Por increíble que parezca, policías nacionales, guardias civiles y militares no están reconocidos como profesión de riesgo como lo son los policías locales, los miembros del cuerpo de la Ertzaintza en el País Vasco, de los Mossos en Cataluña y de la Policía Foral de Navarra, siendo estos dos colectivos los últimos en lograr la calificación. Debido a ello, los militares se han unido a una de las múltiples luchas que tienen los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional con el Ministerio del Interior desde hace semanas. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME) exige ese reconocimiento y los beneficios laborales que ello conlleva. «Por dignidad, para avanzar en sus derechos profesionales y por sus familias, ese riesgo debe estar reconocido».
Tras aprobarse en el Parlamento Europeo una iniciativa de la Confederación Española de Policía (CEP) para que se cree una directiva que considere como profesión de riesgo la de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ATME propone que se haga algo similar con su colectivo, ya que en el caso de la propuesta de los policías, si se consiguiera aprobar, sería de obligado cumplimiento en todos los países miembros de la Unión Europea.
QUIENES TIENEN PROFESIÓN DE RIESGO
Las profesiones de riesgo son aquellas que, por la naturaleza de sus tareas, exponen a los trabajadores a peligros que aumentan significativamente la probabilidad de sufrir lesiones, enfermedades o incluso la muerte. Actualmente, en España, están incluidas como profesiones de riesgo los trabajadores de los servicios de emergencia (bomberos y personal de ambulancias), de salud y cuidados (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería), de construcción y manufactura (construcción y aquellos que manejan maquinaria pesada y materiales peligrosos) y transporte (pilotos, conductores de camiones y trabajadores ferroviarios).
Pero ni la profesión militar ni la de los dos principales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a nivel nacional, se considera como tal, pese a que se juegan su vida y su salud en muchas facetas de trabajo y pese a que sí se les reconoce a las policías autonómicas y locales. Además, quizá por confusión o por la dignidad de no hacer diferenciaciones, hay incluso aseguradoras como MAPFRE, que si consideran profesión de riesgos a los agentes de la Benemérita y la Policía Nacional.
Los representantes sindicales no quieren quedarse atrás en este reconocimiento de profesión de riesgo oficialmente, pues así lo confirma la práctica del día a día, los últimos fallecidos y hospitalizados en las maniobras de Cerro Muriano, los desactivadores de explosivos, los miembros de la Unidad de Emergencias o, entre otros, los marinos que próximamente pueden colaborar en la lucha contra el narcotráfico, igual que estaban haciendo los dos guardias civiles asesinados en Barbate.
Para conseguirlo, ATME va a solicitar, en primer lugar, al Ministerio de Defensa de Margarita Robles que inicie los trámites para ese reconocimiento, y contactará con las asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para apoyarse mutuamente intercambiando información sobre este tema.
PROFESIONES DE RIESGO, ADELANTAN LA EDAD DE JUBILACIÓN
La Seguridad Social establece diez colectivos que, por su naturaleza «excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad», son considerados profesiones de riesgo. Se trata de trabajadores los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad regionales y locales, pero también los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas (cantantes, bailarines y trapecistas), profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.
trabajadores de riesgo pueden jubilarse antes que el resto sin sufrir recortes ni penalizaciones en la pensión
Todos estos trabajadores pueden jubilarse antes que el resto, sin sufrir los recortes ni penalizaciones en la cuantía que perciben los que se jubilan de manera anticipada. Para cada profesional, la Seguridad Social reconoce distintas variables para adelantar su edad de jubilación. En general, se fija un coeficiente que se multiplica por los años cotizados. El resultado es el número de años que puede adelantar su jubilación.
Además, hay que contemplar también que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz está trabajando en un nuevo sistema de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos que exige cada profesión. También se tendrá en cuenta los índices de morbilidad (enfermedad) o siniestralidad a partir de ciertas edades en cada sector a la hora de fijar esos coeficientes.
LAS PROFESIONES DE RIESGO EXIGEN MÁS SEGURIDAD POR LA SALUD
En definitiva, la regulación de las profesiones de riesgo varía según el país y la legislación local. Generalmente, existen leyes específicas que buscan proteger a los trabajadores de estas ocupaciones, estableciendo normas de seguridad, horarios de trabajo, periodos de descanso y compensaciones en caso de accidentes o enfermedades profesionales. La legislación también puede incluir la obligación de usar equipos de protección personal (EPP), realizar evaluaciones de riesgo periódicas y proporcionar formación adecuada en materia de seguridad y salud.
En el contexto español, la legislación sobre profesiones de riesgo se articula principalmente a través de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que fija las obligaciones de los empleadores para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo (identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, medidas preventivas…)
En los regímenes especiales, de las profesiones de alto riesgo, se incluyen disposiciones sobre horarios de trabajo, uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI), exámenes de salud periódicos y formación específica en materia de riesgos laborales que debe supervisar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) junto con las autoridades laborales de las comunidades autónomas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y reducir los accidentes laborales y enfermedades profesionales en España.
