La ley del sector ferroviario es el nuevo campo de batalla que ERC quiere abrir en el Congreso. Oriol Junqueras ha escogido la puerta de la estación de Sants, en una jornada de retrasos generalizados en Rodalies, para anunciar que su partido propondrá en la próxima legislatura una modificación de la norma que obligue a destinar el 30% del presupuesto del sistema al mantenimiento. Hoy, según sus propios datos, ese porcentaje ronda el 15%.
Del 15% al 30%: cómo el mantenimiento se convirtió en el debate
La propuesta tiene recorrido parlamentario, no reglamentario. ERC no puede fijar por decreto el porcentaje de conservación de la red: la ley del sector ferroviario es estatal y su reforma exige mayoría en el Congreso de los Diputados. De ahí que los republicanos hablen de la próxima legislatura y no del próximo Consejo de Ministros. Lo que sí controla la Generalitat, y ahí está la trampa del anuncio, son las encomiendas de gestión sobre una infraestructura que aún no ha recibido.
Junqueras cargó contra el modelo que el PP diseñó y que, en su lectura, el PSOE ha mantenido intacto. ‘Han centrado toda su atención en cortar cintas, inaugurar tramos que en casos no tienen sentido desde un punto de vista ni social ni económico’, ha dicho. Su diagnóstico es el de una red sobredimensionada, pensada para competir en kilómetros de alta velocidad con otros países, que añade costes y deja sin aire lo que ya está construido. El adjetivo que resume la tesis republicana es uno: ‘faraónico’.
El argumento no cae en el vacío. Los siniestros de Adamuz, Gelida y Urda han marcado el año ferroviario de 2026 y, según la cuenta que hace ERC, se han cobrado más de un centenar de vidas en el conjunto del Estado. La secretaria general del partido y candidata a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, ya había puesto el foco en la conservación de la red tras la tragedia de Urda. Ahora esa exigencia se convierte en iniciativa legislativa con cifra y con fecha.
La R1, las encomiendas y el pulso con el PSOE
El otro frente es competencial. El presidente de ERC reclamó que la Generalitat disponga de las encomiendas de gestión para poder ejecutar las obras de conservación y puso el dedo en el calendario: el traspaso de la R1, la línea que une L’Hospitalet de Llobregat con Maçanet-Massanes y atraviesa todo el Maresme, una de las que acumula más incidencias de Rodalies de Catalunya. La comisión bilateral que se celebró esta semana en Barcelona, resuelta sobre la bocina, dejó avances que el partido considera insuficientes.
‘A la hora de poner un calendario al traspaso de la R1 son extraordinariamente lentos, muy lejos de lo que la sociedad catalana y los usuarios del tren merecen’, ha añadido. Y ha apuntado directamente a los socialistas: ‘acostumbran a arrastrar los pies, son perezosos a la hora de hacer trabajo y cumplir sus compromisos’. La cita, traducida del catalán, resume el tono de una relación que lleva meses en punto muerto.
El mantenimiento no corta cintas ni sale en las fotos de inauguración. Por eso acumula años de retraso y por eso hoy se ha convertido en un arma electoral.
La letra pequeña: quién paga el 30% y qué gana ERC
Pasar del 15% al 30% no es una operación neutra. Duplicar la partida de conservación implica detraer recursos de la obra nueva, y ahí es donde la propuesta incomoda: obliga a discutir qué tramos de alta velocidad se retrasan o no se construyen. En un país donde el AVE ha funcionado como símbolo de modernización durante tres décadas, ese debate tiene coste político y no lo va a dar nadie gratis.
A eso se suma una cuestión de ejecución que el anuncio deja en segundo plano. Aunque el Congreso eleve el porcentaje, quien decide cómo se gasta es Adif y quien opera los trenes es Renfe; el control catalán llega por la vía de las encomiendas, no por la del articulado de la ley. En esta redacción entendemos el movimiento como lo que es: una forma de atar al PSOE a un compromiso verificable antes de cualquier negociación presupuestaria, y de paso marcar perfil propio frente a Junts, que ha hecho del traspaso integral su bandera y su relato.
El precedente más cercano es el propio traspaso de Rodalies, incluido en el acuerdo de investidura entre PSC y ERC y aterrizado desde entonces con calendarios que se han ido estirando. La bilateral de esta semana debía desencallar la R1. El resultado, a ojos de los republicanos, es un nuevo ‘ya veremos’. Mientras tanto, cada incidencia en la línea cuesta horas de trabajo perdidas y ningún titular de inauguración.
El anuncio llega, además, en plena campaña. Después de un acto en Tarragona, la maquinaria de ERC se desplaza este viernes a Palma, donde Gabriel Rufián comparte mitin con Ara Més – Front Ampli, la candidatura unitaria de las izquierdas del archipiélago que encabeza Carme Gomila. En Catalunya ese frente común sigue siendo una anomalía; en Baleares, un hecho consumado. La comparación no es casual y el partido la usará.
Queda la duda de fondo, la que ningún portavoz resuelve. Si el PP y Vox llegan a La Moncloa, el traspaso de Rodalies que ERC considera irreversible puede quedar tocado, y una ley que blinde el mantenimiento sería entonces el último cortafuegos. La próxima cita es la tramitación en el Congreso, con un calendario que nadie se atreve a poner por escrito. Cosas que pasan en 2026.
