La Sección Quinta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid ha anulado, por falta de motivación, la sentencia que denegó la incapacidad permanente absoluta a un orientador escolar con secuelas cognitivas derivadas de un ictus. El fallo consta en la sentencia n.º 582/2026, de 4 de noviembre, dictada en el recurso de suplicación n.º 386/2026.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Quinta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid declara la nulidad de la sentencia de instancia y ordena la retroacción para que se dicte otra debidamente fundamentada.
- ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 120.3 de la Constitución, el artículo 24.1 CE y el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El tribunal califica la motivación de «absolutamente insuficiente».
- ¿Qué impacto tiene? No reconoce el grado absoluto ni prejuzga el resultado, pero exige vincular las secuelas acreditadas con la capacidad real para el trabajo y no solo con el esfuerzo físico.
Antecedentes: de la incapacidad permanente total al grado absoluto
El trabajador, orientador escolar, sufrió un ictus en noviembre de 2021 y tenía reconocida una incapacidad permanente total para su profesión habitual. La documentación médica aportada describía alteraciones cognitivas y dificultades de procesamiento de la información que, según la defensa, comprometían también su acceso a otros empleos. Solicitó por ello el grado absoluto.
La distinción entre ambos grados resulta determinante. La incapacidad permanente total inhabilita para todas o las tareas fundamentales de la profesión habitual, pero permite el desempeño de otra distinta; la absoluta inhabilita para toda profesión u oficio. Que el trabajador no pueda regresar a su puesto no conduce de forma automática al reconocimiento del grado superior, pero la conclusión inversa exige una justificación vinculada a las limitaciones concretas.
En la instancia, la resolución rechazó la pretensión al considerar que el demandante conservaba capacidad laboral residual para trabajos «sedentarios y livianos». Ese es el punto que la Sala somete a revisión: la fórmula resulta insuficiente cuando atiende solo al esfuerzo físico y prescinde de la atención sostenida, la memoria, la velocidad de procesamiento o la resistencia a la fatiga mental.
El fallo: nulidad por motivación insuficiente
La Sala estima el recurso en su vertiente de nulidad y no entra a resolver sobre el fondo. La resolución anulada se limita, según el tribunal, a reproducir dos informes y no permite conocer «las razones que han conducido al magistrado de instancia a fallar en la forma en que lo hizo». La calificación es literal: motivación «absolutamente insuficiente».
La Sala exige que la sentencia de instancia conecte las secuelas acreditadas con la capacidad para el trabajo y no se limite a transcribir informes clínicos.
El reproche se apoya en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y en el artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE. El tribunal recuerda que no se exige responder una por una a todas las alegaciones ni comentar cada documento, pero sí identificar las razones esenciales del fallo.
La nulidad se configura como medida excepcional. No procede por discrepancia con el resultado ni porque la argumentación pudiera haber sido más extensa, sino cuando la insuficiencia impide conocer el razonamiento y genera indefensión. Aquí la Sala aprecia ese defecto y ordena la retroacción para que el Juzgado de lo Social dicte una nueva resolución debidamente fundamentada.
El pronunciamiento no invalida cualquier referencia a tareas sedentarias o livianas. Cuestiona su uso cuando no se explica por qué resultan compatibles con el cuadro clínico del demandante. La defensa, ejercida por Abelardo Moreno, director de Neurolegal, sostiene que un trabajo físicamente ligero no es necesariamente sencillo en términos cognitivos: atender una recepción o introducir datos exige comprender instrucciones y retomar una tarea tras una interrupción.
El diagnóstico de daño cerebral no determina por sí solo el grado absoluto. La evaluación debe ser individualizada y atender a la repercusión funcional de las secuelas acreditadas, incluidas las pruebas neuropsicológicas. La decisión sobre el grado sigue pendiente y la nueva sentencia tendrá que explicar por qué las limitaciones permiten o impiden mantener un empleo.
La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida un estándar de motivación reforzado en materia de incapacidad permanente. La carga no se satisface con la descripción del cuadro clínico ni con la transcripción de informes: exige traducir las secuelas a la capacidad de trabajo. El criterio no altera la doctrina anterior sobre el alcance del artículo 120.3 de la Constitución, pero la proyecta sobre los supuestos en que la instancia recurre a fórmulas genéricas sobre empleos ligeros.
El método interpretativo es teleológico y se ancla en la función endoprocesal de la motivación: permitir a las partes comprender la decisión y combatirla, y habilitar al órgano superior para controlar el razonamiento de instancia. La consecuencia práctica es que la prueba neuropsicológica debe orientarse a acreditar la repercusión funcional, no solo el diagnóstico, y que la valoracion debe distinguir entre ejecutar una tarea puntual y sostener una actividad con continuidad y precisión.
El impacto alcanza a los litigios en que concurren secuelas cognitivas —daño cerebral sobrevenido, ictus, fatiga mental— y en los que el análisis se agota en el esfuerzo físico. La Sala de lo Social del TSJ de Madrid no anticipa el sentido de la nueva resolución ni establece un automatismo entre diagnóstico y grado absoluto, lo que acota el alcance doctrinal del fallo.
En cuanto a la proyección procesal, el Juzgado de lo Social deberá dictar nueva sentencia y contra ella cabrá recurso de suplicación ante la Sala. El texto íntegro no consta aún publicado en el CENDOJ en la fecha de esta crónica. La normativa aplicada puede consultarse en el BOE.
FICHA DEL CASO
- El caso: Recurso de suplicación frente a una sentencia del Juzgado de lo Social que denegó la incapacidad permanente absoluta a un orientador escolar con secuelas cognitivas posteriores a un ictus.
- Datos importantes: Sentencia n.º 582/2026, de 4 de noviembre, Sección Quinta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, recurso n.º 386/2026. Se aplican los artículos 120.3 y 24.1 CE y el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Fallo de nulidad con retroacción; no se reconoce el grado absoluto.
- Fecha de los juicios: Ictus en noviembre de 2021; sentencia de instancia sin fecha publicada en la fuente; sentencia del TSJ de 4 de noviembre de 2026; texto íntegro pendiente de publicación en el CENDOJ.
- Personas acusadas y por qué: N/A. El procedimiento es un litigio de Seguridad Social sobre grado de incapacidad, sin acusados.
