EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han cerrado un acuerdo provisional para revisar los parámetros de referencia de la asignación gratuita de derechos de emisión de 2026-2030 e introducir criterios específicos para la baldosa cerámica.
- ¿Quién está detrás? La patronal ASCER y su presidente, Ismael García Peris, junto a Confindustria Ceramica y Cerame-Unie, con el respaldo de instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas.
- ¿Qué impacto tiene? El clúster de Castellón evita el recorte que lastraba su competitividad, aunque la asignación definitiva depende de la letra pequeña del acto de ejecución.
El benchmark que decide si una baldosa puede competir
El trílogo concede a la cerámica un parámetro propio de emisiones gratuitas hasta 2030 y desactiva el recorte que amenazaba a Castellón. El acuerdo, todavía provisional, acepta criterios que tengan en cuenta cómo se fabrica una baldosa y no solo cuánta energía sale por la chimenea. ASCER lo lee como un punto de inflexión; el sector, como una tregua.
El benchmark (parámetro de referencia) es la vara con la que Bruselas calcula cuántos derechos gratuitos de CO2 merece cada instalación: se toma el producto más eficiente del sector y su valor de emisiones se extrapola al resto. Si la vara se construye con la lógica de una acería, la cerámica paga la factura. Y si mezcla la atomización de la pasta con la cocción del soporte, la paga dos veces.
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) pone un techo decreciente a las emisiones y reparte permisos gratuitos a la industria expuesta a la competencia extracomunitaria para que no se deslocalice. Ese reparto no es un cheque en blanco: se ajusta cada año con el factor de corrección intersectorial, que recorta todos los permisos cuando la suma de asignaciones supera el techo disponible. Ahí se decide la supervivencia de una planta de azulejos.
Lo que el sector denunciaba no era el techo, sino la regla de reparto. La cerámica española ha invertido en eficiencia energética, sustitución de gas y recuperación de calor, y aun así veía estrecharse su asignación con criterios pensados para otros procesos. La queja era técnica: si el parámetro no reconoce el mix de gas y electricidad, la planta más eficiente de Europa pierde margen frente al fabricante indio que no paga un euro por tonelada de CO2.
El presidente de la patronal, Ismael García Peris, ha calificado el resultado de ‘un paso muy importante para el sector cerámico español y europeo’ y ha agradecido la implicación de instituciones, partidos, sindicatos, y organizaciones sectoriales. Añadió el matiz que importa: queda trabajo para concretar la aplicación y garantizar que el reconocimiento se traduzca en una asignación ajustada a la industria.
Un benchmark mal calibrado no mide emisiones: mide la capacidad de un sector para encoger sin hacer ruido.
La letra pequeña no es un detalle administrativo. El acuerdo del trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Parlamento y Consejo que fija la versión final de una ley europea) debe traducirse en los valores concretos del periodo, y esos valores se fijan en el acto de ejecución que la Comisión elabora con el comité de cambio climático, donde se sientan los Estados miembros. Ahí no hay focos ni notas de prensa.
De Castellón a Bruselas: un año para corregir el cálculo
El pacto no ha salido de una ocurrencia de despacho. ASCER lo enmarca en un año de trabajo con instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas y con grupos políticos, sindicatos y organizaciones sectoriales. Entre los aliados hay dos nombres poco habituales en el Berlaymont: Confindustria Ceramica, la patronal italiana del distrito de Sassuolo, y Cerame-Unie, la federación europea del ramo. España e Italia compiten por el mismo mercado, pero han entendido que en la regulación climática se gana o se pierde juntas.
Para Castellón el pulso tiene dos frentes. El primero es la energía: la cerámica es electrointensiva y gasintensiva a la vez, y el coste del gas ha pesado en la cuenta de resultados tanto o más que la fiscalidad del carbono. El segundo es la certidumbre regulatoria, porque sin un parámetro estable cualquier plan de inversión a cinco años es una apuesta. La provincia concentra el grueso de la producción española de baldosas; un ajuste mal calculado no cierra una fábrica, cierra un ecosistema.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de esta decisión no es la habitual. Los frugales del norte (Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia, Finlandia) llegan a cualquier revisión del ETS con una consigna: no reabrir el consenso del Fit for 55. Para La Haya o Copenhague, cada excepción sectorial sienta un precedente que acabará citando la siderurgia alemana. Los Estados del sur con industria electrointensiva (España, Italia, Portugal, Grecia) reclaman que la descarbonización se mida con la misma vara que la competencia internacional. El eje franco-alemán, roto en casi todo lo demás, prefiere aquí no gastar capital político por unos cientos de miles de toneladas de CO2 cerámico.
La lectura estratégica es otra. La asignación gratuita retrocederá a medida que se despliegue el CBAM, el ajuste en frontera por carbono que grava las importaciones desde principios de 2026. Permisos gratis y arancel climático son las dos caras de la misma transición: si el benchmark se recorta antes de que el CBAM funcione, la industria europea paga dos veces; si se mantiene sin corregir, el contribuyente subvenciona emisiones que entran por Rotterdam o Valencia. El marco completo está en la página oficial del ETS en la Comisión Europea.
Para España hay tres derivadas. La industrial: Castellón es uno de los pocos manufactureros españoles con liderazgo exportador sostenido. La presupuestaria: cada tonelada que la industria deja de comprar en subasta es un ingreso que el Estado deja de percibir, y esos ingresos alimentan por ley los fondos de modernización y descarbonización. Y la política: las instituciones valencianas y el Gobierno central han acompañado el expediente ante Bruselas y el reconocimiento les permite presentar el resultado como aval a su gestión.
Queda el riesgo. El acuerdo debe confirmarse formalmente en el Consejo y en el Parlamento Europeo, y los valores definitivos pasarán por el comité donde los Estados negocian cifra a cifra. La crisis energética de 2022, cuando el gas puso contra las cuerdas a la industria de medio continente, enseña que Bruselas reacciona tarde y con geometría variable. La próxima prueba es ese texto de ejecución: si respeta el acuerdo, la cerámica habrá ganado algo más que un año de oxígeno.
