El Parlamento de Andalucía elige a Marta Bosquet como primera Defensora del Pueblo Andaluz

La Cámara andaluza ha votado por llamamiento individual y en urna, con el PP-A y Vox en el hemiciclo y la oposición ausente en apoyo de la huelga general sindical. Bosquet presidió el Parlamento en la XI Legislatura y dirigía el Ifapa cuando fue propuesta.

El Parlamento de Andalucía ha elegido a Marta Bosquet, nacida en Almería, como primera Defensora del Pueblo Andaluz, con 66 votos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El pleno de la Cámara andaluza ha nombrado a Marta Bosquet titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz con 66 votos a favor, ninguno en contra y la mayoría de tres quintos que exige el procedimiento.
  • ¿Dónde y quién? En el Parlamento de Andalucía, con sede en Sevilla. Han votado los diputados de PP-A y Vox, y la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, ha comunicado el resultado.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La oficina que tramita las quejas frente a la Administración autonómica, sin titular en propiedad desde septiembre de 2024, pasa a estar dirigida por una abogada con 22 años de ejercicio.

La votación se ha celebrado por llamamiento individual de los diputados y en urna, junto a otros dos puntos del orden del día. Ana Mestre ha comunicado al término del escrutinio que la candidatura ha sumado 66 votos a favor y ninguno en contra, suficientes para alcanzar la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige el nombramiento. Ningún grupo de la oposición ha participado en la votación.

De abogada en Almería a presidir la Cámara andaluza

Nacida en Almería en 1969, Bosquet es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada desde 1994 y cursó un máster en Derecho Administrativo y Función Pública en la Escuela de Ciencias Jurídicas. Su perfil es el de una letrada de largo recorrido, no el de un cargo de aparato.

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Entre abril de 1995 y 2015 ejerció como abogada en un despacho de Almería y, desde 1998, al frente de su propio bufete, con asesoría jurídica externa para mercantiles de promoción, construcción, agroindustria y restauración. Impartió clases de Derecho Penal en el Centro de Estudios Universitarios entre 1999 y 2000 y en 2015 dio el salto a la política como diputada de Ciudadanos.

Su etapa institucional arranca en la X Legislatura, donde presidió la Comisión de Justicia y ejerció de portavoz en Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en Igualdad y Políticas Sociales y en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones. Presidió la Cámara entre diciembre de 2018 y abril de 2022, la XI Legislatura, tras el acuerdo de gobierno entre PP-A y Ciudadanos por Almería. En el momento de ser propuesta dirigía el Ifapa, el instituto público de investigación agraria y pesquera dependiente de la Consejería de Agricultura.

El anuncio lo hizo Juanma Moreno el pasado 9 de octubre a través de su cuenta en la red social X, donde destacó su «compromiso con el diálogo, su trayectoria, su amplio conocimiento jurídico y su marcada sensibilidad social». Esas cualidades, según el presidente de la Junta, la convierten en «una persona idónea para defender los intereses de los andaluces». Entre la propuesta y la votación han transcurrido poco más de cuatro semanas.

Andalucía ya tiene a la primera mujer al frente de su Defensor del Pueblo: 66 votos y una oficina que llevaba dos años sin titular en propiedad.

La misma sesión ha servido para renovar otros órganos estatutarios. El pleno ha reelegido a Rafael Porras como presidente del consejo de administración de la RTVA, la radio televisión pública andaluza, y ha designado a María Jesús Botella como miembro de ese consejo a propuesta del PP-A. Ambas votaciones se han celebrado también por llamamiento individual y en urna.

La ausencia de la oposición ha marcado el pleno. Los representantes del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía no han ocupado sus escaños para apoyar la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, de modo que la elección se ha cerrado sin un solo voto en contra y con 66 papeletas favorables de los 109 escaños de la Cámara.

La oficina que atiende las quejas frente a la Administración autonómica

Marta Bosquet

El Defensor del Pueblo Andaluz es la institución que supervisa la actuación de la Administración autonómica y de sus entidades dependientes, recibe las quejas de los ciudadanos y media antes de que el conflicto acabe en los tribunales. Su ley fundacional data de 1983, en los primeros años del autogobierno, y el titular lo elige el Parlamento de Andalucía por mayoría reforzada. Bosquet sustituye a Jesús Maeztu, que permanecía en funciones desde septiembre de 2024, cuando expiró su segundo mandato.

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El primer examen público de la nueva Defensora será su informe anual ante la Cámara, la herramienta con la que la oficina rinde cuentas del volumen de quejas recibidas, de su tipología y del grado de colaboración de las consejerías. A partir de ahí, un mandato completo por delante para fijar criterios estables en la tramitación de expedientes.

La Lectura Andaluza

La elección toca el resorte que más usa el ciudadano cuando la Administración no le responde: la queja. Andalucía, con 8,5 millones de habitantes y 785 municipios —la comunidad con más términos municipales de España—, concentra en esa oficina un volumen de expedientes que tienen que ver con lo cotidiano: una ayuda a la dependencia que no llega, el silencio ante una reclamación educativa, una licencia de obras atascada. Presentar una queja es gratuito, no exige abogado ni procurador y puede hacerse por registro. Ese es el valor de proximidad real del nombramiento: un canal estable, con titular en propiedad, para reclamar sin coste.

En clave política, el PP-A gobierna con mayoría absoluta desde 2022, pero la designación de los órganos estatutarios exige tres quintos y obliga a pactar; de ahí el acuerdo con Vox y una votación de 66 papeletas sobre 109. La proyección es clara: el primer informe anual de Bosquet ante el Parlamento marcará el tono de su mandato y servirá de termómetro de la relación entre la institución y la Administración autonómica. La oficina, nacida en 1983, afronta su enésima etapa con la primera mujer al frente y con más de cuatro décadas de recorrido a la espalda. En una tierra que lleva desde entonces aprendiendo a reclamar, ese detalle no es menor.

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