El concierto económico para Cataluña ya es la condición que Junts pone a cualquier apoyo parlamentario después del 29-N. La formación de Carles Puigdemont ha convertido la soberanía fiscal en el eje de su campaña y sostiene que, sin ella, el dinero de los catalanes seguirá en Madrid.
La cabeza de cartel de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, ha lanzado el mensaje en un acto de campaña junto al vicepresidente de la formación y diputado en el Parlament, Antoni Castellà. Para la también vicepresidenta de Junts, la exigencia ‘es inaplazable’. La resume una pregunta que el partido repite en cada mitin: ‘Si los vascos pueden recaudar, gestionar y decidir respecto a su dinero, ¿por qué los catalanes no podemos hacerlo?’.
El mecanismo no es una reforma cosmética. Pasa por introducir una disposición adicional en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que saque a Cataluña del régimen común —’exactamente igual que los vascos’, dicen— y por aprobar después una ley propia que entregue a la Agencia Tributaria catalana la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos.
Qué significa salir de la LOFCA y por qué Junts lo plantea ahora
En el régimen foral vasco y en el convenio navarro la lógica es otra: las haciendas forales recaudan y después negocian con el Estado el cupo por las competencias no asumidas. Cataluña opera, en cambio, con el régimen común, donde Hacienda recauda y redistribuye. La comparación con Canarias que emplea el partido admite matices, porque el archipiélago no tiene concierto, sino un régimen económico y fiscal propio ligado al REF y a la ausencia de IVA. El espejo real es Euskadi.
Los números que Junts pone sobre la mesa son de escala. Los últimos datos de déficit fiscal que maneja la formación se sitúan en 22.000 millones de euros, aunque algunas proyecciones internas los elevan hasta cerca de 30.000 millones anuales, un 9% del PIB catalán. Con ese punto de partida, los dos vicepresidentes sostienen que la sanidad necesita 4.000 millones más al año ‘para funcionar’ y la educación, 7.000. El primero de esos importes equivale a unos 500 euros por catalán y ejercicio.
Castellà traduce el modelo en una idea simple: con el sistema vigente, que data de 2009, la aportación catalana se multiplica mientras la vuelta se divide. Sobre la cuota de solidaridad con el resto de territorios, ambos dirigentes coinciden: ‘la debe decidir la Generalitat porque, si te la imponen, es un expolio’. Y añaden que reclamar el concierto ‘es un deber ético’ con los ciudadanos de Cataluña. Nogueras lo cierra con el cambio de marco: durante años el debate fue cuánto debía Madrid conceder a Cataluña; ahora, dicen, la cuestión es que el dinero se quede.
El concierto no es una partida más del presupuesto: es la llave de la caja. Quien recauda decide, y quien decide no negocia cuotas, las fija.
El flanco de ERC: del voto favorable en el Parlament a la ‘Esquerra Rufián’
El discurso de Junts tiene un destinatario inmediato que no es el PSOE. Castellà ha cargado contra Esquerra por no defender la soberanía fiscal completa en el Congreso: ‘Cada vez que hemos planteado el modelo de concierto en el Parlament, han votado a favor, así que me pregunto si, en el viaje hasta Madrid, alguien se pierde’. La ironía tiene nombre propio: ‘Creo que hay una Esquerra Republicana en Cataluña y una Esquerra Rufián’.
La acusación se apoya en un hecho comprobable: ERC ha respaldado el concierto en el Parlament y, en Madrid, defiende una financiación singular que no llega a la soberanía fiscal plena. El acuerdo PSOE-ERC para reformar el sistema, caducado con la disolución de las Cortes, es la prueba de cargo. Castellà lo resume sin adornos: ‘primero cayó el concierto, después no hubo ninguna singularidad en el borrador y, finalmente, se disuelven las Cortes y cae todo’.
A la campaña le sirve también el argumento de la gestión. La dirección de Junts ha reivindicado el papel de su diputado Cruset, al que atribuye haber logrado 1.100 millones de euros de inversión de Repsol en Tarragona, según la información publicada por El Nacional.cat. El mensaje es doble: no solo reclama la caja, también presume de atraer industria al Camp de Tarragona.
Lo que el pulso fiscal dice del tablero catalán y del margen de Sánchez
El precedente inmediato es el pacto de investidura de 2024, cuando PSOE y ERC pusieron sobre el papel una financiación singular con gestión tributaria para la Generalitat. Nunca llegó a convertirse en ley. Ahí está el aprendizaje que Junts explota: cada vez que el independentismo ha aceptado una ‘singularidad’ a cambio de una investidura, ha terminado con menos de lo que pedía.
La paradoja es de calendario. Si Junts anuncia que sus votos ‘nunca irán al bloque del PP y Vox’, el PSOE ya conoce el techo del precio a pagar. La formación insiste en en la necesidad de una ley propia, pero el concierto exigiría mover una ley orgánica con mayoría absoluta en el Congreso, y la única vez que se ha rondado ese terreno, con el pacto de 2024, el texto se quedó en el borrador. La amenaza se diluye cuando el electorado entiende que el apoyo alternativo no existe.
En clave catalana, el movimiento tiene otra lectura: la competencia por el espacio independentista tras el 29-N. ERC ha hecho del traspaso de Rodalies, la condonación de deuda y la financiación singular su relato de gestión; Junts responde con maximalismo fiscal y con el reproche del ‘viaje a Madrid’. De fondo queda una pregunta que ninguna resuelve: cuánto vale un voto independentista en el Congreso cuando el Gobierno no las necesita a las dos a la vez. Cosas de la aritmética.
El calendario manda. El 29 de noviembre se vota; después llegan la constitución de las Cortes, la ronda de consultas y, si hay investidura, el plazo de dos meses antes de una repetición electoral. En esa ventana se sabrá si el concierto es una exigencia negociadora o un eslogan. De momento, campaña.
