La Fiscalía General del Estado investiga a TikTok por la presunta elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil y por corrupción de menores.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha acordado el Ministerio Fiscal? La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha firmado un decreto que encomienda diligencias de investigación a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente.
- ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 189, 189 bis y 187 del Código Penal, artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las obligaciones de diligencia del Reglamento europeo de servicios digitales.
- ¿Qué impacto tiene? Las diligencias no acreditan delito ni atribuyen responsabilidad a la plataforma; de su resultado puede derivarse denuncia o querella ante el juzgado de instrucción competente.
El decreto de 11 de noviembre de 2026 lo firmó la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, y en él se encomienda la actuación a Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática. El objeto es doble: esclarecer si las actividades denunciadas constituyen infracciones penales y determinar las posibles responsabilidades derivadas de su realización.
El origen de las diligencias: la denuncia de Maldita.es
El expediente parte de la denuncia presentada por Maldita.es ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. La investigación periodística, publicada el 9 de noviembre de 2026, sostiene haber localizado 1.183 vídeos e imágenes de contenido explícito de abuso sexual infantil con cerca de 48 millones de visualizaciones acumuladas.
El trabajo también documentó deficiencias en los mecanismos de detección y retirada de publicaciones. Sobre una muestra de cincuenta videos comunicados a la plataforma como contenido ilegal, solo cinco fueron eliminados de forma inicial y trece quedaron bloqueados únicamente en España. TikTok ha comenzado a restringir determinados términos de búsqueda, limitación implantada primero en territorio español y extendida después a otros países.
En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado la intervención de la Fiscalía y ha planteado ante la Agencia Española de Protección de Datos la posibilidad de adoptar medidas excepcionales contra la plataforma. Ninguna de esas actuaciones administrativas altera el objeto de las diligencias penales, que se rige por el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal activa diligencias de investigación por material de abuso sexual infantil sin imputación formal ni intervención judicial, en el marco del artículo 5 del Estatuto Orgánico.
El contenido del decreto y el encaje penal de las conductas
Los representantes de Maldita.es comparecieron el 11 de noviembre de 2026 ante la fiscal Elvira Tejada, ratificaron formalmente la denuncia y aportaron el material probatorio que consideran relevante. La Fiscalía ha trasladado que esa documentación será examinada y valorada de manera inmediata para fijar el alcance de las conductas denunciadas y resolver las actuaciones que procedan. El comunicado oficial no identifica a persona concreta alguna como responsable de los posibles delitos investigados.
La apertura de las diligencias no acredita la comisión de delito ni comporta atribución judicial de responsabilidad a TikTok. El decreto abre diligencias, no imputa, y su eficacia se limita a la práctica de actuaciones de investigación bajo la dirección del Ministerio Público.
La denuncia describe conductas heterogéneas que exigen análisis individual. La publicación y comercialización de material que mostraría situaciones de abuso sexual infantil es un plano distinto de la recomendación de esos contenidos, accesibles desde la propia plataforma o desde aplicaciones de terceros. Y ambos difieren de la difusión de emisiones en directo protagonizadas por menores en las que, según los hechos comunicados, mediarían compensaciones económicas.
El encaje penal se ordena, en primer término, en torno al artículo 189 del Código Penal, que castiga la producción, elaboración, difusión, venta, distribución, exhibición u oferta de material de abuso sexual infantil. El artículo 189 bis, incorporado por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, extiende la tutela penal a los supuestos de acceso a estos contenidos mediante tecnologías de la información. El artículo 187 cubre la corrupción de menores, y la eventual responsabilidad penal de la persona jurídica obliga a examinar el catálogo del artículo 31 bis, además del principio de territorialidad del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La lectura doctrinal
Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal no equivalen a instrucción judicial. El artículo 5 del Estatuto Orgánico habilita al Ministerio Público para practicar actuaciones cuando tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo, pero su resultado no vincula al juez ni desplaza la competencia del juzgado de instrucción. Si de lo actuado resultan indicios de criminalidad, la Fiscalía deberá formalizar denuncia o querella y será el órgano judicial quien asuma la dirección de la investigación.
El segundo eje doctrinal es la delimitación entre ilícito penal y deber de diligencia de la plataforma. El Reglamento (UE) 2022/2065 impone a los grandes intermediarios obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos sistémicos, con especial atención a la protección de menores, cuyo incumplimiento se canaliza por vía administrativa ante el coordinador de servicios digitales designado en España. Esa vía no sustituye la penal: la responsabilidad de la persona jurídica exige acreditar los presupuestos típicos del artículo 31 bis y un defecto de organización imputable.
En materia de proyección procesal, el Estatuto Orgánico no fija un plazo máximo de duración para las diligencias de investigación fiscal, a diferencia de la instrucción judicial. El límite temporal lo marca la prescripción del artículo 131 del Código Penal, que se calcula sobre la pena máxima señalada a cada tipo, lo que explica la relevancia de calificar con precisión cada conducta. El CENDOJ no registra resolución judicial alguna sobre este asunto, porque no existe todavía procedimiento ante los tribunales.
FICHA DEL CASO
- El caso: Diligencias de investigación de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Sala contra la Criminalidad Informática, para determinar si determinadas actividades desarrolladas en TikTok constituyen delitos de elaboración, difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil y de corrupción de menores.
- Datos importantes: Decreto firmado el 11 de noviembre de 2026 por la fiscal general del Estado; investigación encomendada a Elvira Tejada de la Fuente; artículos 189, 189 bis y 187 del Código Penal y artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; sin cuantía ni pena impuesta.
- Fecha de los juicios: Sin vista oral ni sentencia. Investigación periodística publicada el 9 de noviembre de 2026; comparecencia y ratificación de la denuncia el 11 de noviembre de 2026; decreto de la Fiscalía General del mismo día.
- Personas acusadas y por qué: N/A. El comunicado de la Fiscalía no identifica a persona concreta alguna ni existe atribución judicial de responsabilidad a la plataforma.
