El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abrió el 12 de noviembre la información pública del real decreto de universidades que anuló el Tribunal Supremo. El plazo para presentar aportaciones estará abierto hasta el 2 de diciembre de 2026, según el anuncio difundido por el departamento que dirige Diana Morant.
La norma sometida ahora a consulta es el real decreto de modificación de la normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El texto recupera los mismos requisitos que contenía la norma anulada, de acuerdo con la documentación del propio Ministerio. La medida busca, en palabras del departamento, endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España.
Qué anuló el Supremo y por qué se tramita de nuevo
La norma regula el procedimiento por el que se crean, se reconocen y se autorizan universidades y centros universitarios, esto es, las condiciones que debe cumplir un proyecto para recibir el visto bueno de la Administración. Su modificación quedó sin efecto por una sentencia del Alto Tribunal.
El Supremo anuló el texto anterior al considerar que el acuerdo de tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no estuvo «debidamente justificado». La resolución concluyó que «la omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido».
El Ejecutivo justifica la revisión en la existencia de «un riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española».
Con la anulación, la regulación de referencia en en la materia sigue siendo el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sobre ese texto se construye ahora la nueva modificación, llamada a reemplazar la que decayó por la vía procesal.
El plazo de alegaciones coincide con la campaña del 29N: tres semanas en las que el decreto y las elecciones avanzarán en paralelo.
El calendario: consulta previa en octubre y alegaciones hasta el 2 de diciembre
El texto que ahora se tramita mantiene el mismo contenido que el Supremo dejó sin efecto. Lo que cambia es el procedimiento: consulta previa primero, información pública después.
El Ministerio ya abrió entre el 15 y el 30 de octubre una consulta pública previa con los mismos requisitos, destinada a recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de redactar el proyecto. Es precisamente el trámite cuya ausencia motivó la anulación. Ahora se abre la información pública (el periodo en el que el borrador de una norma se expone para que cualquier persona o entidad presente alegaciones).
El departamento comunicó la apertura a través de su cuenta en X, con un mensaje en el que invitaba a los interesados a presentar aportaciones y a consultar la documentación. El proceso estará abierto hasta el 2 de diciembre de 2026, según ese mismo anuncio.
El plazo es de tres semanas.
La campaña del 29N y el camino hasta el Consejo de Ministros
El trámite administrativo arrancó un día antes del inicio de la campaña electoral del 29N, que comienza hoy. A partir de ahora, el calendario del decreto y el de la campaña avanzarán en paralelo durante las próximas semanas.
Cumplido el plazo, el departamento analizará las alegaciones recibidas para cerrar la redacción definitiva. Después, el texto deberá pasar por el Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Gobierno que aprueba decretos y proyectos de ley) antes de su publicación en el BOE.
La sentencia no entró en el contenido de la norma, solo en la forma de aprobarla.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Ciencia abre hasta el 2 de diciembre la información pública del real decreto de universidades anulado por el Supremo.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, y el Tribunal Supremo, que anuló la norma previa.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Cerrado el plazo de alegaciones el 2 de diciembre, el texto deberá volver al Consejo de Ministros antes de su publicación.
