El PSOE y Sumar parten en dos el decreto de vivienda que llevaban más de un año negociando. Moncloa cede ante su socio de coalición en el arranque del curso electoral, con las calles movilizadas por el último desalojo y con el CIS señalando el precio de la vivienda como primera preocupación ciudadana desde hace meses.
La decisión reabre un texto que cuatro ministros de Sumar presentaron con solemnidad hace un año en la sede de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Aquel acto fue un gesto inédito en la coalición —las competencias de vivienda corresponden al PSOE— y se leyó como una presión al socio para responder a la escalada de precios. La propuesta permaneció meses en un cajón. Ahora sale, y sale en dos partes.
El desdoblamiento que reordena la coalición
El acuerdo desdobla en dos textos buena parte de las medidas que el grupo de Yolanda Díaz venía reclamando para intervenir el mercado del alquiler y de la compraventa. Los representantes de Sumar en el Ejecutivo, han comparecido en una rueda de prensa paralela a la de La Moncloa para reivindicar el resultado, y lo han hecho sin disimular que consideran el acuerdo una victoria propia. ‘Buena parte de nuestras reivindicaciones’ es la fórmula que repiten.
El desdoblamiento responde a una lógica doble. La política es evidente: Sumar necesita presentar como propio un logro en el electorado que le es más sensible, el de la vivienda, justo cuando el curso electoral arranca. La técnica tiene que ver con las mayorías. Un solo decreto con todo el paquete no reunía los apoyos necesarios en el Congreso. Separarlo abre la puerta a construir respaldos distintos para cada texto. Cosas de la aritmética parlamentaria.
Junts, Podemos y la aritmética del arranque electoral
Ahí entra Junts. El PSOE negocia desde hace semanas con el grupo de Carles Puigdemont, y también con Podemos, el encaje de las medidas de vivienda. Sin esos votos no hay mayoría en el Congreso de los Diputados. La aritmética obliga y el calendario aprieta. Sumar, mientras tanto, marca perfil propio y lanza un aviso apenas disimulado: tendrán un futuro muy delicado, sostienen, los grupos que se opongan a las medidas.
La advertencia no es retórica. La vivienda se ha convertido en el eje del arranque electoral. El desalojo de una mujer de 87 años en camilla ha encendido una indignación que recorre el país, y miles de personas han salido a la calle en los últimos días. La imagen ha hecho más por colocar el asunto en la agenda que cualquier informe. El CIS lleva meses situando el problema entre las primeras preocupaciones de los españoles.
La vivienda ha dejado de ser un expediente de gestión para convertirse en el termómetro político de la coalición en el arranque del curso.
El impacto territorial será desigual. Las comunidades gobernadas por el PSOE ya aplican sus propios instrumentos —topes a los alquileres, movilización de suelo público, avales a jóvenes— con resultados distintos según el territorio. Donde gobierna la oposición, las mismas medidas han chocado con resistencias abiertas. Cabe recordar que la ley estatal de vivienda de 2023 dejó buena parte de su desarrollo en manos autonómicas, y ahí la foto es un mosaico.
De hecho, algunas de esas comunidades han convertido el despliegue normativo en un pulso político con Moncloa. El decreto que ahora se divide vuelve a poner sobre la mesa ese reparto de competencias. Es, en el fondo, la vieja tensión entre el marco estatal y la gestión autonómica, que el Ejecutivo de coalición nunca ha terminado de resolver.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz leen el movimiento con pragmatismo. La dirección federal asume que ceder a Sumar en el formato —partir el decreto en dos— es el precio de mantener la coalición engrasada en un curso electoral largo. La prioridad es no dar a la oposición el espectáculo de una ruptura. El GPS del Congreso trabaja con esa consigna: sostener la mayoría, grupo a grupo, sin perder la iniciativa legislativa.
Los barones miran el asunto con otras lentes. Emiliano García-Page, desde Castilla-La Mancha, ha sido siempre el más crítico con lo que considera cesiones al socio minoritario. Otros presidentes autonómicos, como Adrián Barbón en Asturias o María Chivite en Navarra, mantienen un perfil más silencioso. Y en Cataluña, la Generalitat de Salvador Illa y el ayuntamiento de Jaume Collboni en Barcelona observan con atención, porque son territorio de aterrizaje directo de cualquier norma sobre alquileres.
El precedente más cercano es la ley estatal de vivienda de 2023, que nació como bandera del ala morada de la coalición y terminó aplicándose de forma desigual según quién gobernara cada comunidad. Aquella vez el PSOE logró cerrar el texto sin romper el Gobierno. Esta vez el reto es el mismo, pero con menos margen: el desgaste acumulado y el calendario electoral estrechan cualquier negociación. Un solo error de cálculo en la votación devolvería al Congreso un decreto cojo, y con él el relato de un Gobierno incapaz de aprobar su propia agenda.
Lo que observamos es una coalición que ha aprendido a gestionar sus diferencias dividiéndolas. Sumar gana visibilidad. El PSOE gana tiempo. La oposición, mientras, tiene menos argumentos para acusar al Ejecutivo de parálisis legislativa, aunque gane munición para sostener que Moncloa gobierna a remolque de sus socios. El equilibrio, eso sí, es frágil y se pondrá a prueba en cada votación del curso.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La coalición funciona y la vivienda sigue siendo bandera social; el desdoblamiento no es una grieta, sino la forma de sacar adelante la agenda con las mayorías disponibles.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda) en la coordinación parlamentaria.
- Próximo hito: La votación en el Congreso de los dos textos en que se divide el decreto, aún pendiente de cerrar con Junts y Podemos.
