EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Dos Mil Palabras SL —editora de OkDiario—, su director Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán por los pagos a la defensa de Koldo García.
- ¿Quién está detrás? La dirección federal del PSOE, con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista. El escrito se apoya en las facturas aportadas por la letrada Leticia de la Hoz en la Audiencia Nacional y en los audios que el exasesor envió desde prisión.
- ¿Qué impacto tiene? La Fiscalía decide ahora si abre diligencias por seis delitos que van del cohecho a la obstrucción a la justicia, en pleno pulso por el relato judicial de la legislatura.
El PSOE denuncia ante la Fiscalía los pagos del PP y de OkDiario a la defensa de Koldo García. El escrito, presentado este 13 de noviembre, dirige la acusación contra la mercantil Dos Mil Palabras SL —editora del digital—, contra su director, Eduardo Inda, contra el Partido Popular y contra el abogado Alberto Durán, que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático.
Los socialistas sostienen que los hechos podrían ser constitutivos de seis delitos: obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia no se queda en la anécdota del pago. Dibuja una arquitectura.
Seis delitos, 242.000 euros y un contrato que no produce ni libro ni serie
El escrito se apoya en dos patas. La primera, la documentación de los abonos. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes vinculados a la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire, la causa que investiga una supuesta trama para desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. La segunda pata son los audios que García remitió desde la cárcel.
Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL a IDBO Consultants, el despacho en el que trabaja la abogada, por 242.000 euros IVA incluido. Las facturas recogen el abono en concepto de ‘honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García’.
Los dos movimientos tienen fecha. El primero, de 181.500 euros, se ejecutó el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario comenzó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio.
En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor de Ábalos aseguró que pactó con Durán ‘una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel’, ‘sacar’ a su familia ‘del proceso’, ‘pagar’ su ‘defensa’ y ‘la cantidad de un millón de euros’ a cambio de ‘declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno’. Añadió dos palabras que el PSOE subraya en su escrito: ‘aun mintiendo’.
Un contrato que no produce ni un libro ni una serie, sino un relato, deja de ser un contrato y se convierte en una factura política.
Según su versión, los abonos se canalizarían a través de OkDiario, porque ‘Eduardo Inda era el pagador del PP’: 300.000 euros por la entrevista y 700.000 justificados con los derechos de un libro. Un dinero que el digital recuperaría después con la publicidad institucional de distintos gobiernos del PP.
La editora de la web sostiene que el pago corresponde a la adquisición en exclusiva de los derechos de imagen y explotación del exasesor para proyectos periodísticos y audiovisuales, y que así consta en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. La denuncia dispara contra ese documento. Si la causa fuera la ‘real adquisición de derechos’, el dinero se debería haber abonado a García y no al despacho que lo representaba. Por eso lo califican de ‘mero artificio o negocio simulado’ para encubrir una ‘entrega de dádivas’ y una ‘inmunidad procesal’.
‘El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental’, resalta el escrito, que recuerda que no se ha aportado ni un libro, ni una docuserie, ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos.
Lo que el PSOE pide a la Fiscalía y el calendario que se abre
El PSOE no se detiene en Inda ni en Durán. Quiere saber quién encargó, supervisó o conoció las reuniones celebradas en torno a este asunto y quién fijó el alcance del encargo al abogado. De ahí que reclame tomar declaración a los denunciados y al propio García, reclamar copia auténtica del contrato aireado por el digital y encargar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un análisis de las comunicaciones entre los denunciados desde abril de 2025 hasta septiembre de 2026. A eso se suma revisar las cuentas y la facturación de Dos Mil Palabras y de las empresas de su grupo, así como las dotaciones de dinero público recibidas por la mercantil en los últimos cuatro años. Es la parte menos vistosa del texto y, probablemente, la que más incomoda.
La pelota está ahora en el tejado de la Fiscalía General del Estado, que debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas. No hay plazo tasado. Sí hay un calendario político que condiciona la lectura de todo, con la campaña del 29N como telón de fondo y el relato judicial de la legislatura como materia prima.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz leen la denuncia como un movimiento defensivo y ofensivo a la vez. Defensivo, porque responde a una ofensiva que el partido considera coordinada entre medios, abogados y estructuras del PP. Ofensivo, porque traslada el terreno de juego del ecosistema mediático a un lugar donde el PSOE se siente cómodo: el de la integridad institucional. El Grupo Parlamentario Socialista ha acompañado la iniciativa con el argumentario de la semana, el mismo que sitúa el caso Leire como prueba de que existe una industria del relato construida contra el Gobierno.
La lectura territorial llega por otra vía. Cada vez que el debate judicial sube de tono, los gobiernos autonómicos socialistas tienen que explicarlo en sus parlamentos mientras gestionan sanidad, educación y vivienda con presupuestos ya cerrados. No es un asunto que movilice a los ciudadanos en la cola del ambulatorio. Pero sí erosiona o consolida la confianza de los suyos, y ahí el PSOE juega con ventaja cuando el adversario debe explicar el origen del dinero.
El precedente que se cita en los pasillos es el de la etapa de la Gürtel, cuando el partido aprendió que la defensa institucional se pierde si se libra solo en los tribunales. Desde entonces, la dirección federal combina escritos judiciales con ofensiva parlamentaria. Ocurrió con las comisiones de investigación y ocurre ahora con una denuncia que busca, sobre todo, fijar doctrina pública: si el pago existió y se hizo a un despacho, la explicación de los derechos de imagen deja de sostenerse.
El riesgo inmediato es que el Ministerio Público no aprecie indicios suficientes. Un archivo se convertiría en titular de la oposición en menos de veinticuatro horas. Si, por el contrario, abre diligencias, el proceso se alargará más allá del ciclo político y obligará a declarar a quien hasta ahora solo hablaba en los platós.
El siguiente hito tiene nombre propio: el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado sobre las diligencias pedidas. Mientras llega, la UCO tiene trabajo por delante y el Congreso, una pregunta más.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Frente a la industria del relato, transparencia institucional: ningún pago a una defensa puede quedar sin explicación.
- Protagonista: La dirección federal del PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista, con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.
- Próximo hito: Decisión de la Fiscalía sobre las diligencias solicitadas, aún sin fecha confirmada por Ferraz.
