Marlaska ordena investigaciones específicas por las cargas policiales del 11-N y veta el gas lacrimógeno en las manifestaciones.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio del Interior ha ordenado «investigaciones específicas» sobre la actuación policial del 11-N y ha prohibido el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.
- ¿Quién está detrás? El ministro Fernando Grande-Marlaska, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y el titular de la Presidencia, Félix Bolaños.
- ¿Qué impacto tiene? Hasta las 23.00 horas del miércoles se registraron 1.144 incidencias y 47 detenciones en España, una en A Coruña; Podemos y Frente Amplio reclaman el cese del ministro.
Una orden interna, 1.144 incidencias y un detenido en A Coruña
La instrucción la trasladó el titular de Interior al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, según fuentes del departamento. Esas mismas fuentes subrayan que las pesquisas se harán «con independencia de la propia inspección interna» a la que el cuerpo somete todas sus actuaciones. No es un trámite menor: el ministerio quiere revisar caso por caso lo ocurrido durante la huelga general.
El balance oficial, cerrado a las 23.00 horas del miércoles 11, habla de 1.144 incidencias y 47 detenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El reparto sitúa 20 en Madrid, 6 en Valencia, 4 en Málaga, 4 en Almería, 3 en Granada, 3 en Castellón, 2 en Zamora y una en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante, y A Coruña. Interior advierte de que las cifras son provisionales y no incluyen los datos de Cataluña ni del País Vasco.
El segundo movimiento es de doctrina. Marlaska ha ordenado que, en lo sucesivo, no se emplee gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. El veto cambia el material y también el relato: la próxima protesta se gestionará con otras herramientas y con otro margen de justificación pública. La orden no detalla excepciones, y esa ausencia es, por ahora, su punto débil.
Bolaños descarta el cese y deja la proporcionalidad en manos de los mandos
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, descartó el jueves en RNE el cese de Marlaska: su cargo no está en cuestión «en absoluto», dijo, después de que Podemos y Frente Amplio lo reclamaran. Admitió que hubo imágenes de actuaciones policiales que no le habían «gustado» y trasladó la pelota a la cadena de mando: serán los mandos, sostuvo, los «responsables» de determinar «si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza».
La otra mitad del mensaje fue política. El titular de la Presidencia subrayó que la «nota predominante» de la jornada fueron las «manifestaciones pacíficas y cívicas», con «docenas de miles de personas» en la calle en defensa del derecho a la vivienda y de un salario que permita «más calidad de vida». El Gobierno reivindica la protesta y se desmarca de la respuesta policial sin asumir la responsabilidad política de esa respuesta.
Una orden interna corrige un protocolo, pero no responde a la pregunta que planea sobre el 11-N: quién asume la responsabilidad política de las cargas.
En Galicia el episodio se traduce en dos datos y una institución. Una de las 47 detenciones se practicó en A Coruña, la única que el recuento del ministerio sitúa en la comunidad. La institución es la Delegación del Gobierno en Galicia, la oficina estatal que coordina a los cuerpos dependientes de Interior. A eso se suma la Policía Autonómica de Galicia, el cuerpo propio de la Xunta, que no tiene encomendado el control de masas: las cargas del 11-N fueron de la Policía Nacional.
El Laboratorio Gallego
El ecosistema político gallego afronta el asunto con sus propias mayorías. El PPdeG (el Partido Popular de Galicia) gobierna la Xunta de Galicia (el ejecutivo autonómico) con mayoría absoluta desde 2009, y Alfonso Rueda ocupa la presidencia.
El BNG (el Bloque Nacionalista Galego) es hoy la primera fuerza de la oposición, con Ana Pontón como referencia, y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) queda como tercera fuerza en el Parlamento de Galicia, con 75 diputados. Ninguna de esas mayorías depende de lo que ocurra en la calle, pero el episodio condiciona el tono de cada partido.
La lectura nacional tiene un nombre propio. El PP lo dirige Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta entre 2009 y 2022, y el episodio le obliga a moverse en un terreno delicado: criticar la gestión del ministerio sin desautorizar a los mandos policiales. En el otro flanco, la coalición de Gobierno convive con la exigencia de cese de Podemos y Frente Amplio y responde con el argumento de Bolaños: la responsabilidad se dirime en la cadena de mando.
Queda una incógnita con fecha abierta. Los mandos deben concretar si hubo uso desproporcionado de la fuerza, Interior tiene que explicar cómo sustituye el gas lacrimógeno y el asunto puede acabar en el Congreso. En Galicia, mientras tanto, la cuenta es modesta: una detención en A Coruña y ninguna en Lugo, Ourense y Pontevedra.
Ficha del Caso
- El caso: El Ministerio del Interior revisa la actuación policial del 11-N y prohíbe el gas lacrimógeno mientras el Gobierno cierra la puerta a la dimisión de Marlaska.
- Datos importantes: 1.144 incidencias y 47 detenciones hasta las 23.00 horas del miércoles; 20 en Madrid y una en A Coruña. Las cifras no incluyen Cataluña ni País Vasco.
- Resumen: Interior separa la responsabilidad política, que Bolaños niega, de la operativa, que queda en manos de los mandos. En Galicia el rastro se reduce a una detención en A Coruña.
