jueves, 12 diciembre 2024

Andalucía hace los deberes al Gobierno en materia hidráulica

Tras haber aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el cuarto decreto-ley de medidas contra la sequía este pasado 29 de enero, cuya dotación alcanzará los 200 millones de euros, el presidente Juanma Moreno ha insistido en que Andalucía hace los deberes al Gobierno de España en materia hidráulica.

Desde la Junta de Andalucía insisten en que todos deben asumir el desafío de la sequía, refiriéndose tanto a los ciudadanos como a las Administraciones. Desde que Juanma Moreno es presidente de Andalucía, el Gobierno andaluz no ha parado en su lucha contra la sequía y ha actuado con todo lo que tiene a su alcance. Desde 2019, Andalucía ha salido en auxilio del Estado para acometer 76 obras que son competencia del Gobierno de España. Pero, según sus cálculos, «el Gobierno de España aún debe a Andalucía 33 infraestructuras hidráulicas que son de interés general del Estado».

el gobierno de españa aún debe a andalucía 33 infraestructuras hidráulicas

Por eso la Junta de Andalucía insiste en que atajar el problema de la falta de agua debe ser un reto de todas las Administraciones públicas. Esta semana se ha iniciado con los pantanos en situación crítica: el embalse de Zahara-El Gastor (Cádiz) está a un 4,45% de su capacidad. El embalse de Bornos (Cádiz) está a un 10,16% de su capacidad; el embalse de Barbate (Cádiz) está a un 9,23% de su capacidad; el embalse de Celemín (Cádiz) está a un 10,18% de su capacidad; el embalse de La Viñuela (Málaga) está a un 7,46% de su capacidad; y el embalse de Benínar (Almería) está a un 7,81% de su capacidad.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visitó las obras de protección de la desaladora del Bajo Almanzora en Almería.
El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visitó las obras de protección de la desaladora del Bajo Almanzora en Almería.

ANDALUCÍA PIDE MÁS DESALADORAS

Desde Andalucía insisten en que las desaladoras son obras de interés del Estado, declaradas en la Ley 11/2005, que modificó el Plan Hidrológico, y el reciente Real Decreto Ley 4/2023, que estableció medidas para paliar los efectos de la sequía. En base a ese Real Decreto, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acordó firmar un protocolo de colaboración con Andalucía y Cataluña para colaborar en la aportación de documentación al Estado, a fin de agilizar los tiempos de las infraestructuras.

El protocolo de colaboración firmado establece que la Junta de Andalucía sólo debe aportar documentación para colaborar en el impulso de los proyectos. Y la documentación ha sido remitida y comunicada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el que tiene la obligación de acometer las desaladoras en el levante almeriense y en la comarca de La Axarquía.

El proyecto y suelo de la desaladora del Bajo Almanzora II del levante almeriense se remitió en julio de 2023. El proyecto de la desaladora de La Axarquía se remitió este mismo mes de enero de 2024. Y la financiación corre a cargo de los fondos de Recuperación y Resiliencia y las obras serán acometidas por la empresa estatal Acuamed, que es la encargada de toda la tramitación administrativa relativa al proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de las obras.

LA SOLIDARIDAD DE LOS TRASVASES ES CLAVE

Por otro lado, siendo muy conscientes de que el agua es un bien común y la solidaridad hídrica es la base del avance de los territorios en momentos de extrema sequía como el que atravesamos, el Gobierno andaluz ha reclamado al Gobierno de España, por activa y por pasiva, trasvases, incluso entre cuencas intracomunitarias, ya que las regiones del levante español necesitan agua para seguir viviendo.

En concreto, solicitan la recuperación del trasvase Tajo-Segura, el impulso del trasvase de Iznájar (Córdoba) y la llegada de agua desde el embalse del Alqueva (Alentejo, Portugal) a Huelva. Este trasvase es estratégico e imprescindible. El Gobierno de España debe rectificar y adoptar criterios científicos (no políticos) para recuperar el caudal necesario del trasvase Tajo-Segura.

El incremento progresivo de los caudales ecológicos de 6m3/seg a 8,6 m3 significa la muerte del trasvase. Esta cifra tan alta supone un grave impacto económico y social en la zona tras la pérdida de 105 hm3. Y es una condena para el sector agrícola del levante español, con pérdidas que podrían llegar a los 15.000 empleos y un impacto directo de merma en la producción por falta de agua. Además, el trasvase de Iznájar (Córdoba) está en proceso de planificación.

ESPAÑA DEBE ACELERAR LAS CONVERSACIONES CON PORTUGAL PARA LOGRAR APORTACIONES DE AGUA

Por último, el Ejecutivo de Andalucía considera que el Gobierno de España debe acelerar las conversaciones con Portugal para lograr aportaciones de agua desde el embalse del Alqueva a Huelva. Esta aportación beneficiaría a la provincia de Huelva (más de 200.000 habitantes) y permitiría activar 75hm3, suficientes para atender la demanda de abastecimiento, riego y usos de agua en el polo químico de Huelva.

RIBERA PIDE UN OBJETIVO CLIMÁTICO AMBICIOSO

Mientras tanto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, acaba de firmar junto a sus homólogos de otros 10 países más de la UE una carta conjunta en la que demandan a la Comisión Europea un objetivo climático ambicioso para 2040. Además de Teresa Ribera, suscriben la misiva sus homólogos de Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Irlanda y Bulgaria.

2023 resultó ser el año más cálido registrado, y el calentamiento global intensificará una serie de efectos adversos que pondrán en riesgo el bienestar y la seguridad del mundo. Por eso tras el COP28 de Dubái los países han acordado acelerar la reducción de emisiones contaminantes hacia cero emisiones netas para 2050, de acuerdo con la mejor ciencia disponible, para mantener al alcance el objetivo de 1,5 °C. Al mismo tiempo, se debe garantizar una implementación adecuada del paquete legislativo Fit for 55, que refuerce la credibilidad de la UE en el escenario internacional a la hora de demandar a otros actores la misma ambición climática.