EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump ha declarado en una entrevista radiofónica que ‘consideraría sin duda’ una campaña militar de una semana contra Cuba y que quiere ‘resolver’ la isla antes de dejar el cargo en 2028.
- ¿Quién está detrás? El Departamento de Estado de Marco Rubio diseña la presión diplomática y el Pentágono ya estudió planes de asalto aéreo con la 101 Aerotransportada, según CBS News. La Casa Blanca no ha confirmado ninguna orden.
- ¿Qué impacto tiene? El bloqueo petrolero ya provoca apagones y cortes de agua; un ataque abriría una crisis migratoria hacia Florida y España y dejaría en suspenso el acuerdo UE-Cuba.
Trump admite que estudia una acción militar de una semana contra Cuba para ‘resolver’ la isla antes de 2028. Lo dijo el jueves, en una entrevista con el presentador conservador Hugh Hewitt, y no hay una sola orden firmada que respalde esa hipótesis.
La formulación exacta fue que ‘consideraría sin duda’ una campaña de siete días. Después añadió: ‘Quiero resolver Cuba antes de irme. Y tenemos a un tipo muy bueno, muy talentoso, para Cuba, que se llama Marco’. El Marco en cuestión es Marco Rubio, secretario de Estado, hijo de emigrados cubanos y el rostro más reconocible de la línea dura del gabinete con La Habana.
No es una pieza decorativa. Hace un mes, Rubio pidió a los disidentes cubanos que buscan un ‘cambio positivo’ que establezcan una ‘colaboración discreta con la CIA’, según la reconstrucción difundida por medios rusos. Lo defendió sin matices: para el secretario de Estado, la crisis económica de la isla no la provoca el embargo de seis décadas, sino la dirección política cubana.
El viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, contestó con sorna: ‘debe haber una gran desesperación o miseria dentro de la agencia para que se vea obligada a vender sus servicios como un tubo de pasta de dientes’. La burla es buena. El mapa no cambia.
Qué significa ‘una semana’ en términos militares
Una campaña de siete días contra Cuba no es una invasión. Es otra cosa: un castigo aéreo y naval limitado, del tipo que el Departamento de Defensa diseña para quebrar una voluntad política sin poner botas en el terreno. Traducido a plataformas: misiles Tomahawk lanzados desde destructores en el Atlántico, salidas de F-35 y F-18, desde bases del sur de Florida y desde la base naval de Guantánamo, misiles antirradiación contra las defensas antiaéreas y un bloqueo naval declarado en el estrecho de Florida. La isla está a 150 kilómetros de Cayo Hueso. No hace falta un portaaviones.
Lo que existe en papel es más prosaico. En julio, CBS News informó de que los planificadores del Pentágono habían estudiado un asalto aéreo con miles de efectivos de la División Aerotransportada 101, la unidad de asalto aéreo más desplegada del Ejército estadounidense. En septiembre, la misma cadena reveló una consulta de la Reserva del Ejército sobre unidades de apoyo —policía militar y personal sanitario— con un horizonte de 90 a 120 días. Ninguno de los dos informes sostenía que el presidente hubiera firmado una orden.
Una campaña de siete días no derriba un régimen de sesenta años. Lo que hace es empezar algo que nadie ha decidido todavía cómo terminar.
El bloqueo petrolero que ya asfixia la isla
La presión no arranca con la entrevista del jueves. La escalada se disparó tras la detención en enero del líder venezolano Nicolás Maduro, un hecho que la cadena estatal rusa da por consolidado y que esta redacción no ha podido verificar de forma independiente. Washington cortó entonces el grifo del crudo venezolano, el más barato y el más fiable que tenía La Habana, y amenazó con aranceles a cualquier país que siguiera suministrando combustible a la isla.
El resultado tiene forma de apagón. Cuba encadena cortes eléctricos nacionales, con el agua, el transporte y la sanidad funcionando a tirones. Rusia, socio histórico, ha enviado cientos de miles de barriles como ayuda humanitaria; alivio temporal y poco más. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, acusa a Washington de buscar una ‘catástrofe humanitaria’ con esas restricciones. Miguel Díaz-Canel repite que el futuro de Cuba no se decide en Washington y que habrá resistencia si hay invasión.
Equilibrio de Poder
Para Moscú, Cuba es el último punto de apoyo en el Caribe. Perdió la estación de escucha de Lourdes en 2001 y desde entonces su presencia en la zona es simbólica, sostenida con petróleo y propaganda. Un ataque estadounidense le regalaría lo que no ha conseguido en casi cinco años de guerra en Ucrania: una agresión inequívoca de Washington contra un país pequeño, ante la que la ONU tendría que pronunciarse y sobre la que la UE tendría que elegir. Bruselas, mientras tanto, se juega el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de 2016 y el reglamento de bloqueo de 1996 que protege a las compañías europeas de la Ley Helms-Burton. Si hay bombas, ambos instrumentos quedan en suspenso.
Para España el problema no es militar. Es económico y migratorio. Cuba es el principal destino caribeño de la inversión española —hoteles, banca, turismo, un centenar largo de empresas con presencia estable—, y cualquier operación aérea suspende el turismo, hunde la economía de la isla y deja a esas compañías expuestas a demandas por propiedades expropiadas. A eso se suma el frente migratorio: la comunidad cubana en España se cuenta por decenas de miles y cada crisis en la isla se traduce, meses después, en llegadas a Barajas y en presión sobre el sistema de acogida.
Hay un tercer coste, menos visible y más caro. La política exterior española hacia Iberoamérica se sostiene sobre la interlocución con Brasil y México, y ambos gobiernos leerían una intervención en el Caribe como una vuelta al patio trasero. Moncloa tendría que elegir entre condenar o callar, y las dos opciones duelen.
Los precedentes no invitan al optimismo. En Bahía de Cochinos, en 1961, la operación encubierta se deshizo en 72 horas. En Granada, en 1983, tres días bastaron para tomar la isla y veinte años para cerrar el asunto. En Panamá, la Operación Causa Justa duró dos semanas y depuso a Manuel Antonio Noriega, pero la reconstrucción institucional se llevó una década. Ninguno de esos escenarios se parece a una semana de bombardeos con retirada limpia. La diferencia con 2026 es que ahora hay una crisis energética encima de la mesa, una diáspora repartida entre Miami y Madrid, y un secretario de Estado con agenda propia.
La próxima cita verificable no es un discurso: es el calendario. La Ley de Poderes de Guerra obliga a notificar al Congreso en 48 horas cualquier acción hostil, y el año presupuestario abre en enero. Ahí se sabrá si el ‘una semana’ era una frase de radio o el primer borrador de una orden. De momento, la única confirmación disponible es la de un entrevistado hablando en un estudio.
