Sánchez firma en Foreign Affairs La última oportunidad para la paz y reclama un nuevo orden de seguridad global. El ensayo, que cuenta con edición en español, sostiene que el mundo ha empezado a aceptar la guerra como algo inevitable y que esa costumbre, más que cualquier ejército, es la verdadera amenaza. La tesis es ambiciosa y llega firmada por un presidente del Gobierno en ejercicio, algo poco frecuente en la revista del Council on Foreign Relations.
El diagnóstico es duro: las guerras de agresión —Ucrania, Líbano, Irán— se multiplican, los presupuestos militares suben, las carreras tecnológicas se aceleran y cada vez más países se preguntan si necesitan su propia bomba. Frente a eso, Sánchez propone lo que llama maxilateralismo: un multilateralismo expansivo, que sume al mayor número posible de países en lugar de refugiarse en grupos reducidos y ad hoc. El objetivo declarado no es gestionar la guerra, sino hacerla materialmente impracticable.
Por qué el ensayo sale en Washington y no en Bruselas
La elección de la tribuna no es neutra. Foreign Affairs es la publicación que leen el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional y los think tanks de Washington; es el canal por el que Moncloa quiere hablarle a una administración que trata la Alianza como un contrato de servicios. Ese es el primer movimiento estratégico del texto: España no se dirige a Bruselas, se dirige a quien decide en el flanco atlántico. Y lo hace con un argumento que en Washington puede escucharse sin sentirse señalado: la normalización del conflicto como herramienta ordinaria de política exterior.
Los números que sostienen el ensayo están en abierto. El registro del Uppsala Conflict Data Program contabilizó 65 conflictos activos con participación de gobiernos en 2025, el doble que en 2010. Unas 250.000 personas murieron en esos conflictos, la cifra anual más alta en tres décadas, y cerca de 120 millones han sido desplazadas por la fuerza. El gasto militar global, según la base de datos de SIPRI, ronda los 3 billones de dólares al año, una cantidad próxima al PIB de todo el continente africano, y ha crecido más del 40% en la última década.
El capítulo nuclear es el que más incomoda. Los nueve Estados con arsenal atómico modernizan sus vectores; China habría pasado de 200 ojivas a unas 620; Corea del Norte, de una decena a cerca de 60; Francia anunció en marzo el primer incremento de su stock desde 1992. Rusia y Estados Unidos han dejado morir el último tratado que limitaba sus arsenales estratégicos. A eso se añade la inteligencia artificial, que comprime los tiempos de decisión humana y abarata el ciberataque contra redes eléctricas y hospitales.
Una cosa es presupuestar la guerra y otra aceptarla como lenguaje normal entre Estados; el segundo paso siempre llega antes de la primera bomba.
Hay una frase del texto que en Moncloa deberían releer con atención: ‘incluso los líderes centristas están abrazando el lenguaje de la preparación para la guerra’. Es un dardo al propio firmante y a sus socios europeos. Nadie lo dice en voz alta, pero la doctrina de la paz que Sánchez defiende convive con un rearme continental que él mismo ha votado.
El maxilateralismo frente al 5% del PIB
Aquí aparece la contradicción que el ensayo no resuelve. España se fijó el 2% del PIB en defensa para 2029 y asumió en la cumbre de La Haya de 2025 el objetivo aliado de 3,5% en gasto militar puro más 1,5% adicional en industria e infraestructuras para 2035. El 5% que reclama Washington rondaría los 70.000 millones de euros anuales, frente a los algo más de 21.000 que España dedica hoy. La cuenta no sale sin tocar Sanidad, Educación o pensiones, y el presidente lo sabe.
El texto construye el currículum con el que España quiere negociar ese pulso: reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024, apoyo a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, sanciones a Rusia y asistencia financiera, humanitaria y militar a Ucrania. Son hechos, no relato. Y son, también, la moneda con la que Moncloa pretende comprar margen político en Bruselas cuando llegue la discusión del gasto.
Falta, sin embargo, el terreno donde España se juega más que en ningún otro: el flanco sur. El ensayo no menciona Marruecos, ni el Sáhara, ni el Sahel, ni el Estrecho, ni las bases de Rota y Morón, que sostienen el despliegue estadounidense en el Mediterráneo occidental. Tampoco aborda la dependencia energética ni el encarecimiento de los fletes y los fertilizantes que el propio texto cita. El mapa brilla por su ausencia. Y mientras Madrid mira al norte, la mayoría de los aliados mira hacia el Indo-Pacífico.
Equilibrio de Poder
Washington lee el ensayo con interés táctico y desconfianza de fondo. La administración Trump comparte el diagnóstico sobre la agresividad rusa y china, pero rechaza el método: prefiere la presión bilateral y el reparto de cargas a un multilateralismo expansivo que diluye su veto. Moscú tiene motivos para sonreír con el tono —un presidente europeo diciendo en voz alta que las guerras de agresión erosionan el orden que protege a todos— y motivos igual de sólidos para ignorarlo: nada de lo que firme Sánchez altera el cálculo del Kremlin. Bruselas, en cambio, gana un argumento. El texto respalda la autonomía estratégica europea justo cuando la Comisión prepara su próximo paquete industrial de defensa, y eso se usará en los pasillos del Berlaymont.
Para España el cálculo es más concreto. En el Magreb y el Sahel, aceptar el conflicto como herramienta legítima beneficia a los actores que ya operan por encima del derecho internacional: las juntas militares sahelianas, las milicias libias, el tráfico de armas que cruza el Estrecho. Cada punto que sube el gasto militar aliado es un punto que no sube la cooperación al desarrollo en la vecindad sur, y esa es la partida que de verdad compra estabilidad en Rabat, Nuakchot o Niamey. En clave económica, el ensayo acierta al señalar el golpe de la guerra contra Irán sobre la energía y los fertilizantes: España lo ha notado en la factura eléctrica y en la cesta de la compra. Cortesía, no influencia.
La lectura a cinco y diez años es esta: si el ensayo cuaja, España gana un activo diplomático barato —liderazgo moral, sin capacidad militar que lo respalde— y lo podrá rentabilizar en la UE, en la ONU y en Iberoamérica, donde Moncloa necesita recuperar presencia frente a China. Si no cuaja, quedará como un artículo notable en el peor momento: un país que pide contención armamentística mientras negocia cómo pagar su propio rearme. El precedente que el propio texto invoca es el Pacto Kellogg-Briand de 1928, que prohibió la guerra sin dotarse de un solo mecanismo para imponer la prohibición. Aquel tratado no evitó la Segunda Guerra Mundial. La diferencia hoy es que existe la ONU; la semejanza, que nadie quiere pagar la factura de sostenerla.
Queda una pregunta que el ensayo no cierra: quién paga la paz. El texto pide instituciones fuertes, pero no detalla contribuciones, ni mandatos, ni vetos. La próxima cita será el Consejo Europeo de diciembre, donde el gasto de defensa volverá a la mesa; después llegará el informe de SIPRI de abril de 2027, que dirá si el mundo sigue gastando 3 billones al año en prepararse para lo que Sánchez dice querer evitar. Mientras tanto, el presidente ha logrado algo poco habitual: que su firma circule por los pasillos del Pentágono. Si eso se traduce en influencia o solo en cortesía, es la incógnita que se resolverá cuando haya que poner dinero.
