostia y liderazgos en Álava
El segundo frente se sitúa en Donostia-San Sebastián. Los socialistas reprocharon en el Parlamento Vasco a sus socios que no respaldaran el segundo decreto de vivienda, que debía convalidar la Diputación Permanente del Congreso. A eso se suma el cruce entre el alcalde, Jon Insausti, y el Departamento de Vivienda que dirige Denis Itxaso: el regidor reclamó que Alokabide pusiera a disposición del Consistorio 474 viviendas y alojamientos dotacionales.
La directora de Alokabide, Patricia del Val, respondió que ‘tratar de responder ante casos puntuales prometiendo recursos de otra institución sin tan siquiera haberle consultado, no es una forma responsable de gestionar un problema tan sensible’. La sociedad pública gestiona 766 viviendas en la capital guipuzcoana, de las que 726 están alquiladas a familias donostiarras y las 40 restantes se encuentran en procesos de adjudicación o puesta a punto, según la versión del Departamento.
En Álava el roce se produjo en el Foro Transmodal organizado por la Cámara de Comercio. La organización retiró la invitación a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, a petición de la Diputación Foral de Álava, según la versión de los socialistas alaveses. El diputado general, Ramiro González, centró su intervención en reclamar ‘una conexión funcional avanzada’ entre el aeropuerto de Foronda y la intermodal de Júndiz.
González mantiene además una posición crítica con el Ministerio de Transportes por la reforma de la estación de tren de Vitoria-Gasteiz. El diputado general forzó en octubre una reunión con las instituciones que respaldaron el soterramiento del tren de alta velocidad para exigir un cronograma de ejecución. Sin embargo, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la consejera de Movilidad, Susana García Chueca, y la alcaldesa de la ciudad, todos ellos cargos socialistas, lograron que la aprobación de ese calendario se aplace hasta después del 29N.
Qué se dirime el 29N y cuáles son los siguientes hitos
El precedente más cercano de esta convivencia tensa es el propio marco fiscal de septiembre, un documento que ambas formaciones presentaron como base para ‘impulsar el arraigo empresarial’ y ‘mejorar el acceso a la vivienda’ y que, tres meses después, sigue sin traducirse en normas forales completas. La aprobación de las medidas tributarias de 2026 corresponde a las Juntas Generales de Bizkaia, donde la coalición necesita apoyos adicionales para sacar adelante el paquete, según reconoció la propia portavoz foral.
El calendario electoral añade presión al proceso. La campaña se extiende hasta el viernes 27 de noviembre y la cita con las urnas es el domingo 29N. En juego están los escaños de Bizkaia y de Álava, los dos territorios donde los márgenes son más estrechos y donde cada acta puede alterar las mayorías del futuro Parlamento Vasco y de las Juntas Generales.
El siguiente hito institucional será la aprobación definitiva de las normas tributarias forales de 2026, que deben entrar en vigor el 1 de enero y que llegan condicionadas por el resultado electoral. Antes, las diputaciones deberán cerrar el decreto de aportaciones y el reparto de fondos entre territorios, con el concierto económico como marco de referencia.
