La Fiscalía Europea (EPPO) mandaba ayer a la UCO entrar en la sede del ministerio de Igualdad para recoger información sobre uno de los contratos suscritos por la Secretaria de Estado de igualdad y Contra la Violencia de Género del Gobierno de Pedro Sánchez, el relativo a la adquisición y monitorización de las pulseras anti maltrato. Se desconoce todavía el contrato en cuestión, aunque algunas fuentes señalan al primero, suscrito cuando Irene Montero era ministra de Igualdad con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Desde el año 2021 el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado tres contratos para adquirir estos dispositivos por un importe total de 116.900.44,49 euros con diferentes licitadores.
«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», explicó la Fiscalía durante la mañana de ayer.
El primer contrato de Igualdad se firmó el 13 de septiembre de 2021 con Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España por un importe de 44.456.610 euros, impuestos incluidos. El proceso de licitación se hizo por vía de urgencia y el objeto fue el «servicio integral de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género», las mal llamadas pulseras anti maltrato, porque en realidad es una tobillera más discreta que una pulsera, que se le pone al maltratador con orden de alejamiento de su víctima, generalmente una mujer a la que se le facilita un dispositivo parecido a un teléfono móvil que da un aviso cuando el poseedor de la tobillera pasa el umbral de la distancia establecida como segura por una sentencia firme.
Presuntamente éste sería el contrato financiado con fondos europeos y ganado por la empresa que realizó una mejor oferta y obtuvo la máxima puntuación posible.
El segundo contrato licitado por Igualdad es en realidad una prórroga del primero, que cesó sin ser renovado, y se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Securitas Seguridad España y Vodafone España por un importe total de 4.895.266,01 euros. Este contrato fue acordado el 8 de abril de 2026 y desapareció automáticamente tras la firma del tercero.
Este tercer contrato es el más caro y tiene una duración de tres años, hasta el 6 de mayo de 2029. Se firmó ya con Ana Redondo en el ministerio y el importe es de 67.540.566,48 euros, impuestos incluidos. La adjudicación se realizó «por haber presentado la oferta con mejor relación calidad-precio y haber obtenido la mayor puntuación total, 95,30 puntos». El acuerdo se firmó el 6 de julio de 2026 y el ganador fue la misma UTE de Securitas y Vodafone. Esta licitación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y el BOE español.
La investigación de la Fiscalía Europea arrancó el pasado año y después de un proceso de verificación abrió una investigación formal por una de estas licitaciones. Es de entender que sobre la primera porque el pasado año es la única que estaba adjudicada y en funcionamiento.
Las pulseras de la polémica
Hay que recordar que las pulseras anti maltrato compradas durante la época de Irene Montero al frente del ministerio comenzaron a fallar en 2025, dejando a cientos de mujeres desprotegidas frente a sus agresores. Fue la propia Fiscalía General del Estado (FGE) la que reveló, en su Memoria Anual 2025 que las polémicas pulseras de Igualdad seguían fallando, pese a las advertencias y las quejas de las víctimas. En concreto, en dicho documento, fechado en septiembre de 2025, se incide en los problemas «que generan siendo un denominador común en las apreciaciones de algunos delegados los problemas de ruralidad y proximidad».
Algunas fiscalías provinciales como las de Madrid, Gerona, Granada o Tenerife, advirtieron de los mismos problemas, con informes y datos que fueron facilitados a la Unidad de Violencia de Género para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas.
En cualquier caso, Europa mira con lupa los gastos realizados con fondos europeos por el gobierno de Pedro Sánchez en previsión de que el próximo día 29 haya un cambio en el Ejecutivo. La Fiscalía Europea puede actuar de oficio sin el beneplácito de un tribunal, son independientes y cuando termina su investigación pueden interponer querellas o demandas ante cualquier tribunal español.
