El abogado de Joseba Antxon Alonso Egurrola pidió a la Audiencia Nacional inspeccionar el teléfono móvil de su defendido, pero el Tribunal Central de Instancia 2 de la Audiencia Nacional negó esa posibilidad, también se le denegó después de que interpusiera un recurso de reforma y ahora, tras otro nuevo movimiento legal, la Audiencia Nacional desestima definitivamente el recurso de apelación de Antxon Alonso. Lo hace con el dictamen negativo de la fiscalía y de la acusación popular dentro de la pieza separada del Caso Koldo relativa a contratos con el Estado.
Alonso está imputado junto a Santos Cerdán en la pieza denominada «Contratos» por formar parte de una sociedad llamada Servinabar, que habría sido usada instrumentalmente para cobrar las comisiones pactadas por Santos Cerdán, ex diputado y ex secretario de organización del PSOE, de obra pública en el norte de España, según un informe de la UCO.
Los magistrados de la Sala de lo Penal, Fernando Andreu, Joaquín Delgado (Ponente) y José Joaquín Hervás, explican en su auto, a modo de resumen, que «la providencia de fecha 21 de septiembre de 2026 acuerda lo siguiente: «…en relación con la petición efectuada por la representación procesal del investigado, Joseba Antxon Alonso Egurrola, en escrito de 10/09/26, por el que solicita que se autorice al mismo junto con su representación procesal para la comprobación visual de su terminal móvil intervenido junto con su tarjeta SIM en las dependencias donde se encuentre custodiado y en presencia del funcionario o agente responsable, no ha lugar a lo interesado, toda vez que a la vista de lo indicado por la fuerza policial actuante en oficio de fecha 07/09/26, es lo suficientemente expresivo de la petición efectuada por dicha parte en escrito anterior, indicándose que tanto el terminal como su tarjeta se encuentran se encuentran custodiados por la fuerza policial actuante».
El 31 de julio de 2026 Antxon Alonso presentó un escrito donde contaba que tras sufrir la intervención de su teléfono móvil por parte de la UCO y dado que era el número de teléfono que utilizaba diariamente para el desarrollo de su actividad profesional, «solicitó a la compañía de telecomunicación Orange una copia de la tarjeta SIM, la cual introdujo en otro terminal que compró con el fin de poder restablecer sus comunicaciones tanto personales como profesionales».
Antxon Alonso pidió que se investigase
El 5 de julio de 2026 Alonso recibió en el terminal en el que utilizaba el duplicado de su tarjeta SIM dos mensajes que indicaban que el teléfono se había conectado a una red de telecomunicación de Francia, pese a encontrarse el en Azkoitia en ese momento; que ello implica por consiguiente que tal terminal se hallaba en Francia; y terminaba solicitando que «se libre oficio a la Unidad Policial encargada de la custodia del terminal y tarjeta SIM intervenida a nuestro mandante, a los efectos de que informe debidamente de los hechos relatados y de si existió o no una alteración de la cadena de custodia».
Así lo hizo el juez Moreno, instructor de la causa, que libró un oficio mediante providencia de 3 de septiembre de 2026, lo que originó el informe posterior de la UCO de 7 de septiembre de 2026, que afirma que «la Evidencia TS-VI.1-EV1 correspondiente al teléfono móvil Apple 15 PRO con número de serie (…) ha permanecido en dependencias policiales desde su intervención, habiéndose garantizado en todo momento la cadena de custodia de la misma».
En aquel escrito el abogado de Antxon Alonso solo solicitaba «una comprobación visual, breve y supervisada, del efecto intervenido, en las condiciones que determine el Ilmo. Tribunal y siempre en presencia del funcionario o agente responsable de su custodia; y que no se pretende examinar el contenido del teléfono, encenderlo, manipularlo, desprecintarlo ni alterar su estado».
Sin embargo, dice el tribunal que «la parte recurrente no identifica qué puede aportar al proceso la mera comprobación visual del terminal y la tarjeta SIM en relación con dicha conexión desde Francia. No se entiende cómo la mera comprobación visual solicitada puede contribuir a aclarar el anterior extremo».
En definitiva, la UCO realizó un informe en el que certificaba que el teléfono del administrador de Servinabar estaba a buen recaudo junto con la tarjeta SIM original: «tras la emisión del informe de la UCO solicitado por la parte ahora, recurrente, ésta última no justifica las razones por las cuales la diligencia consistente en la mera comprobación visual del terminal móvil y su tarjeta SIM puede resultar pertinente, útil y necesaria para la investigación de los hechos y sus circunstancias objetivas y subjetivas; ni tampoco aporta elementos que
constituyan indicios de una actuación policial que incurren violación de derechos fundamentales o en irregularidades que puedan afectar a los efectos probatorios».
De esa manera, la sala desestimó la petición de Antxon Alonso y contra el auto no cabe recurso alguno. La Audiencia Nacional cierra así el asunto del teléfono de Alonso.
