EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El registro de intereses del Congreso refleja que 65 de los 350 diputados —el 18,85%— declaran ingresos por el alquiler de viviendas, locales o fincas rústicas, justo antes de la votación sobre los dos decretos de vivienda.
- ¿Quién está detrás? Aparecen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 12.845 euros declarados, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 5.584. También los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente.
- ¿Qué impacto tiene? El dato sitúa el foco en la transparencia de la Cámara y en el debate sobre el acceso a la vivienda que Moncloa quiere cerrar con la convalidación de las dos normas.
El 18,85% de los diputados que votará este viernes los decretos de vivienda declara rentas por alquiler. La cifra equivale a 65 de los 350 parlamentarios, casi la quinta parte del hemiciclo, según la relación de las últimas declaraciones de bienes y actividades depositadas en el registro de intereses del Congreso.
Entre los autores de esas declaraciones figuran los dos protagonistas del curso político. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comunica dos viviendas en propiedad y 12.845 euros de ingresos por arrendamiento, la segunda cifra más alta de las filas socialistas. Enfrente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declara tres viviendas y una finca rústica de las que obtuvo 5.584 euros como arrendador.
La nómina de propietarios no se agota en los líderes. Dos ministros en activo aparecen en la relación: Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, declara 11.797 euros por el alquiler de un piso, mientras Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, comunica 2.656 euros por un apartamento. A ellos se suma un secretario de Estado con cuatro pisos y 10.800 euros anuales en rentas.
Qué revelan los porcentajes: ocho grupos con arrendadores y uno sin ninguno
Por grupos parlamentarios, el PP concentra el mayor volumen absoluto. El 22% de sus 137 diputados —30 señorías— reconoce ingresos por arrendamiento, y de sus filas salen las cantidades más elevadas: horquillas que van de los 19.000 a los 36.000 euros anuales. El caso extremo lo firma un diputado copropietario de media docena de viviendas, varias fincas rústicas, y naves industriales, además de accionista de una empresa inmobiliaria. Una diputada popular declara poseer el 50% de 19 viviendas, aunque no comunica rentas por alquiler.
En el Grupo Socialista, 17 de sus 121 diputados (el 14,09%) declaran rentas de arrendamiento, con una horquilla máxima de entre 11.000 y 13.000 euros. Vox supera a los dos grupos mayoritarios en proporción: nueve de sus 32 diputados, el 28,12%, cobran por sus propiedades. Junts encabeza la lista relativa con tres de siete escaños (42,85%), por delante de EH Bildu (dos de seis) y el PNV (uno de cinco). Sumar se queda en el 7,69% y Esquerra Republicana es el único grupo sin ningún arrendador, igual que Podemos, el BNG, Coalición Canaria y Compromís.
Que una de cada cinco señorías cobre rentas no es el problema: el problema es un mercado que sigue premiando el piso vacío frente al alquiler asequible.
El dato llega en la semana decisiva para la política de vivienda del Ejecutivo. El Pleno del Congreso convalidará el viernes los dos Reales Decretos-Ley aprobados por el Consejo de Ministros, el trámite por el que la Cámara Baja ratifica o tumba en un plazo de treinta días una norma con rango de ley que ya está en vigor.
Por qué la votación del viernes obliga a mirar el registro con otra luz
Las declaraciones de bienes y actividades son obligatorias para todos los diputados desde el arranque de la legislatura y se actualizan cuando se producen cambios patrimoniales relevantes. Su publicación forma parte de las exigencias de transparencia que el Congreso incorporó hace más de una década y permite comparar realidades muy dispares: hay quien declara un piso heredado y quien gestiona un patrimonio inmobiliario repartido por varias provincias.
En clave política, el foco se reparte. Las rentas socialistas se concentran en horquillas moderadas, por debajo de los 13.000 euros anuales en el caso más alto, mientras el PP aglutina los patrimonios más voluminosos. Esquerra Republicana, Podemos, el BNG, Coalición Canaria y Compromís no registran ningún arrendador en sus filas.
El Ejecutivo ya recurrió al Real Decreto-Ley para intervenir el mercado del alquiler en 2022, cuando limitó la actualización de las rentas, antes de que la Ley por el derecho a la vivienda llegara al BOE un año después. Aquel precedente fijó el marco que ahora completan las dos normas que se votan esta semana.
El Eje del Poder Socialista
Lo que observamos es que la fotografía del registro interesa a Ferraz por dos razones. La primera es de transparencia: el Grupo Socialista comparece con 17 arrendadores sobre 121 diputados, siete puntos por debajo de la media de la Cámara y lejos del 22% del PP o del 28,12% de Vox. La segunda es de relato: una Cámara con 65 propietarios que cobran rentas refuerza el argumento con el que el Gobierno justifica su intervención en el mercado del alquiler.
La convalidación del viernes exigirá, un pleno más, la aritmética completa de la legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista aporta sus 121 votos y la mayoría se cierra con socios como Junts, el PNV, EH Bildu o Esquerra Republicana, tres de ellos con diputados arrendadores en sus filas. El precedente más cercano son las normas de 2022 y 2023, aprobadas con resistencias muy parecidas.
El aterrizaje territorial añade presión. En comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, la movilización de suelo público y la ampliación del parque de alquiler asequible son ejes centrales de sus gobiernos, y un bloqueo en Madrid les dejaría sin herramientas. El próximo hito está fijado: el Pleno del viernes.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La vivienda como derecho y la transparencia como seña del Grupo Socialista frente a los patrimonios más voluminosos del PP y Vox.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Convalidación en el Pleno del Congreso de los dos Reales Decretos-Ley de vivienda, el viernes 2 de octubre.
