La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude en la compra de pulseras de protección a víctimas de violencia de género y por eso han mandado a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que reclamen en la sede del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas los documentos necesarios para acreditar esa operación.
Se trata de una investigación por parte de la Fiscalía Europea (EPPO) por un presunto fraude en la compra de pulseras electrónicas de protección de mujeres víctimas de violencia de género y en la que se habrían empleado fondos europeos.
«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», ha explica la Fiscalía.
Las pesquisas comenzaron el año pasado y, tras llevar a cabo un exhaustivo proceso de verificación, la Fiscalía Europea decidió abrir una investigación formal centrada en el contrato de compra de las pulseras antimaltrato defectuosas por parte del Ministerio que dirige Ana Redondo.
