El Gobierno de Bolivia señala a Evo Morales como jefe del narcotráfico en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político. La acusación la formuló el miércoles 11 de noviembre el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y añade un detalle que lo cambia todo: la droga habría pagado los bloqueos que dejaron 16 muertos.
Y aquí es donde la historia deja de ser solo boliviana. En Bolivia han operado compañías españolas de hidrocarburos, electricidad e infraestructuras, y el país andino forma parte de ese mapa de intereses que se mira con lupa cuando un Gobierno se tambalea. Cuando el narcotráfico se sienta en la mesa de la política, lo que se resiente es la seguridad jurídica que necesita cualquier inversión.
Ocho millones de bolivianos y 53 días de bloqueos
Oviedo lo dijo sin rodeos en una entrevista en la radio Erbol. Según su versión, el expresidente, que gobernó entre 2006 y 2019, encabeza toda la producción de droga que sale del Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca del país. Y remató con una idea que pesa: allí ninguna actividad ocurre sin una disposición directa del exmandatario.
El dato que sostiene la acusación es económico. Las intervenciones policiales durante las siete semanas de cortes de ruta detectaron la salida de más de ocho millones de bolivianos desde el Trópico, en torno a 1,1 millones de dólares al cambio oficial. Ese dinero habría sostenido los 53 días de bloqueos impulsados junto a la federación campesina Tupac Katari de La Paz y la Central Obrera Boliviana.
Las movilizaciones exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz por la crisis económica. El saldo fue de 16 fallecidos, la mayoría por no poder acceder a tiempo a atención médica. Durante aquellas jornadas, Morales planteó al Ejecutivo dos únicas salidas: militarizar el país o convocar elecciones en 90 días.
Sobre el exmandatario pesan dos órdenes de captura vigentes y una acusación oficial que lo sitúa al frente del dinero que financió las protestas.
Conviene recordar el detalle procesal, porque explica por qué no declara ante un juez. Pesa sobre él una orden de captura por alzamiento armado y terrorismo, la imputación de haber liderado las protestas, y otra por trata agravada de personas, ligada a su presunta relación con una menor durante su mandato. Permanece resguardado por sus seguidores en el Trópico desde octubre de 2024.
Qué se juega España en el país andino
España no es un actor menor en Bolivia. Repsol mantiene actividad en hidrocarburos desde hace décadas y por el país han pasado constructoras, eléctricas y consultoras españolas. A eso se suma un vínculo humano difícil de exagerar: la colonia boliviana en España es una de las más numerosas de Europa, y sus remesas sostienen a miles de familias al otro lado del Atlántico.
El problema no es solo comercial. Un país que encadena siete semanas de carreteras cortadas y 16 muertos deja de ser un destino fiable para invertir, y esa desconfianza se contagia a toda la región. Las empresas españolas ya conocen el guion: en 2012 el Estado boliviano expropió la filial de Red Eléctrica y un año después hizo lo propio con la de Abertis en los aeropuertos.
Nada indica que el Ejecutivo de Paz vaya a repetir aquellos gestos. Pero el precedente sirve para medir el riesgo: en Bolivia la regla cambia cuando cambia el inquilino del poder, y la acusación añade una capa de inestabilidad que ningún inversor descuenta gratis.
Del decreto de 2006 al litio: el precedente que conviene recordar
Retrocedamos. El 1 de mayo de 2006, el primer Morales firmó la nacionalización de los hidrocarburos y obligó a las petroleras extranjeras a renegociar contratos o marcharse. Seis años después llegó la expropiación de Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica de España, y en 2013 la de Sabsa, la empresa de Abertis que gestionaba los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Los arbitrajes se alargaron durante años.
La comparación con el litio es inevitable. Bolivia reúne una de las mayores reservas del planeta y ha firmado acuerdos con consorcios chinos y rusos para explotarlas, mientras las empresas europeas miran desde la barrera. Un Estado con instituciones debilitadas negocia peor sus recursos, y la sombra del narcotráfico no ayuda a vender confianza a nadie.
Lo que toca seguir ahora es el expediente. El Gobierno boliviano tendrá que sostener en sede judicial lo que ayer dijo en la radio: que el dinero de la coca pagó los cortes de ruta. Si lo consigue, el caso marcará la política boliviana durante años. Si no, quedará la otra lectura, la que ya circula entre los seguidores del expresidente: la de una persecución política. Entre las dos versiones, España tiene un interés claro en que gane la que se pueda probar.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Ejecutivo boliviano acusa a Evo Morales de liderar la red de narcotráfico del Trópico de Cochabamba y de costear con ella los bloqueos de mayo y junio.
- Datos importantes: Más de ocho millones de bolivianos salieron del Trópico en siete semanas de cortes; 53 días de bloqueos y 16 fallecidos. Pesan dos órdenes de captura sobre el expresidente.
- Resumen: La crisis erosiona la seguridad jurídica de un país con presencia empresarial española y una colonia boliviana asentada en España desde hace dos décadas.
