El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil frente a las dudas que sectores del PSOE trasladan en privado sobre su capacidad de controlar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Mi obligación es defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades con todas las garantías», defendió el ministro el jueves 12 de noviembre. Ni La Moncloa ni el titular de la cartera contemplan una dimisión, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, zanjó la cuestión: «El ministro no está en estos momentos en cuestión, en absoluto».
El debate, sin embargo, se ha instalado dentro del partido. Según cargos socialistas consultados, la percepción de que Grande-Marlaska no controla a determinados sectores del cuerpo se ha reforzado por un cúmulo de episodios. La disyuntiba que trasladan en privado es incómoda: si el ministro conocía las actuaciones y lo permitió, el coste político es alto; si no las conocía, el problema es de mando.
Entre esos episodios figuran la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, que el ministro reconoció desconocer; el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la entrada masiva en Ceuta; las cargas a docentes de la educación pública de Madrid; y los incidentes del 11-N. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, admitió que hay «imágenes que nos desagradan profundamente».
El balance operativo de aquella jornada fue contundente: al menos un centenar de detenidos en toda España, saqueos y barricadas en Barcelona y cargas en Madrid. El dispositivo movilizó a miles de agentes para garantizar el derecho de huelga y la seguridad ciudadana, una actuación cuyo diseño general el propio ministro consideró proporcionado y que ahora revisa una investigación interna.
Las Fuerzas de Seguridad practican más de 300.000 detenciones al año en España, con protocolos supervisados por los tribunales, según los datos del Ministerio del Interior.
La investigación interna y el veto al gas pimienta
Grande-Marlaska ordenó al director general de la Policía una investigación «inmediata» y «muy específica» para determinar si los agentes cumplieron los protocolos durante los incidentes. La prohibición del gas pimienta —la oleorresina de pimienta, un agente irritante de autodefensa— en los dispositivos de control de manifestaciones fue el punto de mayor fricción.
Los principales sindicatos policiales rechazaron la medida con dureza: «No es modernizar, ni es progresista. Es dejar a los agentes vendidos, indefensos». Sostienen que retirar un medio de contención no reduce el riesgo de incidentes, sino que lo traslada al cuerpo a cuerpo, donde el margen de error es mayor y las lesiones, más probables.
La Policía Nacional aplica instrucciones que ordenan el uso de la fuerza de menor a mayor intensidad y exigen la justificación posterior de cada intervención. Esa escala es la que ahora se revisa: de su conclusión dependerá si hubo exceso en casos concretos o si las imágenes más difundidas corresponden a momentos puntuales de un dispositivo de varias horas.
El respaldo del Ejecutivo y la presión de los socios
El respaldo a Grande-Marlaska dentro del Gobierno es explícito. También lo es la incomodidad por las imágenes. Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha entre 2023 y 2025, apeló a la proporcionalidad como criterio rector de cualquier actuación policial, mientras Elma Saiz, delegada en Navarra entre 2008 y 2012, insistió en que el Ejecutivo «no permanece impasible».
La presión externa llega de los aliados parlamentarios. El diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez afirmó que «si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro», y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, sostuvo que «no puede ser que los policías controlen al ministro y no al revés». En el Gobierno se replica que exigir al ministro conocer «hasta la última comisaría» tampoco sería un criterio razonable.
El ruido político no altera un dato estructural: el Ministerio del Interior dirige a cerca de 155.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, con competencias sobre terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, cibercrimen, extranjería, fronteras y seguridad ciudadana. La cadena de mando es jerárquica, pero la operativa diaria se decide en miles de unidades territoriales.
El contexto institucional
El marco de amenaza en el que se produce esta polémica es exigente. El crimen organizado y la cibercriminalidad concentran el grueso de las investigaciones complejas, que exigen meses de trabajo, cooperación internacional y coordinación con Europol. En ese terreno, la discreción operativa no es opacidad: es condición para no arruinar diligencias en curso.
El dato comparado refuerza la lectura institucional: España mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la Unión Europea, en torno a 0,7 casos por cada 100.000 habitantes, según los registros comparados de Eurostat y del departamento que dirige Grande-Marlaska. Ese resultado es el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales, no de una unidad concreta ni de una orden ministerial aislada.
La proyección inmediata depende de dos frentes. La investigación interna determinará si se abren expedientes disciplinarios y si la instrucción sobre el gas pimienta se consolida como norma permanente en los dispositivos de orden público. En paralelo, los sindicatos policiales han pedido que cualquier revisión de protocolos se haga con su participación técnica, para que la respuesta al próximo dispositivo no dependa de la imagen del día anterior.
