EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta Electoral Provincial de Valencia ha abierto expediente sancionador al vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, y ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Júcar a suspender unas jornadas sobre prevención de inundaciones.
- ¿Quién está detrás? Las denuncias cruzadas del PSOE contra el Consell y del PP contra la CHJ, en plena precampaña de las generales del 29 de noviembre.
- ¿Qué impacto tiene? Fija el marco de la neutralidad institucional para el tramo final de la campaña y anticipa recursos ante la Junta Electoral Central.
La Junta Electoral de Valencia ha expedientado al vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, por el acto de los parques inundables.
El acto del IVAM que la Junta califica de «campaña de logros encubierta»
El órgano que arbitra el proceso electoral —la Junta Electoral Provincial de Valencia, dependiente de la Junta Electoral Central— resolvió abrir expediente sancionador al vicepresidente tercero del Consell (el gobierno autonómico, equivalente al Consejo de Ministros). El motivo fue la presentación, el 27 de octubre en el IVAM, del futuro sistema de parques inundables del área metropolitana. A juicio de la Junta, aquel acto fue «una campaña de logros encubierta», ajena a la gestión ordinaria de la Conselleria.
La resolución ordena además retirar todos los comunicados publicados en la web y en las redes sociales del departamento, que presentará recurso de alzada ante la Junta Electoral Central. El marco lo fija el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General: desde la convocatoria de los comicios, los poderes públicos no pueden protagonizar actos con alusiones a logros obtenidos. Con ese mismo argumento, el PP logró que la Confederación Hidrográfica del Júcar aplazara unas jornadas sobre prevención de inundaciones.
El organismo de cuenca, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, había programado esas sesiones técnicas sobre riesgo de riadas. Su aplazamiento llega cuando la Comunitat Valenciana todavía reconstruye lo arrasado por la DANA de octubre de 2024 y cuando la prevención vuelve a dirimirse en clave electoral. Nadie discute el valor técnico de las jornadas. Se discute cuándo pueden celebrarse.
De Catalá a Mompó: los vídeos que la Junta ha ordenado retirar
El requerimiento a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, llegó por grabar el vídeo de su candidatura como número uno al Congreso en dependencias municipales. Las instalaciones públicas no pueden usarse con fines promocionales, aunque el contenido se difunda en cuentas personales. Catalá acató y retiró la publicación. La Junta descartó entonces un expediente adicional.
En precampaña, la neutralidad institucional se dirime a golpe de denuncia: cada acto público se vuelve sospechoso y cada vídeo, una prueba.
Distinto es el caso de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. El PSOE provincial lo denunció por dos vídeos subidos a su perfil personal de Instagram el 20 de octubre y el 4 de noviembre, en los que promocionaba ayudas e inversiones de la institución tras la dana Adam, con imágenes de visitas institucionales. Uno de ellos se grabó en el salón de plenos. La Junta pidió la retirada de ambos.
La última denuncia la han anunciado PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Ambos partidos llevarán a la Junta el anuncio del proyecto de reforma de la Plaza del Ayuntamiento que el gobierno municipal presentó esta semana, en plena precampaña y «sin ningún acuerdo, ninguna cifra de coste ni ningún calendario», según la portavoz de la coalición, Papi Robles. «Catalá está utilizando el Ayuntamiento, que es de todos, para intentar rascar votos el próximo 29-N», añadió la socialista Elisa Valía.
El Escenario Valenciano
La precampaña valenciana funciona como un tablero de denuncias cruzadas. En el Consell de Juanfran Pérez Llorca, el pacto con Vox sigue sosteniendo la acción de gobierno, y todos los grupos, también la oposición, están al acecho de lo que hacen sus rivales. El expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, 99 escaños), sigue pendiente del proceso judicial de la DANA, pero no ocupa el centro de esta refriega: la disputa es sobre el uso del aparato público en campaña.
La dimensión nacional no es un adorno. Los comicios del 29 de noviembre se libran en clave estatal, y cada expediente valenciano acaba pesando en el relato de campaña del PP y del PSOE. El Gobierno de Pedro Sánchez ya conoce el mecanismo: en junio de 2023, la entonces ministra Diana Morant fue apercibida por la Junta Electoral antes de las generales por destacar inversiones públicas en un acto en Valencia, y en las autonómicas de mayo la Generalitat tuvo que retirar una campaña institucional de la Renta por incluir mensajes sobre rebajas fiscales.
Queda campaña por delante. La campaña arranca oficialmente este viernes, 13 de noviembre, y los expedientes abiertos pueden acabar en la Junta Electoral Central, que fijará doctrina sobre qué puede publicar una institución en periodo electoral. Las resoluciones de las próximas semanas, y el recurso de la Conselleria de Martínez Mus, marcarán el tono del tramo final. Lo que está en juego no es solo un acto: es el límite entre informar, y hacer campaña con dinero público.
Ficha del Caso
- El caso: La Junta Electoral Provincial de Valencia abre expediente sancionador al vicepresidente tercero del Consell por presentar los parques inundables del área metropolitana y ordena retirar los comunicados del acto.
- Datos importantes: Expediente a Martínez Mus; retirada de comunicados; aplazamiento de las jornadas de la CHJ; requerimientos a Catalá y Mompó; campaña electoral del 13 al 27 de noviembre; elecciones generales el 29-N.
- Resumen: La neutralidad institucional entra en el cuerpo a cuerpo de la precampaña valenciana y traslada a la Junta Electoral una parte del pulso político entre Consell, ayuntamientos y oposición.
