Canarias sienta a patronal, sindicatos y tercer sector a negociar el primer convenio sociosanitario propio de las islas.
Un convenio propio para un sector que se rige por normas ajenas
El Gobierno de Canarias reunió este jueves 12 de noviembre a las principales organizaciones del sector para impulsar el primer colectivo propio de los profesionales de los cuidados. No es un trámite menor: de esa mesa debe salir un marco laboral adaptado a un archipiélago de siete islas y 88 municipios, donde buena parte de los acuerdos que hoy se aplican son de ámbito estatal y no responden a la realidad canaria.
A la toma de contacto acudieron CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, junto a Cermi Canarias, la Plataforma del Tercer Sector, Comisiones Obreras y UGT. Todas mostraron su disposición a constituir próximamente una mesa de diálogo social, el foro estable donde patronal, sindicatos y gobierno negocian las reglas de un sector. Nadie había logrado arrancar esta negociación hasta ahora.
La consejera Candelaria Delgado, al frente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, resumió el objetivo con una frase: «Queremos mejorar las condiciones de quienes se dedican a cuidar, pero también garantizar que la ciudadanía canaria reciba una atención cada vez mejor y más digna».
La meta es alcanzar uno o varios convenios colectivos (los acuerdos entre empresarios y trabajadores que fijan salarios, jornadas y condiciones de un sector) ajustados a las particularidades del archipiélago. Las prioridades están claras: salarios, reconocimiento profesional, la formación, y la estabilidad de las plantillas.
Las condiciones que expulsan a los profesionales de los cuidados
La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, que habló también en nombre de la Plataforma del Tercer Sector, puso el acento en la letra pequeña: cualquier avance laboral exige financiación suficiente y garantías de sostenibilidad para que el beneficio llegue tanto a los trabajadores como a las personas más vulnerables que reciben estos servicios.
Sin convenio propio, Canarias seguirá aplicando condiciones laborales pensadas para otros territorios mientras pierde a quienes saben cuidar.
Desde Comisiones Obreras, José Ramón Barroso insistió en reforzar la estabilidad del sector y frenar la pérdida de profesionales cualificados. UGT se comprometió a poner a disposición de las partes, en un plazo inferior a quince días, los trabajos necesarios para iniciar la negociación; su secretario general de Servicios Públicos, Fran Bautista, apuesta por acuerdos que abarquen lo sociosanitario, la dependencia y la discapacidad.
La patronal sostiene la otra mitad del argumento: un marco laboral estable aportará seguridad jurídica a las empresas y entidades del sector, facilitará la contratación de personal y favorecerá el desarrollo de las infraestructuras sociosanitarias que Canarias necesita. El problema no es nuevo. Y no se resuelve con un comunicado.
La negociación se enmarca en la Estrategia Sociosanitaria de Canarias 2026-2030, el plan con el que el ejecutivo quiere ordenar la atención de una población cada vez más envejecida. El diagnóstico nadie lo discute: las condiciones laborales de quienes atienden a las personas dependientes no son atractivas y reducen las posibilidades de encontrar profesionales que cubran las necesidades de los canarios. El problema no es solo de sueldos: es de empleos que no encuentran relevo.
El Pulso Territorial
Canarias está gobernada por una coalición entre Coalición Canaria y el PP que preside Fernando Clavijo. No tiene mayoría absoluta en un Parlamento de 70 escaños y depende de apoyos puntuales, lo que convierte cualquier acuerdo con sindicatos y patronal en un capital político delicado. El ejecutivo afronta esta negociación con las elecciones autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte y con el ruido de fondo de la dependencia y los servicios sociales, dos de los ámbitos que más quejas ciudadanas acumulan en las islas.
La paradoja canaria es que se trata de una de las comunidades con la estructura de edad más joven del país, según los datos del INE, y al mismo tiempo una de las que envejece a mayor velocidad. Castilla y León, la comunidad más envejecida de España, lleva años discutiendo este mismo debate desde el otro extremo: allí el problema es la ratio de profesionales por anciano; aquí, la dificultad de retener a los que ya están formados. Dos caras del mismo embudo.
El calendario manda. UGT entregará sus documentos en menos de quince días, lo que sitúa la constitución formal de la mesa de diálogo social a finales de este mes de noviembre o principios de diciembre. A partir de ahí, la negociación de uno o varios convenios se adentrará con toda probabilidad en 2027, el mismo año en que Canarias está llamada a las urnas. El riesgo es conocido: si el marco no llega antes de la campaña, el sector volverá a empezar de cero con otro gobierno.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias negocia su primer convenio sociosanitario propio para ordenar la atención de larga duración y las condiciones laborales del sector en las islas.
- Datos importantes: 88 municipios y siete islas bajo un mismo marco; reunión celebrada el jueves 12 de noviembre de 2026 con patronal, sindicatos y tercer sector; UGT aportará sus documentos en menos de quince días; Estrategia Sociosanitaria de Canarias 2026-2030 como paraguas.
- Resumen: Gobierno, CEOE-Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, Cermi, Plataforma del Tercer Sector, CCOO y UGT abren la vía hacia una mesa de diálogo social. Queda pendiente la negociación del convenio, que se extenderá previsiblemente hasta 2027.
