El Gobierno socialista parece haberse ‘olvidado’ de algunos sectores pertenecientes a la Policía Nacional. El PSOE de Pedro Sánchez apostó en los últimos presupuestos en dotar de una mayor partida presupuestaria a los cuerpos policiales autonómica de apoyo político como los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. Mientras se olvidó de una partida para aquellos policías pertenecientes a la Unidad Adscrita de apoyo político para aquellas Comunidades Autónomas que no tiene un cuerpo policial como tal.
Fuentes policiales confirman a este medio de comunicación (Moncloa.com) que para la Unidad Adscrita «no tiene sentido que otras policías autonómicas de apoyo político» como los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza cuenten con una partida presupuestaria especial para ellos. «No es justo este tipo de concesiones partidistas que se hacen», explican las fuentes policiales.
LOS PRIVILEGIOS DE CATALUÑA FRENTE A LA ESCASEZ DE PRESUPUESTOS EN LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA
En un contexto donde la Policía Nacional se enfrenta a la carencia de recursos y a la falta de respaldo político para atender sus requerimientos, el Gobierno de España ha sido objeto de críticas tras destinar inicialmente una significativa suma de 1009 millones de euros para financiar a los Mossos d’Esquadra, según las denuncias realizadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La denuncia del SUP puso de manifiesto una doble medida por parte del Gobierno, subrayando la percepción de discriminación hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil en contraste con el trato preferencial hacia la policía autonómica de Cataluña. El incumplimiento de acuerdos económicos y laborales, especialmente el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, ha generado un clima de malestar entre los agentes de la Policía Nacional.
La falta de cumplimiento de cláusulas específicas del acuerdo, como el reingreso a la segunda actividad y la situación de reserva para policías y guardias civiles, ha aumentado la preocupación en el ámbito de la seguridad. Además, la aún pendiente Ley de Retribuciones, diseñada para prevenir discriminaciones salariales, agrega un elemento adicional a la insatisfacción en las filas policiales.
Esta situación ha avivado el debate sobre la equidad en la distribución de recursos para las fuerzas de seguridad del Estado, resaltando la necesidad de un abordaje más equitativo y justo en la asignación de presupuestos para garantizar el adecuado funcionamiento y bienestar de todas las instituciones encargadas de mantener la seguridad y el orden público.
Por otro lado, el 7 de marzo de 2022, se llevó a cabo la adjudicación del contrato para el suministro del nuevo vestuario destinado a las unidades de seguridad ciudadana, contando con un presupuesto total de 10.885.402 euros. Una situación que también critican las citadas fuentes policiales.
INCREMENTO DE 43 MILLONES DE EUROS PARA LA ERTZAINTZA EN 2024: ¿QUÉ SUCEDE CON LA POLICÍA ADSCRITA A LAS CCAA?
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contará con un presupuesto de 790.157 millones de euros para el próximo año 2024, representando un aumento significativo de 43 millones respecto a 2023. El vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, presentó este plan ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento vasco, destacando la asignación del 93,6% del total (740 millones) para el programa Ertzaintza en Servicio.
Este incremento del 5,9% en el presupuesto de Seguridad para 2024 se justifica principalmente con una inversión de 41,4 millones de euros destinados a la transformación digital de la Ertzaintza y Emergencias. Además, se destinan 24,1 millones para la financiación de los gastos de personal y 22,5 millones para la transición energética y sostenibilidad, incluyendo inversiones en vehículos policiales híbridos enchufables y la rehabilitación de edificios.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contará con un presupuesto de 790.157 millones de euros para el próximo año 2024
Dentro de las asignaciones, el Departamento también contempla 11 millones de euros para la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco en 2024, 7 millones de euros para implementar el Plan Estratégico de Protección Integral para las mujeres frente a la violencia machista, y 2 millones de euros para el establecimiento de la nueva Agencia Vasca de Ciberseguridad, Cyberzaintza.
Este anuncio suscita preguntas sobre la situación de las policías adscritas a las comunidades autónomas en el resto del país, que podrían enfrentarse a limitaciones presupuestarias y de recursos en comparación con la Ertzaintza.
DESCONTENTO EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO ANTE LA PREFERENCIA DEL GOBIENRO POR LOS MOSSOS
El Gobierno central destinó una subvención directa de 43 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, específicamente a la renovación de la flota de los Mossos d’Esquadra, tras las elecciones generales del 23 de julio. Esta acción ha generado malestar en la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes enfrentan carencias de material, uniformes, recursos y personal.
La financiación, otorgada inmediatamente después de la derrota electoral del Gobierno, sorprendió a los cuerpos de seguridad nacionales que se encuentran desbordados por la falta de apoyo gubernamental. El enfoque en la renovación de la flota de los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial vinculado al movimiento independentista, terminó por despertar las críticas en un contexto donde la Policía Nacional y la Guardia Civil luchan por mejorar sus condiciones operativas.
La noticia salió a la luz en medio de negociaciones entre el Gobierno, en su momento en funciones, y partidos independentistas sobre la posibilidad de un acuerdo de amnistía. Aunque las discusiones se mantuvieron en secreto, los informes filtrados indicaron avances significativos en aspectos clave de la propuesta. La financiación a los Mossos d’Esquadra se interpretó como un intento de obtener apoyo político en este contexto.
El plan para otorgar fondos para la renovación de la flota de los Mossos d’Esquadra se desarrolló en tres etapas estratégicas. En primer lugar, se allanó el terreno antes de las elecciones, con la colaboración de los Ministerios de Hacienda e Interior. Luego, se respaldó la cantidad y el destino a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos después de las elecciones, y finalmente, la transferencia fue oficialmente aprobada en una reunión del Consejo de Ministros en agosto.
Esta decisión causó descontento entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ya habían enfrentado situaciones difíciles, como el uso del término despectivo «piolines» por parte del presidente del Gobierno para referirse a los policías desplegados en Cataluña durante el intento de secesión. Además, la disminución de personal y la insuficiencia de recursos y equipamiento agravaron la situación.
LA PERFECCIÓN DE CARLOS CARRIZOSA
Carlos Carrizosa, presidente de Ciudadanos en Cataluña, expresó su opinión sobre el tema de las partidas presupuestarias en una declaración a Moncloa.com. En sus palabras, manifestó su preocupación por el hecho de que se esté acordando más dinero en detrimento de otras comunidades autónomas.
Además, criticó la forma en que se están llevando a cabo estos acuerdos, fuera de las instituciones y de manera opaca. Carrizosa calificó esta situación como uno más de los escándalos que, según él, caracterizan el mandato de Pedro Sánchez, destacando la falta de transparencia y la ausencia de un proceso institucional claro en la toma de decisiones presupuestarias.
«Pactar más dinero en perjuicio de otras comunidades. Y todo se hará fuera de las Instituciones y de forma opaca. Nos parece uno más de los escándalos con los que Pedro Sánchez está jaleando su mandato», comenta para este medio de comunicación.
