Junts convierte el concierto económico para Catalunya en el eje del 29N y promete salir de la Lofca. Míriam Nogueras y Antoni Castellà abrieron este viernes la campaña de las generales en la sede del partido con un eslogan que piensan repetir hasta el día de la votación: ‘El dinero de los catalanes, en Catalunya’.
La propuesta no es nueva. Lo nuevo es el marco: la formación posconvergente ya no habla de mejorar la financiación, sino de quedar fuera del régimen común. Exigirán que Catalunya se sitúe al margen de la Lofca para ‘recaudar, gestionar y decidir’ sobre sus tributos, con un modelo calcado al concierto económico vasco y al convenio navarro. Con una condición que lo cambia todo: solo lo pondrán encima de la mesa si el 29N les deja capacidad real de influir en Madrid.
Cuánto dinero hay en juego, según sus propias cifras
Nogueras tiró de comparación para justificar la demanda: ‘Si los vascos pueden recaudar, gestionar y decidir, ¿por qué los catalanes no podemos gestionar, recaudar y decidir sobre nuestro dinero?’. Y añadió la frase que la formación piensa repetir en los mítines: ‘La solidaridad, si es impuesta, no es solidaridad, es expolio’.
Los números que maneja Junts son dos. El portavoz económico en el Parlament y vicepresidente del partido, Antoni Castellà, cifró en 22.000 millones de euros anuales el dinero que sale de Catalunya vía impuestos y no vuelve: el equivalente a unos 2.750 euros por habitante y año. Nogueras puso cifra al agujero de los servicios públicos: 4.000 millones en sanidad y 7.000 millones en educación. ‘La situación de la Generalitat con los servicios públicos es insostenible’, resumió.
El doble rasero que Junts atribuye al PSC
El reproche más duro fue para los socialistas catalanes. Nogueras afeó al PSC que sus socios vascos defiendan el concierto en el Congreso y voten a favor, mientras que en el Parlament los socialistas catalanes votan en contra junto a PP y Vox. ‘En el viaje a Madrid hay algo que se pierde’, remachó Castellà.
Para ERC también hubo recado. Junts les reprocha haber rebajado sus planteamientos en las negociaciones con el PSOE, aunque los republicanos han apoyado el concierto en todas las votaciones del Parlament. La tesis de los posconvergentes es simple: quien negocia con el PSOE acaba firmando menos de lo que prometió, y esa brecha es la que ahora intentan rentabilizar en campaña.
El concierto ya no es una reivindicación histórica: es el precio que Junts pone a su hipotética gobernabilidad.
Por qué este pulso no se decide en Madrid
Conviene recordar un precedente incómodo para propios y extraños. El pacto de investidura entre PSC y ERC de 2024 ya incluyó una financiación singular para Catalunya, con la Generalitat asumiendo la recaudación de los tributos y una cuota de solidaridad con el resto del Estado. Aquel diseño debía aterrizar en la comisión bilateral y en los Presupuestos Generales; dos años después, el desarrollo sigue pendiente y la Lofca no se ha tocado. Junts no compite contra el PSOE en este asunto: compite contra ERC por el mismo electorado, y lo hace señalando que la letra pequeña del acuerdo se quedó en el cajón.
Hay un segundo problema, este de derecho constitucional. El concierto vasco y el convenio navarro se sostienen sobre la disposición adicional primera de la Constitución. Extenderlo a Catalunya no se resuelve con una enmienda a la Lofca: exige una ley orgánica y abre una discusión sobre la estructura del Estado que ningún Gobierno ha querido afrontar con un calendario encima de la mesa.
Lo que observamos es un movimiento de campaña con fecha de caducidad. Si el 29 de noviembre deja a Junts sin llave parlamentaria, el concierto durará lo que dure el eslogan. Si se la deja, la factura llegará en forma de investidura. Y ahí aparece el punto que la formación no ha explicado: cómo se sostiene la caja catalana si los tributos se quedan en casa pero el Estado deja de transferir lo que hoy paga los servicios. Nadie ha detallado ese periodo de transición, que en la práctica exigiría una negociación de años.
La clave territorial tampoco es menor. El discurso del concierto funciona en el cinturón industrial y en las comarcas, donde la presión fiscal se mide en la nómina de fin de mes, pero encaja peor en el electorado metropolitano que prioriza servicios públicos por encima de la caja. Castellà lo intentó resolver con una frase: exigir el concierto ‘no es una propuesta política’, sino ‘un deber ético con los ciudadanos de Catalunya que pagan impuestos y no reciben servicios’ acordes a lo que tributan.
En el PSOE, de momento, nadie ha movido ficha en público. El Gobierno central no ha cerrado la puerta a explorar figuras de financiación singular, pero Hacienda repite cada vez que se le pregunta que el marco es la Lofca y que cualquier reforma necesita mayoría en el Congreso. Con la aritmética actual, esa mayoría no existe sin los de Nogueras. Y ese es, exactamente, el argumento que la candidata piensa llevar a cada mitin hasta el 29N.
