EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado la directiva de inversión minorista (RIS) por 300 votos en contra, 286 a favor y 23 abstenciones, y con ella la directiva ómnibus que la acompañaba.
- ¿Quién está detrás? Una mayoría accidental: socialistas, verdes y La Izquierda por considerar la norma demasiado blanda, la extrema derecha alemana y 34 eurodiputados del PPE que se desmarcaron del voto pactado. La Comisión Europea lamenta el resultado.
- ¿Qué impacto tiene? El principio de valor por dinero y el escrutinio de las retrocesiones caen al limbo. La industria de fondos gana tiempo y la banca de sucursal española respira, aunque Bruselas ya advierte de que reabrirá el texto.
La Eurocámara ha tumbado este jueves la directiva de inversión minorista por 300 votos frente a 286 y 23 abstenciones. El expediente estrella de Bruselas para abaratar el ahorro queda sin fecha.
De 300 a 286: la coalición imposible que hunde el valor por dinero
La norma, bautizada en Bruselas como Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés), pretendía atajar los conflictos de interés en la comercialización de fondos, seguros de ahorro y productos empaquetados. Su pieza central era el principio de value for money (valor por dinero): la obligación de que bancos, aseguradoras y gestoras demostraran que sus comisiones guardan una relación razonable con el servicio prestado y con la rentabilidad obtenida por el cliente.
El texto llegaba al pleno de la Eurocámara después de haber superado varias fases legislativas y tras haber suavizado sus pretensiones iniciales. La Comisión Europea había planteado en 2023 restricciones severas a las retrocesiones (las comisiones que reciben bancos y distribuidores por colocar fondos), pero el borrador final optó por mantenerlas sujetas a mayores exigencias de transparencia. Ni con esas.
Junto a la directiva principal ha caído también la directiva ómnibus que agrupaba modificaciones legislativas conexas, con el mismo marcador: 300 frente a 286. Solo ha sobrevivido una pieza menor, el ajuste del reglamento sobre productos financieros estructurados o empaquetados. El resto del paquete, incluidos los cambios en la documentación precontractual que recibe el inversor y el escrutinio de las recomendaciones difundidas por finfluencers, queda en el limbo.
La Comisión Europea ha lamentado ‘profundamente’ el resultado y lo ha calificado de ‘oportunidad perdida para mejorar de forma significativa la experiencia de los inversores minoristas en toda la UE’. El Ejecutivo comunitario evita pronunciarse sobre la retirada y se limita a señalar que ‘evaluará los posibles próximos pasos’. Traducción: nadie quiere firmar el certificado de defunción de un proyecto que forma parte de la Unión de Mercados de Capitales.
Cuando el rechazo de una norma suma a los que la creían excesiva y a los que la creían insuficiente, el problema no es el texto: es que Bruselas llevaba tres años negociando con el interlocutor equivocado.
El resultado se explica por una geometría parlamentaria que rara vez se ve. El Partido Popular Europeo había pactado el voto afirmativo, según fuentes parlamentarias, pero 34 de sus eurodiputados se desmarcaron. Entre los díscolos destaca Markus Ferber, coordinador del PPE en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que lleva años sosteniendo que la reforma añade burocracia sin proteger mejor al ahorrador. Sus votos se sumaron a los de socialistas, verdes, y La Izquierda, que rechazaban la norma por quedarse corta, y a los de la extrema derecha alemana.
Lo que pierde el ahorrador español y lo que gana la banca de sucursal
El mapa del voto español retrata la paradoja del expediente: los eurodiputados del PP y de Vox votaron a favor de la directiva, mientras que los del PSOE votaron en contra. Unos por considerar que el texto generaba carga regulatoria innecesaria; otros, porque el escrutinio de comisiones les parecía insuficiente. Ambos tenían razón a medias, y el ahorrador se queda sin la norma que iba a obligar a justificar cada punto porcentual de comisión.
El impacto aterriza en un punto muy concreto del sistema financiero español: la distribución. Buena parte de la comercialización de fondos en España se articula a través de las redes de sucursales de los grandes bancos, y las retrocesiones son una fuente de ingresos relevante para esas redes. El dictamen que se ha caído prevenía precisamente los cambios que más inquietaban a la banca minorista europea y, por extensión, a la española.
La industria lo celebró por anticipado. Efama, la patronal europea de la gestión de activos, había pedido por carta pública a los eurodiputados que rechazaran el acuerdo, alegando nuevas cargas regulatorias, mayor complejidad operativa y pérdida de competitividad frente a los fondos indexados y los ETF. En España, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, sostiene que ‘muchos de los conceptos introducidos por Bruselas son excesivos, y buscan intervenir en una industria que ya es extraordinariamente transparente y eficiente’.
La lectura menos amable es otra. Las gestoras y las redes de distribución ganan tiempo en el debate que llevan esquivando desde hace más de tres años: cómo justificar que un fondo de gestión activa con comisiones altas ofrece algo que un índice replicado a coste mínimo no ofrece. La comparación sistemática entre productos con estrategias y riesgos distintos era el mecanismo que, según reconocía el propio sector, podía acelerar una convergencia a la baja de las comisiones.
El punto débil del argumento industrial también es real: comparar un fondo de renta variable emergente con un monetario a un año no es técnicamente sencillo, y Bruselas nunca llegó a definir los grupos de productos homogéneos. Esa complejidad se la dejaba a las normas técnicas que debían redactar la Comisión y las autoridades supervisoras, hoy en el limbo.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos es un pulso interno que trasciende las comisiones. Alemania ha actuado como ariete del no: Ferber, la extrema derecha y la potente industria germánica de fondos empujaron en la misma dirección desde flancos opuestos. Francia, con una gestión activa de gran tamaño y un supervisor exigente, mantenía una posición más tibia, consciente de que el texto final ya no amenazaba de muerte al modelo de retrocesiones. Y los países con industria de fondos transnacional como Luxemburgo o Irlanda respiraban con cada enmienda suavizadora, porque su negocio depende de la comparabilidad y del coste.
En el sur, España e Italia comparten estructura: banca universal, redes densas de sucursales y un ahorrador que compra fondos en la oficina de siempre. Para Moncloa, el rechazo alivia a corto plazo a un sector financiero que aporta una parte relevante del PIB y del empleo cualificado. Pero la CNMV queda con un mapa supervisor incompleto: sin criterios europeos de valor por dinero, la comparación de costes se hará país a país, y esa fragmentación siempre la pagan los productos transfronterizos y el inversor con menos información.
El precedente es MIFID II. En 2018, la UE ya libró la batalla de las retrocesiones y la cerró permitiéndolas bajo condiciones de transparencia; el resultado, ocho años después, es que el coste medio de los fondos vendidos en Europa sigue por encima del de los productos indexados que se comercializan en Estados Unidos. Cada intento de Bruselas de meter la lupa en el precio ha terminado igual: con retraso, con texto aguado y con la industria celebrando un triunfo que es, en realidad, un aplazamiento.
La lectura estratégica es que la Unión de Mercados de Capitales es más frágil de lo que parece. El objetivo declarado —mover el ahorro de las familias desde los depósitos hacia los mercados— exige precisamente confianza en el precio, y cada bloqueo la erosiona un poco más. Sin norma europea, el riesgo no es que no haya reglas: es que haya veintisiete versiones de las mismas.
El expediente no está retirado. Sara Gutiérrez, socia cofundadora de finReg360, advierte de que el rechazo implicará un retraso de todo el calendario y desembocará en un texto final con menos obligaciones para las entidades. La pelota vuelve ahora a la Comisión Europea, que debe decidir entre renegociar, retirar formalmente la propuesta o esperar al nuevo ciclo. La próxima ventana crítica es la sesión plenaria de Estrasburgo prevista para diciembre, cuando la Eurocámara vuelva a mirar el calendario legislativo que se le ha quedado cojo.
