Un candidato que sale del proveedor, no del Estado
La CISA lleva dos años sin director confirmado y la Casa Blanca quiere que la dirija el jefe de seguridad de Palantir.
El anuncio se formalizó el lunes 9 de noviembre. Las reservas llegaron al día siguiente, y no de un senador cualquiera: de Maggie Hassan y de Bennie Thompson, los dos demócratas llamados a presidir las comisiones de Seguridad Nacional del Senado y de la Cámara a partir de enero.
Michael LoSapio no es un político. Es el responsable de seguridad de la información de Palantir, una de las compañías más cuestionadas de Estados Unidos y, al mismo tiempo, uno de los proveedores tecnológicos de referencia del Departamento de Seguridad Nacional. Tiene certificaciones técnicas y años de gestión del riesgo cibernético en una empresa que vive de datos sensibles de Gobiernos.
El problema no está en el currículum. Está en la posición desde la que llega: el proveedor del sistema pasa a dirigir a quien lo compra. En el oficio eso tiene nombre y no es bonito.
Hassan lo dijo sin ambigüedades: ‘dada su posición senior en Palantir, que ha proporcionado herramientas que ayudaron a habilitar el comportamiento ilegal del ICE bajo esta Administración, tengo serias dudas sobre si tiene la independencia y el criterio que el puesto requiere’. La cita es suya; la traducción, mía.
La independencia de un director de la CISA no se mide en certificaciones. Se mide en a quién es capaz de decir que no.
Thompson, que aspira a presidir la comisión de Seguridad Nacional de la Cámara, habló de ‘preocupaciones muy serias’ por el papel de Palantir en los programas de vigilancia del DHS y avisó de que ese equipaje será ‘una distracción innecesaria’ en la reconstrucción de la agencia.
Dos comisiones, dos cámaras y la misma duda de fondo: si el regulador puede ser cliente, exempleado y red de contactos del regulado al mismo tiempo.
Todo esto ocurre con la agencia en cuadro.
La Administración Trump ha recortado el presupuesto de la CISA y ha reducido su plantilla durante el último año. Gary Peters, el demócrata de Michigan que se retira, lo puso sobre la mesa al exigir que el candidato demuestre que puede ‘situar la seguridad nacional y el interés nacional por encima de la presión política’.
Nick Andersen, director en funciones, sostiene la casa como puede. Andrew Garbarino, el republicano que hoy preside la comisión de la Cámara, agradeció el nombramiento y pidió al Senado celeridad en el examen.
Palantir ya es el proveedor por defecto del DHS
Conviene que usted separe dos cosas. Una es el conflicto de interés formal, el que se resuelve con un acuerdo de recusación y una declaración de bienes. Otra es la arquitectura: quién pone el software sobre el que después se audita a sí mismo.
Patrick Eddington, del Cato Institute, lo formuló con precisión. La CISA es ya clienta de Palantir y el DHS ha convertido a la empresa en su proveedor analítico por defecto. ‘El candidato vendría del vendedor cuyo software ya está comprando, sin competencia, la oficina que él dirigiría’, dijo. Y remató: ‘la CISA sería a la vez clienta, reguladora y red de antiguos alumnos de un solo vendedor’.
No es una hipótesis de laboratorio. La puerta giratoria entre la industria y las agencias es la norma en Washington desde hace dos décadas. Keith Alexander dejó la NSA en 2014 y fundó IronNet. Booz Allen Hamilton colocó a miles de contratistas dentro de la comunidad de inteligencia; uno de ellos se llamaba Edward Snowden.
La diferencia es de grado, y de grado grave. Aquí el regulado no es un proveedor cualquiera: es el que define el estándar técnico que la agencia certifica. Piense en el equivalente doméstico: sería como poner al jefe de seguridad de una gran tecnológica al frente del organismo que autoriza los productos criptográficos del Estado.
Palantir no ha respondido a las peticiones de comentario. Tampoco lo ha hecho el comité que hoy preside Rand Paul, que perderá el mazo en enero.
Eddington enumeró lo que el Senado debería preguntar antes de votar: qué acciones de Palantir tiene LoSapio y si piensa desprenderse de ellas, si se recusará más allá del año preceptivo y si ha pactado un regreso a la empresa cuando deje el cargo. Doce meses de recusación son una salvaguarda, no un cortafuegos.
Hay una lectura a favor que no conviene despachar con desdén. Un ejecutivo de ciberseguridad que ha trabajado con LoSapio lo describió como ‘una elección excepcional’, alguien que ‘defiende una de las organizaciones más atacadas del planeta’ y que no es ‘dogmático ni político’. Si el criterio fuera solo técnico, el debate duraría cinco minutos.
El criterio no es solo técnico. La CISA nació en 2018 y su primer director, Christopher Krebs, fue cesado en 2020 después de desmentir el fraude electoral que sostenía Trump. La agencia ya sabe lo que es que la política le mueva la silla. Lo que ahora se discute es si además le cambia el dueño.
Para España el asunto no es ajeno. El CCN-CERT certifica producto a través del catálogo STIC, un sistema más rígido que el estadounidense y precisamente por eso más lento. Si Washington normaliza que el proveedor dirija la agencia que fija el estándar, la presión sobre Madrid para flexibilizar ese catálogo crecerá. Y en el CNI saben que el estándar técnico que se adopta en Washington acaba llegando, tarde o temprano, a los sistemas aliados.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Vector de amenaza: aquí no hay ataque. No hay APT, ni zero-day, ni exfiltración, ni un muerto en un portal. El vector es de captura institucional: la puerta giratoria como mecanismo de influencia sobre el organismo que fija el estándar de seguridad de los sistemas civiles federales. Es la lógica de la penetración HUMINT, solo que sin buzón muerto ni agente durmiente; el topo llega con nómina del proveedor y un contrato de recusación de doce meses.
Agencias implicadas. Como proveedor, Palantir Technologies, con contratos vivos en el DHS y en el ICE. Como regulador, la CISA, que además atraviesa un año de recortes. Como terceros interesados, el DHS en calidad de cliente, el Senado como supervisor, y los aliados de Five Eyes, que comparten inteligencia con la CISA y llevan tiempo preguntándose por la estabilidad de su homólogo estadounidense.
Nivel de clasificación estimado: confidencial. Los datos de contratación son públicos, pero la arquitectura de los sistemas civiles federales y los términos exactos de una recusación no lo son. El material que un director de la CISA ve a diario —vulnerabilidades sin parchear en infraestructura crítica, mapas de dependencia de proveedores, planes de respuesta— es exactamente lo que un vendedor pagaría por conocer.
El paralelo exacto no está en la inteligencia, sino en la aviación: durante años la FAA delegó en Boeing la certificación de partes de sus propios aviones, y ese arreglo solo se revisó después de dos accidentes con 346 muertos. Mi posición la sostengo desde hace años y no ha cambiado: la seguridad de un Estado no puede auditarse con el software del auditado. Reconozco, eso sí, la incertidumbre del caso. No hay evidencia pública de que LoSapio haya favorecido a Palantir, y atribuir intenciones sin prueba es el vicio más común de este oficio.
Lo escribí en El quinto elemento y lo repito aquí: el próximo 11S empezará con un clic. Añado hoy una variante menos vistosa. También puede empezar con una firma en un contrato.
El calendario no da margen. La nominación pasa por la comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Con Hassan al mando desde enero, la audiencia previa no será un trámite: será el primer examen público de hasta dónde llega la independencia de un director de la CISA. Y con dos años de mandato presidencial por delante, como advirtió Joshua Corman, exasesor de la agencia, cualquier cambio profundo llegará tarde.
La pelota, hoy, está en el Senado.
Y allí, con mazos nuevos en enero, la pregunta que se votará no será si LoSapio sabe de ciberseguridad. Será a quién responde cuando la respuesta le cueste el puesto.
