EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El acuerdo de gasto vigente expira el 11 de diciembre y el Senado no ha aprobado ninguna de las doce leyes de apropiaciones este año.
- ¿Quién está detrás? El líder de la mayoría, John Thune, espera instrucciones de la Casa Blanca; el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Ron Johnson, denuncia que no hay interlocución. Los demócratas, con el senador Sanders al frente, exigen congelar los fondos de la guerra de Irán.
- ¿Qué impacto tiene? Un cierre de gobierno tensa el precio del petróleo por el estrecho de Ormuz, retrasa datos oficiales y encarece la financiación que España paga por su deuda.
El Congreso saliente tiene cuatro semanas para evitar el cierre de gobierno. Los demócratas ya han puesto precio a su firma.
La cuenta atrás no admite interpretaciones. El calendario oficial fija la clausura de sesiones a mediados de diciembre y, aun estirándolo hasta Navidad y Año Nuevo, los legisladores no ganan más de seis semanas de trabajo efectivo. Estamos en el periodo lame duck (las semanas entre la elección y la toma de posesión del Congreso entrante, en las que el legislativo saliente sigue operando con sus mayorías antiguas). El acuerdo de gasto vigente expira el 11 de diciembre y, a partir de esa fecha, cada día sin ley firmada es un cierre de gobierno (shutdown): la parálisis parcial de ministerios y agencias que deja a cientos de miles de empleados federales sin cobrar hasta que se resuelva.
La aritmética política explica la prisa. Los republicanos pueden aprobar otra resolución continuada —una prórroga del gasto vigente— y mantener el gobierno abierto hasta entrado 2027. Sería un parche barato y, a la vez, un regalo envenenado: en enero tomarán posesión las nuevas mayorías demócratas en las dos cámaras, y negociar entonces la financiación del año sería hacerlo con la pistola en la sien. La advertencia no viene de la oposición, sino de la prensa conservadora, que lleva semanas avisando de que una prórroga convierte a Donald Trump en rehén de sus adversarios.
De ahí la alternativa que el Capitolio discute en voz baja: una tercera ley de reconciliación presupuestaria (reconciliation, el procedimiento que permite aprobar leyes fiscales con mayoría simple en el Senado, esquivando el filibusterismo y sus 60 votos). Bastaría con 50 votos. El problema no es político, es de reloj: primero el Senado y luego la Cámara deben pasar resoluciones por comisión, y ese trabajo ni ha empezado. ‘Ahora mismo no estoy teniendo interlocución con la Casa Blanca, ni con el liderazgo del Senado ni con el de la Cámara’, dijo esta semana el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Ron Johnson.
El diagnóstico de fondo es más incómodo. El Congreso no aprueba las doce leyes de apropiaciones completas desde hace tres décadas, aunque el comité de apropiaciones del Senado solía enviar alguna al pleno. Este año no ha salido ninguna, de modo que no existe ni el esqueleto de un acuerdo bipartidista. Sin reconciliación y sin acuerdo, solo queda la cesión: aceptar parte de las condiciones demócratas para que las luces sigan encendidas.
Washington no libra una negociación presupuestaria más: libra el reparto de poder que viene después.
Defensa, FISA y Ormuz: lo que España se juega en seis semanas
Al margen de la financiación, la Casa Blanca tiene una lista de deberes prioritarios que se quedarán fuera si nadie decide qué va primero. Confirmar a los jueces pendientes —sin Senado republicano no habrá segunda oportunidad—, cerrar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, el paquete anual que fija presupuesto y prioridades del Pentágono), renovar la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, el marco que permite interceptar comunicaciones de extranjeros fuera de EE. UU.) y sacar la reforma de permisos, el sistema que decide cuánto tarda en autorizarse una línea eléctrica o un puerto.
La reforma de permisos interesa directamente a las empresas españolas con inversiones en EE. UU. Iberdrola, a través de Avangrid, y Acciona operan en renovables y redes en el mercado americano; cada trimestre de retraso en una autorización es capital inmovilizado y un aval que se encarece.
En defensa, Navantia e Indra siguen la NDAA porque el texto reordena programas, socios industriales y prioridades de compra. El compromiso aliado de elevar el gasto militar al 5% del PIB en 2035, acordado en la cumbre de La Haya de 2025, convierte cada reordenación del Pentágono en una oportunidad industrial con fecha.
Y luego está Irán. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se mueve por mar, es la variable que conecta esta pelea presupuestaria con la factura energética española. Sin financiación militar adicional, la Armada estadounidense pierde margen para sostener las operaciones navales que mantienen abierta la ruta. Cada episodio de tensión en Ormuz se traslada en semanas al precio del gas en el mercado ibérico y, con él, a la inflación y a la competitividad industrial. A eso se suma el canal financiero: si el cierre retrasa la publicación de datos oficiales, la Reserva Federal decidirá los tipos a comienzos de diciembre con información incompleta, y cada décima que se mueva en Washington se nota en las hipotecas españolas a tipo variable.
La Lógica de Washington
La lógica que explica el atasco no es la del caos, sino la de dos calendarios que no encajan. El Partido Republicano quiere blindar por ley el gasto que hoy negocia: defensa, control migratorio y desregulación energética. La reconciliación presupuestaria es la herramienta que ya usaron George W. Bush en 2001 para sus recortes fiscales, Barack Obama en 2010 para la reforma sanitaria, Donald Trump en 2017 para su rebaja de impuestos y Joe Biden en 2021 para el paquete de infraestructuras verdes. No es una anomalía: es el manual estándar del Senado cuando el filibusterismo cierra la puerta grande.
El precedente más iluminador es el de los cierres. El de 1995-96 enfrentó a Newt Gingrich con Bill Clinton y le costó al Partido Republicano la reelección del demócrata. El de 2018-19, el más largo de la historia con 35 días, lo ganó Trump en el relato y lo perdió en las encuestas. En el Capitolio se extrae siempre la misma conclusión: quien apaga la luz paga la factura. Por eso Thune no quiere una prórroga corta y por eso la Casa Blanca necesita decir en voz alta qué está dispuesta a sacrificar.
Para España la lectura es de doble filo. Un acuerdo rápido y con financiación militar despejada mantiene el paraguas americano en el flanco sur de la OTAN y da estabilidad a los programas industriales compartidos. Un cierre largo llega en el peor momento: encarece la financiación, tensa el petróleo y retrasa decisiones regulatorias que afectan a filiales de compañías cotizadas en Madrid, como Santander y BBVA. Lo que observamos es que Washington no discute cuánto gasta, sino quién manda cuando llegue enero. La próxima ventana es la semana que viene, cuando el Senado prevé cerrar la reforma de permisos, y después el 11 de diciembre. Si para entonces no hay ley ni tercera reconciliación, el cierre de gobierno dejará de ser un riesgo y será el punto de partida de 2027.
Ficha del Caso
- El caso: El Congreso saliente afronta la financiación federal con un plazo que expira el 11 de diciembre y sin ninguna de las doce leyes de apropiaciones tramitada, mientras los demócratas condicionan el acuerdo a congelar los fondos de la guerra de Irán.
- Datos clave: Cuatro semanas de sesiones (seis si se alarga hasta Año Nuevo); una tercera ley de reconciliación exigiría 50 votos y un trabajo en comisión que aún no ha comenzado.
- Para España: Un cierre prolongado encarece la financiación de la deuda, presiona el gas vía Ormuz y congela la letra pequeña de los programas de defensa e infraestructura en los que participan empresas españolas.
