Felipe VI preside la jura de la Constitución de los nuevos colegiados del Colegio de la Abogacía de Madrid. La ceremonia, de alto valor simbólico, sella el paso de los letrados recién licenciados a la profesión y sitúa a la Corona en el terreno de las instituciones que sostienen el Estado de Derecho.
La cita figura en la agenda oficial de la Casa del Rey y tiene un formato que se repite cada año sin apenas variaciones. Los nuevos colegiados comparecen acompañados de sus padrinos y, ante la corporación, juran o prometen acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La fórmula admite dos versiones —jura o promesa— y cada letrado elige la suya. Es el último escalón formal antes de ejercer.
El acto reúne a la Junta de Gobierno del Colegio y a representantes de distintas instituciones judiciales y de la sociedad civil. Detrás del protocolo hay una institución con peso propio: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid se fundó en 1596 y agrupa hoy a 74.500 abogados y abogadas, lo que lo sitúa entre las corporaciones profesionales más numerosas de España. Su misión estatutaria —defender los intereses de sus colegiados y de los ciudadanos a los que sirven— explica por qué el Jefe del Estado acude.
El juramento, sin embargo, no se agota en la fórmula leída. Los nuevos letrados asumen las obligaciones que comporta la abogacía al servicio de la sociedad y en defensa de los derechos humanos, con respeto a las normas deontológicas de la profesión. Se trata de un compromiso de principios que se adquiere en público y frente a los compañeros de oficio.
Ese compromiso tiene una traducción práctica que rara vez aparece en los titulares: el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido y los servicios de orientación jurídica. Son prestaciones que el Colegio sostiene como actividad de servicio público y que, en la práctica, garantizan el acceso a la tutela judicial de quienes no pueden costearse un abogado.
Un juramento colegial y un juramento constitucional comparten la misma lógica: el poder se ejerce dentro de un marco que nadie, tampoco quien lo aplica, puede ignorar.
La lectura institucional: por qué el Rey arropa a la abogacía
El calendario de la Corona alterna actos militares, diplomáticos, culturales y profesionales. Los últimos son los menos espectaculares y, quizá por eso, los más reveladores. La presencia del Rey en un colegio profesional no comporta contenido político alguno, no genera declaraciones de gobierno ni admite lecturas partidistas. Aporta amparo institucional. Y ahí está su valor.
La relación entre Felipe VI y la Constitución tiene además un recorrido personal documentado. El entonces Príncipe de Asturias prestó juramento de fidelidad a la Carta Magna ante las Cortes al cumplir la mayoría de edad, y en 2014 asumió la Jefatura del Estado bajo el mismo texto que hoy preside jurar a los nuevos abogados. La escena se repite con otro protagonismo, pero con el mismo eje.
Hay un detalle de protocolo que conviene subrayar: el Rey no jura con ellos, preside. La distinción es relevante en un acto donde el protagonista no es la Corona, sino los 74.500 colegiados representados por quienes ese día acceden a la profesión. La institución monárquica actúa como testigo cualificado del compromiso ajeno, no como parte.
Un acto de bajo voltaje político y alto valor simbólico
Conviene no confundir sobriedad con irrelevancia. La jura de la Constitución de los nuevos colegiados es una pieza más de la estrategia de Zarzuela por ocupar el espacio de la sociedad civil en un momento en que el debate público tiende a concentrarse en la confrontación política. Ahí, la Corona juega con ventaja: ninguna formación puede reclamar como propia una ceremonia en la que el único mensaje es el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
El riesgo existe y es conocido. Un juramento que se repite cada año ante miles de personas corre el peligro de banalizarse si la profesión no sostiene con hechos la solemnidad del gesto. La credibilidad de la abogacía depende de la calidad de su asistencia jurídica gratuita, de la suficiencia de los recursos del turno de oficio y de la formación continua de sus colegiados. Sin eso, la ceremonia se queda en liturgia. Con eso, se convierte en aval.
Hay también un componente generacional que la institución no puede ignorar. Buena parte de quienes juran acaba de terminar el grado o el máster de acceso y llega al Colegio con una relación distinta con las instituciones: más exigente, menos reverencial. Que el primer acto de su vida profesional sea un compromiso público con la Constitución no es un detalle menor. Es la primera lección de un oficio que se define, precisamente, por encuadrar los conflictos dentro de las reglas.
La Corona cierra así una cita de perfil bajo y recorrido largo. Mi lectura es que este tipo de actos explican mejor el reinado que los grandes discursos: la institución se sostiene en la acumulación de presencias discretas, no en los titulares. Lo veremos de nuevo en el próximo acto civil que la agenda oficial confirme.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: la Corona escenifica su vínculo con el Estado de Derecho en una ceremonia civil que reúne a la abogacía madrileña, una de las corporaciones profesionales más numerosas de España.
- El detalle de protocolo: el Rey preside, pero no jura; los padrinos acompañan a cada nuevo colegiado y la fórmula admite jura o promesa según la elección del letrado.
- Próximos pasos: la Casa del Rey no ha detallado aún en su agenda pública el siguiente acto civil del Monarca; el calendario institucional se irá confirmando en las próximas semanas.
