La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura estima el recurso de Glovo y anula el alta de oficio de sus repartidores en la Seguridad Social. El fallo considera desvirtuada la presunción de laboralidad del modelo «Flex» y descarta la aplicación automática de la denominada ley rider.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura estima el recurso de Glovo y anula la resolución de la Dirección Provincial de la TGSS sobre altas y bajas de repartidores.
- ¿Qué base jurídica aplica? La presunción de laboralidad de la disposición adicional vigésima tercera del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 8.1 del mismo texto, examinadas conforme a la doctrina de la Sala Cuarta de 25 de septiembre de 2020.
- ¿Qué impacto tiene? La presunción queda destruida por prueba en contrario en el modelo «Flex»; el fallo no altera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero abre una vía de defensa a las plataformas que acrediten autonomía organizativa.
El origen del litigio y el objeto del recurso contencioso
El procedimiento se dirige contra la resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al alta de los repartidores en el sistema y a sus correspondientes bajas, y contra la resolución administrativa que la confirmó en vía de recurso. La compañía impugnó ambas ante la jurisdicción contencioso-administrativa al entender que el vínculo con los repartidores no reunía las notas del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El núcleo del debate no era la existencia de un contrato de trabajo formal, sino el alcance de la presunción legal introducida por la disposición adicional vigésima tercera del Estatuto de los Trabajadores, que extiende el ámbito del texto refundido a la actividad de reparto mediante plataformas digitales. Esa presunción admite prueba en contrario, y sobre ese margen ha construido la empresa su defensa. El marco normativo puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2021.
El fallo: la autonomía organizativa del modelo «Flex»
La Sala analiza la documentación y los informes incorporados al procedimiento y concluye que el modelo «Flex» presenta características suficientemente distintas para excluir, en este caso, la existencia de relación laboral. El fallo estima el recurso, anula la resolución de la Dirección Provincial de la TGSS y la resolución administrativa confirmada en vía de recurso. La presunción de laboralidad queda desvirtuada. El número de resolución no consta en la información publicada y el texto íntegro no figura por ahora en el buscador del Consejo General del Poder Judicial.
Los indicios que sustentan esa conclusión son cinco: la libertad para aceptar o rechazar pedidos sin penalización, la posibilidad de conectarse y desconectarse de la aplicación sin restricciones, la ausencia de exclusividad, la facultad de subcontratar o designar sustitutos y la inexistencia de un sistema de valoración o control de la actividad con efectos en la asignación de servicios. El tribunal no los valora de forma aislada, sino conjuntamente, como expresión de una organización propia del repartidor.
La Sala aprecia que la libertad de conexión, la ausencia de exclusividad y la facultad de designar sustitutos excluyen las notas de ajenidad y dependencia en el modelo «Flex».
La sentencia subraya que las conclusiones de la Tesorería se apoyan en presunciones que han quedado desvirtuadas por la prueba practicada. El tribunal no invierte la carga de la prueba: constata que la Administración no acreditó la concurrencia de las notas definitorias del artículo 1.1 del Estatuto en el modelo vigente. La prueba en contrario se declara acreditada.
El tribunal examina además la evolución de la jurisprudencia sobre plataformas digitales de reparto y recuerda la doctrina fijada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de septiembre de 2020, que calificó de laboral la relación de los repartidores de Glovo. La Sala precisa que el litigio se circunscribe a determinar si las modificaciones introducidas posteriormente por la empresa alteran los elementos que sustentaron aquella calificación.
La Doctrina del Tribunal
La doctrina que fija la sentencia tiene alcance limitado y no revisa la jurisprudencia del Tribunal Supremo: resuelve un supuesto concreto sobre la base de la prueba practicada. La regla que consolida es que la presunción de la disposición adicional vigésima tercera del Estatuto es una presunción iuris tantum, destruible mediante acreditación de autonomía organizativa real y verificable. No basta la invocación abstracta de la flexibilidad: la empresa debe documentar que las circustancias concurrentes excluyen las notas de ajenidad y dependencia.
La base jurídica se completa con el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y con el artículo 8.1, que presume la existencia de contrato entre quien presta un servicio y quien lo recibe. El tribunal opera por valoración conjunta de indicios, sin alterar el método inductivo de la Sala Cuarta: ajenidad y dependencia se examinan sobre el concreto desenvolvimiento de la actividad, no sobre la calificación que las partes hayan suscrito. La resolución se dicta en función revisora de actos administrativos, lo que desplaza el enjuiciamiento desde la pretensión de reconocimiento de derechos laborales hacia la legalidad del encuadramiento.
El impacto inmediato se limita a las partes del procedimiento, pero la ratio decidendi es trasladable a los expedientes de alta de oficio y a las actas de liquidación que instruya la Tesorería sobre plataformas de reparto. Para los letrados que litigan en esta materia, el eje se desplaza del debate doctrinal sobre la ajenidad a la acreditación documental de la autonomía. La Administración dispone del plazo de treinta días del artículo 89.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para preparar casación ante la Sala Tercera, que exigirá interés casacional objetivo conforme al artículo 88.
Persiste la doctrina de la Sala Cuarta de 2020 para los modelos de reparto que no hayan experimentado modificaciones sustanciales. La diferencia de criterio entre una sala de lo contencioso y la doctrina social previa no constituye contradicción jurisprudencial: responde a objetos procesales distintos y a un material probatorio diferente. Los asuntos pendientes en los juzgados de lo contencioso-administrativo deberán resolverse con la misma exigencia acreditativa.
FICHA DEL CASO
- El caso: Recurso contencioso-administrativo de Glovo contra la resolución de la Dirección Provincial de la TGSS sobre alta y baja de repartidores en la Seguridad Social, confirmada en vía administrativa. Objeto del litigio: existencia de relación laboral en el modelo «Flex».
- Datos importantes: Presunción de laboralidad de la disposición adicional vigésima tercera del Estatuto de los Trabajadores; artículos 1.1 y 8.1 del mismo texto; fallo estimatorio; no consta en la información publicada la existencia de votos particulares.
- Fecha de los juicios: No consta la fecha de la vista ni la de la sentencia en la información disponible; la resolución no figura publicada en el CENDOJ en el momento de cierre de esta información.
- Personas acusadas y por qué: N/A. Procedimiento contencioso-administrativo sin acusados; las partes son la compañía recurrente y la Tesorería General de la Seguridad Social.
