Consumo ha identificado 4.443 pisos turísticos ilegales en Madrid y reclama al Ayuntamiento que actúe para bloquearlos también fuera de España.
La carta sale del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la firma Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego. El destinatario es el Consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida, y el encargo tiene una vía jurídica concreta: que el Ayuntamiento pida a la plataforma el bloqueo de esos anuncios en el extranjero con el Reglamento europeo de servicios digitales en la mano.
Qué hay dentro de los 4.443 anuncios que Consumo pone sobre la mesa
No es un resumen ni una estimación. Consumo traslada al Ayuntamiento el identificador único de cada anuncio, su dirección web, la fecha de comprobación en hora universal coordinada y la reserva mínima que ofrece cada alojamiento, con valores de entre 1 y 30 noches. 4.443 registros uno a uno, cruzables con la ordenanza municipal.
El hilo arranca el 22 de octubre. Ese día el ministerio comunicó a una de las dos grandes plataformas la existencia de esos 4.443 anuncios ilícitos en la capital y la plataforma los retiró de la vista española. Tres semanas después, la mayoría de estos anuncios se mantiene accesible desde cualquier conexión con dirección IP no española.
El motivo del bloqueo es una argucia con el número de registro. Los anuncios exhiben una numeración ya extinta, la que se expidió para arrendar alojamientos de temporada al amparo del Real Decreto 1312/2024, y la combinan con una oferta que no es de temporada: se venden como vivienda completa aunque el número corresponde a la modalidad habitacional, y admiten reservas de menos de 31 días, el tope legal de ese contrato.
Un registro caducado y una reserva de dos noches bastan para operar al margen del control municipal sin que nadie pregunte.
El recuento global es mayor. Entre las dos grandes plataformas, Consumo ha detectado 8.352 anuncios ilícitos en España: 7.199 en una y 1.153 en la otra. Un total de 7.227 se publicitan sin número de registro y 1.125 con una identificación falsa, casi siempre numeraciones extinguidas que remiten a arrendamientos habitacionales.
Por qué el bloqueo en España no frena una reserva desde Alemania
La plataforma cumple cuando la ley española aprieta, pero su infraestructura es global. El reglamento europeo habilita a las administraciones a reclamar la retirada de contenido ilícito sin limitarse al territorio nacional, y ahí es donde entra el Ayuntamiento: es quien tiene la competencia sobre las viviendas de uso turístico en la ciudad.
Consumo no sanciona. Informa, requiere a la plataforma y, cuando la publicidad persiste fuera, señala al consistorio. El ministerio recuerda en la misiva que este tipo de anuncios contraviene la normativa municipal de viviendas de uso turístico y que el Ayuntamiento solo necesita comunicarse con la plataforma para pedir el bloqueo exterior. El organigrama completo del departamento puede consultarse en la web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Madrid lleva siete años buscando el censo que ahora le llega por carta
Siete años después del Plan Reside, la ciudad sigue sin una cifra municipal pacífica sobre cuántas viviendas de uso turístico operan en la capital. Los datos llegan por otras vías: plataformas, ministerios, portales de reserva. El Ayuntamiento tiene ahora en el correo lo que ninguna estadística propia le había dado, un listado de 4.443 direcciones web con fecha de comprobación y prueba documental de la irregularidad.
La comparación con Barcelona no deja bien parada a Madrid. La capital catalana ha fijado la retirada progresiva de sus licencias turísticas con el horizonte de 2028 y ha convertido el asunto en política de vivienda de primer orden. Madrid, en cambio, ha ido regulando a golpe de ordenanza y de sentencia, sin un censo cerrado y con un parque turístico repartido fuera del centro, en distritos donde el precio del alquiler residencial ha subido con más fuerza en los últimos años.
El riesgo evidente es que la carta se quede en un cruce de competencias. Consumo no puede sancionar en suelo municipal; el Ayuntamiento sostiene que la persecución del fraude digital no es su especialidad. Y en medio, un mercado que se mueve a golpe de clic. Nadie discute ya el diagnóstico: sobran anuncios irregulares y falta capacidad de verificación. Lo que se dirime es quién paga la inspección y con qué herramientas cuenta para hacerla.
Al cierre de esta información, el Consistorio no había anunciado calendario ni respuesta. Tampoco hay plazo en la misiva. Mientras ambas cosas no lleguen, los 4.443 enlaces seguirán funcionando para cualquiera que prepare un viaje a Madrid desde fuera de España, que es exactamente el agujero que la carta pretende tapar.
