El Gobierno Vasco presenta el lunes el pacto educativo ‘Eskola Bikaina Denontzat’ para combatir la segregación escolar

La iniciativa, impulsada por el lehendakari Imanol Pradales desde otoño de 2025, busca un compromiso de país para garantizar el éxito escolar sin distinción de origen. La consejera Begoña Pedrosa presentará el acuerdo este lunes en Vitoria-Gasteiz.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco presentará este lunes 29 de junio el Pacto social contra la segregación escolar, bautizado como ‘Eskola Bikaina Denontzat’, con el que aspira a reducir las desigualdades en las aulas.

La presentación oficial, que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, estará liderada por la consejera Begoña Pedrosa y contará con la asistencia de representantes institucionales, educativos y sociales. Según fuentes del Gobierno Vasco, el pacto pretende ser un “compromiso de país” que garantice el éxito educativo de todo el alumnado, independientemente de su origen o situación socioeconómica.

Una iniciativa impulsada por el lehendakari desde 2025

El proyecto tiene su origen en otoño de 2025, cuando el Gabinete del lehendakari Imanol Pradales lo incluyó entre las prioridades para adaptar el sistema educativo vasco a las nuevas realidades sociales. Desde entonces, el Departamento de Educación, dirigido por la consejera Begoña Pedrosa, ha trabajado con agentes educativos, ayuntamientos y grupos parlamentarios para perfilar un texto que busca el mayor consenso posible.

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El nombre elegido, ‘Eskola Bikaina Denontzat’ —en castellano, ‘una escuela excelente para todos’—, refleja la filosofía del pacto: una educación inclusiva que eleve la calidad y reduzca la concentración de alumnado con desventaja socioeconómica en determinados centros. La segregación escolar en Euskadi ha sido motivo de debate en las últimas legislaturas, especialmente por la brecha entre la red pública y la concertada y por el impacto del reparto de la matrícula del alumnado inmigrante.

Objetivos y búsqueda del consenso

Entre las medidas que se espera que incluya el pacto figuran la revisión de los mecanismos de asignación de plazas, el refuerzo de las comisiones locales de escolarización y una financiación que incentive a los centros con mayor diversidad. El Gobierno Vasco ha reiterado en varias ocasiones que el acuerdo no solo debe ser político, sino que precisa del respaldo de la comunidad educativa y de las administraciones forales y locales.

El proceso de diálogo ha involucrado a las principales fuerzas políticas del arco parlamentario vasco, si bien hasta el momento no se han hecho públicos los posicionamientos detallados de cada grupo. La presentación de este lunes constituye un primer paso para la formación de un frente amplio que dé estabilidad al sistema educativo durante la próxima década.

El pacto ‘Eskola Bikaina Denontzat’ fija medidas concretas para equilibrar la composición de los centros y evitar que el alumnado en situación de vulnerabilidad quede concentrado en unos pocos colegios.

La segregación escolar, un reto compartido en el ámbito foral y estatal

La problemática de la segregación escolar no es exclusiva del País Vasco. En el conjunto del Estado, las administraciones educativas han aprobado en los últimos años planes específicos para reducir las desigualdades desde la escolarización, en línea con los objetivos de la LOMLOE. La singularidad del caso vasco radica en su Concierto Económico, que le otorga competencias plenas en educación y permite diseñar políticas ajustadas a su realidad territorial.

De hecho, el pacto que ahora se presenta conecta con iniciativas previas, como el Plan de Atención a la Diversidad de 2017 o los acuerdos sectoriales firmados con los municipios. La novedad radica en la voluntad de convertirlo en un “acuerdo de país” que vincule a todos los agentes y garantice la continuidad más allá de los cambios de legislatura. Según fuentes del departamento, la implementación se llevará a cabo de manera gradual, y se prevé la creación de una comisión de seguimiento para evaluar los avances.

La implementación del pacto exigirá la colaboración activa de las diputaciones forales y los ayuntamientos, responsables de la planificación de las plazas educativas y de las políticas de inclusión. Los expertos señalan que el éxito dependerá de la coordinación entre las tres administraciones y de la capacidad para destinar recursos adicionales a las zonas con mayor concentración de necesidades.

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