EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza María Tardón, instructora de la crisis migratoria de Ceuta, ha citado a declarar este miércoles al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el jueves a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, sin el aval de la Fiscalía.
- ¿Quién está detrás? La magistrada de la Audiencia Nacional, el presidente de la Ciudad Autónoma y el exjefe de gabinete, mientras la pista marroquí sigue bajo secreto de sumario.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un nuevo escrutinio público sobre la reacción del Gobierno central y devuelve el caso al primer plano político y mediático.
La jueza María Tardón amplía el frente judicial de Ceuta. Este miércoles cita a declarar al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el jueves al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, sin el aval de la Fiscalía y con la pista marroquí todavía bajo secreto de sumario.
Dos testigos, dos días y una causa que se abre en dos frentes
La instructora de la Audiencia Nacional ha llamado primero a Vivas porque la Ciudad Autónoma está personada como perjudicada en la causa, según ha detallado elDiario.es. La declaración del presidente ceutí promete convertirse de inmediato en munición política: la recibió mientras concedía entrevistas a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana, en las que avanzó que entregará a la jueza las alertas que, sostiene, trasladó al Gobierno central.
Al día siguiente comparecerá Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno hasta su dimisión, forzada por la publicación de las comunicaciones que mantuvo con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las horas previas a la riada. Sanz se marchó al considerar incompatible su versión —trasladó el aviso al delegado— con la de su entonces jefe, Miguel Ángel Pérez Triano, que niega haber sido informado.
El ruido ya está servido. La citación de Sanz es una iniciativa de la propia magistrada y no responde a una propuesta de la Fiscalía. Un documento que no figura entre los desclasificados por el Gobierno muestra, además, que el delegado avisó a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, del riesgo que vivía Ceuta en los días previos al gran asalto.
Aun sin que pueda determinarse el delito que cabría atribuir a las autoridades del Ministerio del Interior, la comparecencia de testigos e investigados dotará al caso de una relevancia política y mediática difícil de exagerar. La propia jueza advirtió en su auto de admisión que habrán de investigarse ‘todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español’ relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes.
La pista que más ruido hará no será la que apunta a Marruecos, blindada por el secreto, sino la que escruta la reacción de la Administración española.
Por qué la doctrina del Supremo acota el frente contra el Gobierno
La causa camina en dos velocidades. La autoría de los delitos más graves apunta a Marruecos, pero esa parte permanece secreta y seguirá así mucho tiempo, por el volumen de las diligencias y la dificultad de que colabore el país vecino. La jueza ha ordenado identificar los llamamientos originales en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, y Telegram, localizar a los agentes marroquíes que contribuyeron a la llegada y pedir al CNI que señale a los supuestos dinamizadores de la marcha.
Frente a ese frente opaco, el escrutinio de la actuación del Ejecutivo tendrá publicidad inmediata. Aquí entra la doctrina que más protege al Gobierno: el Tribunal Supremo ya rechazó durante la covid-19, en un auto del que fue ponente Manuel Marchena, las querellas que atribuían muertes a la actuación o inacción del Ejecutivo. ‘Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante’, escribió el entonces presidente del Supremo.
Las fuentes jurídicas consultadas descartan que la jueza pueda adentrarse en una acusación contra el Gobierno central por el fallecimiento de al menos 83 migrantes que intentaron llegar a Ceuta a nado. ‘La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios’, añadía Marchena. Es el cortafuegos jurídico sobre el que el Ejecutivo apoya su defensa.
El Eje del Poder Socialista
Lo que observamos es una causa que avanza por dos carriles y que, por ahora, golpea más a la política que al derecho. El frente judicial de Ceuta obliga al Ministerio del Interior a sostener dos tesis a la vez: que el Gobierno actuó con las alertas disponibles y que la autoría de la crisis apunta a Marruecos. La dimisión del delegado, Pérez Triano, y la de su jefe de gabinete, Sanz, marcan un reordenamiento en la Delegación del Gobierno que Ferraz enmarca en la exigencia de responsabilidad, no en el reconocimiento de un fallo.
El aterrizaje territorial es delicado. Ceuta pesa como pocas en la política migratoria y su presidente, Juan Vivas, pertenece al PP: la causa le entrega una tribuna que ya ha empezado a rentabilizar. Puro cálculo político. A eso se suma el calendario judicial: a las declaraciones de este miércoles y del jueves seguirán, con toda probabilidad, la del exdelegado y un goteo de comparecencias que mantendrán el caso en portada.
Cabe recordar el precedente. Durante la pandemia, el Supremo ya cerró la puerta a imputar al Ejecutivo por la gestión de una crisis sanitaria. La pregunta es si Ceuta seguirá el mismo camino o si el frente judicial acabará pesando antes en el debate político que en el penal. El próximo hito será la declaración de Pérez Triano, previsiblemente después de la de su exjefe de gabinete.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La gestión institucional del Gobierno ante una crisis migratoria sin precedentes y la exigencia de responsabilidad sin eludirla.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Declaración de Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno, previsiblemente tras la de Sanz este jueves.
