El Puerto de Huelva y las dársenas de Cádiz, Algeciras y Sevilla alertan de pérdidas de hasta 50 millones de euros si expira el acuerdo pesquero con Mauritania. El protocolo vence este sábado, 14 de noviembre, y la negociación con Bruselas sigue bloqueada.
La cifra no procede de un cálculo de despacho. La sostienen las cuatro autoridades portuarias andaluzas y el sector extractivo después de meses de contactos sin avance, y mide solo el primer impacto: lo que dejarían de mover los barcos y las empresas encadenadas a ellos. La horquilla reconocida va de los 40 a los 50 millones.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los puertos de Huelva, la Bahía de Cádiz, la Bahía de Algeciras y Sevilla reclaman a la Unión Europea renovar el acuerdo pesquero con Mauritania o habilitar una fórmula transitoria antes del sábado.
- ¿Dónde y quién? Reunión el jueves con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y representantes del sector extractivo.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? 25 de los 60 buques europeos autorizados son andaluces; una parada afecta a descarga, transformación, distribución, logística e industria auxiliar.
Un bloqueo negociador con 25 buques andaluces en el aire
Los representantes de las cuatro autoridades portuarias se sentaron el jueves con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y con voces del sector extractivo. Sobre la mesa, una pregunta incómoda: qué ocurre el lunes si nadie firma el sábado.
El protocolo que ahora caduca se aplica desde noviembre de 2021 y permite faenar en aguas mauritanas a embarcaciones de diez Estados miembros de la Unión Europea, España entre ellas. En Andalucía toca a 25 de los 60 buques europeos autorizados. Traducido a la vida real: cuatro de cada diez barcos comunitarios del caladero son andaluces.
Detrás de la alerta hay un bloqueo que viene de lejos. Las conversaciones se han sucedido durante meses sin que haya cristalizado un marco nuevo, según trasladan las propias autoridades portuarias. De ahí que reclamen dos salidas, no excluyentes: cerrar el acuerdo o, al menos, articular un mecanismo transitorio que mantenga la actividad mientras Bruselas y Nuakchot siguen negociando.
Andalucía aporta 25 de los 60 buques europeos que faenan en Mauritania: lo que se decide en Bruselas se descarga en Huelva, Cádiz, Algeciras y Sevilla.
De la lonja al camión: el efecto dominó que llega a tierra
La factura no se queda en el muelle. Los puertos advierten de que una paralización arrastra toda la cadena vinculada a la pesca: descarga, comercialización de las capturas, transformación, distribución y transporte. A eso se suman los servicios portuarios, las empresas logísticas y la industria auxiliar, que trabajan al ritmo de esas descargas.
Por eso el golpe se mide en empresas y en nóminas, no solo en capturas. En el litoral andaluz, la pesca de altura sostiene empleo en municipios donde la alternativa laboral escasea: Isla Cristina y Punta Umbría en la costa onubense, Barbate y el entorno de la Bahía de Cádiz, o la Bahía de Algeciras, que ejerce además de plataforma logística del Estrecho.
Las cuatro dársenas comparten con Huelva una preocupación común: el mantenimiento del tejido empresarial ligado a la actividad marítima, el transporte y la logística. Su argumento va más allá de la pesca. Defienden que la cooperación con Mauritania es también una herramienta de relación económica y comercial entre Europa y África, con retorno para los sectores productivos de las dos orillas.
Los puertos andaluces, integrados en la red de Puertos del Estado, se reivindican como plataformas estratégicas de conexión con el continente africano y sostienen que la estabilidad de los acuerdos pesqueros contribuye a mantener esos intercambios. La petición conjunta llega con apenas dos días de margen y sin solución sobre la mesa, según la información facilitada por las autoridades portuarias.
De ahí el respaldo explícito a las reivindicaciones del sector y la petición a las instituciones europeas de que agoten todas las vías de negociación. Si no hay acuerdo antes del sábado, la alternativa que ponen encima de la mesa pasa por habilitar una fórmula provisional que evite la parada de los 25 barcos andaluces y el reguero laboral que el sector anticipa.
La Lectura Andaluza
Andalucía no es un actor secundario en este pulso. De los 60 buques europeos autorizados en aguas mauritanas, 25 responden a intereses andaluces: el 42% de la flota comunitaria del caladero. Esa proporción explica por qué la voz de Huelva, Cádiz, Algeciras y Sevilla pesa cuando se sienta en Bruselas y por qué la Junta de Andalucía ha acompañado al sector desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que convocó la reunión del jueves para ordenar la respuesta institucional ante un plazo que se agota.
Para el lector de a pie, la traducción es doméstica. En municipios como Isla Cristina, Punta Umbría o Barbate, la pesca no es un sector más: ordena el calendario laboral, la caja del comercio y la vida del puerto. Una parada de semanas se nota en la lonja, en el taller, en la empresa de transporte y en la nómina de quien prepara los aparejos. Y cuando la flota se queda quieta, el hueco lo cubren las importaciones, con lo que eso supone para el precio final del pescado.
El calendario no da tregua. El protocolo expira este sábado, 14 de noviembre, y sin renovación ni mecanismo transitorio los buques se quedarían sin autorización para operar en el caladero. Las miradas se dirigen a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que canaliza la posición española. Los puertos ya han dicho lo que piensan. Ahora toca que alguien firme: 25 barcos no son una estadística, son 25 tripulaciones que el lunes esperan respuesta.
