Ana Redondo tiene diseñado ya su plan para gestionar la prohibición de la prostitución. Y el primer paso será perseguir a los dueños de los locales donde las mujeres son prostituidas. Claro que según este sector solo el 5% de las mujeres sufren de explotación sexual.
La ministra de Igualdad ha confirmado que recuperará la proposición socialista de la anterior legislatura, una las muchas otras iniciativas que quedaron pendientes por el adelanto de las elecciones del 23J, para reformar el Código Penal con el fin de que se tipifique como delito lo que se ha dado en denominar la «tercería locativa» (el lucro obtenido por la persona o sociedad que proporciona un lugar en el que la persona que presta servicios sexuales a cambio de dinero realiza su actividad sexual).
Las previsiones de Redondo es reformar el artículo 187 del Código Penal para incorporar este delito, mientras recupera la propuesta que el PSOE ya había presentado la pasada legislatura con el objetivo de perseguir y penalizar a los dueños de los pisos o locales donde las mujeres son prostituidas.
No obstante, la ministra ha dejado para los próximos años de esta legislatura la elaboración de la ley de trata, que también pasó el periodo consultivo y era una de las leyes que quedó pendiente y parecía ser de las más inmediatas a aprobar en esta legislatura. Para Redondo antes de encarar esta ley el «primer paso» es la tipificación del delito de «tercería locativa»
La hoja de ruta diseñada por Redondo para llegar a la ley de trata es «ir incorporando nuevos ‘ingredientes’ con las que conseguir que la trata sea erradicada y perseguida». La ministra ha explicado que para ella la abolición de la prostitución es «un fin, un objetivo y tenemos que encaminarnos hacia el abolicionismo como han hecho otros países».
REDONDO CREE «FIRMEMENTE EN EL ABOLICIONISMO» AUNQUE DEBERÁ BUSCAR LOS APOYOS NECESARIOS
«Creo firmemente en el abolicionismo, pero necesitamos sumar una mayoría amplia, y tener un debate social intenso y profundo, y tener una alternativa para las en torno a 60.000 mujeres en situación de prostitución en España, muchas de ellas inmigrantes, que necesitan una solución económica, habitacional y de empleo», ha explicado la ministra, que compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para explicar los objetivos de su departamento para esta legislatura.
El punto final del Ministerio de Igualdad sobre la prostitución será contar con una ley orgánica para prohibir el proxenetismo. Los socialistas, durante la pasada legislatura, introdujeron una enmienda a la ley de trata que suponía incluir en la norma la abolición de la prostitución y la tercería locativa, algo que en aquel momento fuentes oficiales del PSOE afirmaron que rechazaban Unidas Podemos y otros grupos de la mayoría.
Ante este rechazo, el PSOE registró esa misma enmienda como proposición de ley en el Congreso, con lo que a las pocas semanas el Congreso aprobó la iniciativa de perseguir penalmente al proxenetismo, a los prostituidores, a los dueños de los locales donde se da, así como proteger a las víctimas. Incluso el PP dio su voto favorable, junto a una parte de los diputados de Unidas Podemos.
Ahora, con Sumar formando parte del Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad confía en sacar adelante la ley. Cabe recordar que esta norma fue uno de los puntos de enfrentamiento entre Irene Montero y Pedro Sánchez. Podemos sigue manteniendo viva su oposición, impulsado además por su ruptura con Sumar. Pero en el Gobierno ya no está Podemos, sino Sumar, mucho menos beligerante en esta cuestión. Por tanto, lo que le queda a Ana Redondo es desarrollar la ley.
DENUNCIAN ANTE LA ONU QUE «EL PROXENETISMO QUEDA IMPUNE» EN ESPAÑA
Pocos días después de confirmarse el objetivo de Igualdad para esta legislatura, la Alianza Contra el borrado de mujeres ha denunciado ante la ONU el sistema «despenalizador» de España por entender que «el proxenetismo queda impune», según ha explicado en una carta a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres, Reem Alsalem.
En la misiva explican que «nuestro país no castiga la tercería locativa, es decir, la obtención de beneficio de la prostitución ajena mediante el alquiler del local donde se ejerce». Argumenta que las reformas introducidas tanto por el PSOE, que en 1995 despenalizó la tercería locativa, como por el PP, que en 2015 reformó el artículo 187 del Código Penal, «han facilitado esta situación».
También concretan a Alsalem que «En España solo se castiga a las personas que se lucran a través de la explotación sexual si la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad personal o económica o si la víctima está sujeta a condiciones abusivas, gravosas o desproporcionadas. La interpretación de estos requisitos queda a criterio judicial y estos están dejando sin condena a casi todos los proxenetas». A ello añaden que la interpretación judicial se base en la «normalización social de la prostitución que conduce a la judicatura a no percibir la realidad de la situación de estas mujeres».
ALGUNOS DATOS DEL SECTOR
Mientras en el Ministerio de Igualdad existen unas 60.000 personas vinculadas al sector de la prostitución, algunas asociaciones, como la dirigida por Susana Pastor, elevan esa cantidad a unas 200.000 personas dedicadas a la prostitución entre hombres y mujeres, a lo que se suman otros colectivos que se benefician como taxistas o personas dedicadas a la seguridad privada.
España es el primer país europeo en consumo de prostitución y el tercero del mundo
Por su parte, la Alianza Contra el borrado de mujeres asegura que España es el primer país europeo en consumo de prostitución y el tercero del mundo. Por este motivo, pide a la ONU «reaccionar frente al entrismo de los lobbies proxenetas, que buscan influir para que Naciones Unidas adopte una posición de reconocimiento de la explotación sexual de las mujeres como una legítima relación laboral y no como lo que sin duda es: violencia normalizada contra las niñas y las mujeres».
Precisamente, la Relatora Especial de la ONU ha solicitado contribuciones a los Estados, los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, los actores de la sociedad civil, las agencias de la ONU, las organizaciones regionales de derechos humanos, el mundo académico, las organizaciones de víctimas y supervivientes y otras partes interesadas. Con estas contribuciones pretende elaborar un informe temático sobre la prostitución como violencia contra las mujeres y las niñas. Dicho informe está previsto que se presente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2024.
EL SECTOR PIDE LA REGULACIÓN NO LA PROHIBICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN
En paralelo a lo que opinan las organizaciones feministas, trabajadoras del sector no están de acuerdo con la «abolición» sino con su «regulación», según confirma a MONCLOA Susana Pastor, de la Asociación Astras. Aseguran que porque se prohíba la prostitución no va a desaparecer, simplemente «se hará ilegal», y tal y como se encuentra ahora, la prostitución en España «no es legal o ilegal».
Algunas de estas trabajadoras comentan en privado que en el sector debe estar «el mayor número de personas representadas» para que «se queden fuera delincuentes y explotadores» a los que no quieren ver. Ellas piden que «los delitos y delincuentes se denuncien».
Y dado que conocen como funciona este sector, aseguran que la trata y la explotación sexual no es tanta como quieren hacer desde los datos oficiales. Esos delitos existen, pero deben ser como un 5% del total.
Otra cuestión que preocupa a estas trabajadoras es el alto precio que tienen que pagar por traerlas de su país o «los narco-pisos que funcionan como si fueran casas de chicas y a lo que se dedican es a vender drogas, lo que es un peligro porque traen problemas a estas mujeres que nada tienen que ver con la droga».
