El Congreso ha dado este jueves un importante respaldo a la política de vivienda del Gobierno, aunque no ha conseguido sacar adelante todas sus medidas. La Diputación Permanente ha convalidado el decreto que incluye la prohibición de determinados desahucios hasta 2030, las prórrogas de los contratos de alquiler durante 2028 y préstamos públicos de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda. Sin embargo, ha rechazado el segundo texto impulsado por Sumar, que pretendía establecer la renovación automática de los contratos de arrendamiento y obligar a los propietarios a indemnizar a los inquilinos si decidían ponerles fin.
La votación supone una victoria parcial para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que consigue mantener en vigor una parte de su paquete de medidas después de que la oposición tumbara los dos decretos en el Pleno del Congreso el pasado octubre. El resultado también evidencia las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en materia de vivienda, uno de los principales asuntos de confrontación política y social en España.
La Diputación Permanente ha aprobado el decreto general por 35 votos a favor y 34 en contra, mientras que la segunda norma ha sido derogada al no conseguir los apoyos necesarios. El PNV ha vuelto a tener la llave de ambas votaciones: ha respaldado el primer texto junto al PSOE, Sumar, ERC y Podemos, pero se ha alineado con PP, Vox y Junts para rechazar el segundo.
Los desahucios de personas vulnerables seguirán suspendidos hasta 2030
La principal consecuencia de la votación es que continúan vigentes las medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. El decreto establece que determinados procedimientos judiciales deberán suspenderse hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando se cumplan las condiciones previstas en la norma.
La protección no supone una prohibición absoluta de todos los desahucios. La suspensión está condicionada a que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y carezca de una alternativa habitacional. Además, contempla excepciones, entre ellas los casos en los que el propietario acredite también una situación de vulnerabilidad y disponga de dos o menos viviendas.
El texto incorpora asimismo mecanismos para que las administraciones autonómicas asuman responsabilidades cuando no faciliten una solución habitacional. En los procedimientos por impago, si la comunidad autónoma no proporciona una vivienda alternativa, deberá actuar para evitar el lanzamiento mediante el mecanismo previsto en el decreto.
Otra de las medidas que se mantiene es la prórroga automática de los contratos de alquiler durante 2028, una disposición que busca proporcionar más estabilidad a los arrendatarios en un mercado marcado por el encarecimiento de las rentas y la dificultad para encontrar vivienda a precios asequibles.
El decreto también endurece las condiciones para determinadas operaciones inmobiliarias de carácter especulativo. Hasta finales de 2030, las sociedades, fondos y entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles o carteras de créditos hipotecarios impagados, así como los grandes tenedores, tendrán limitada la compra de viviendas por debajo del 70% de su valor de mercado, con excepciones vinculadas a determinados usos sociales y asequibles.
Préstamos de 50.000 euros para comprar una primera vivienda
Entre las medidas económicas más destacadas figura el programa ‘Tu Casa’, una línea de financiación gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que contempla préstamos de hasta 50.000 euros para facilitar el acceso a una primera vivienda.
El mecanismo contará con una dotación de 10.000 millones de euros y pretende ayudar a quienes tienen dificultades para reunir el ahorro inicial necesario para afrontar una compraventa. Se trata de uno de los principales anuncios económicos del paquete aprobado por el Ejecutivo, que busca intervenir en las dificultades de acceso a la propiedad en un contexto de elevados precios inmobiliarios.
A esta financiación se suma un fondo de impacto social de 400 millones de euros destinado a impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. El objetivo es aumentar la oferta de inmuebles asequibles mediante la participación de entidades que desarrollan proyectos residenciales con una finalidad social.
El decreto incorpora también medidas fiscales para incentivar el alquiler residencial. Entre ellas figuran deducciones para los inquilinos y bonificaciones que pueden alcanzar el 100% de las rentas para los pequeños propietarios que reduzcan los precios de sus viviendas.
Además, introduce cambios para combatir determinadas fórmulas de alquiler temporal y de habitaciones utilizadas para eludir las condiciones de los arrendamientos habituales. La norma exige justificar la causa de temporalidad y establece límites a la duración de estos contratos. También fija restricciones a la suma de las rentas de las habitaciones en las zonas de mercado residencial tensionado.
En el ámbito turístico, incorpora una tributación del 10% de IVA para determinados alquileres de viviendas amuebladas, cuando concurran las circunstancias establecidas en el decreto, como la prestación de servicios propios de la industria hotelera o una duración inferior a 31 noches.
El PNV tumba la renovación automática de los contratos de alquiler
La otra cara de la votación ha sido el fracaso del decreto impulsado por Sumar para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento. La iniciativa pretendía establecer un sistema de renovación automática que habría permitido a los inquilinos prolongar sus contratos durante otros cinco años una vez superada la duración mínima legal de cinco años, ampliada a siete cuando el propietario fuera una persona jurídica.
La propuesta contemplaba, además, que los propietarios que decidieran no renovar el arrendamiento tuvieran que indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a doce mensualidades de alquiler. El objetivo era dificultar la finalización de los contratos y ofrecer una mayor protección a quienes viven de alquiler.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, había defendido la medida durante el debate parlamentario. Según sus argumentos, la iniciativa podía beneficiar a cinco millones de personas y generar un ahorro de hasta 4.341 euros por inquilino.
Sin embargo, el PNV ha vuelto a rechazar el texto al considerar que la indemnización prevista era desproporcionada. Su posición ha resultado determinante para que la iniciativa no consiguiera salir adelante, después de que PP, Vox y Junts también confirmaran su voto contrario.
La derrota supone un revés para Sumar, que había convertido la protección de los arrendatarios en una de sus principales reivindicaciones dentro del Gobierno de coalición. También deja sin efecto la posibilidad de establecer ese nuevo sistema de prórrogas automáticas y compensaciones económicas para los inquilinos.
Una victoria parcial del Gobierno a las puertas de las elecciones
El resultado tiene una importante dimensión política. Los dos decretos habían sido rechazados inicialmente en el Pleno del Congreso, donde PP, Vox, Junts y UPN sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños. Aquella derrota parlamentaria precipitó el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, con las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.
Tras la disolución de las Cortes, el Ejecutivo volvió a aprobar los textos con algunas modificaciones y trasladó su votación a la Diputación Permanente, el órgano que permanece operativo cuando el Parlamento está disuelto.
La diferencia en su composición ha permitido al Gobierno salvar al menos una parte de su política de vivienda. Este órgano cuenta con 69 diputados y el bloque favorable al decreto general ha logrado imponerse por un solo voto.
La votación se ha producido, además, apenas un día después de la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre y en la víspera del inicio de la campaña electoral. La crisis habitacional se ha convertido así en uno de los principales escenarios de confrontación entre los partidos, con posiciones enfrentadas sobre los controles de precios, la protección de los inquilinos y las garantías para los propietarios.
El PP ya ha anunciado que derogará las medidas de vivienda del Gobierno si consigue llegar al poder. Por tanto, aunque la convalidación permite mantener el decreto general, su continuidad política podría quedar condicionada al resultado de las urnas.
El Gobierno consigue mantener las ayudas a la compra, las restricciones a determinados desahucios y las prórrogas de alquiler, pero fracasa en su intento de implantar contratos con renovaciones automáticas e indemnizaciones para los inquilinos. Una victoria legislativa incompleta que deja la política de vivienda en el centro de la batalla electoral.
