El Gobierno de Andalucía que preside el popular Juanma Moreno Bonilla no es partidario de indultos y menos a condenados por corrupción. El indulto de una condena por corrupción es una medida de gracia que corresponde al Gobierno de España y con la que el Gobierno de Andalucía no está de acuerdo.
Pero atención, el presidente de Andalucía ha pedido saber distinguir entre: aplazar el ingreso en prisión de un condenado por motivos de salud, como es el caso del socialista José Manuel Griñán, el que fue presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2023 con el PSOE -condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de ayudas a las empresas en crisis durante 10 años por valor de 680 millones de euros- y el indulto de una condena por corrupción.
JUANMA MORENO RECLAMA LAS CANTIDADES DEFRAUDADAS PARA ANDALUCÍA
Juanma Moreno lo dejó claro en declaraciones a los periodistas en Madrid, con motivo de su asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, al ser preguntado por el proceso abierto en la Audiencia de Sevilla en relación con la petición de indultos en el caso ERE.
Asimismo, expuso que la Junta de Andalucía aún no recuperado las cantidades defraudadas por el caso de los ERE. Y la Junta es la única que tiene la condición de Administración perjudicada económicamente en el caso de los ERE. Por ello está llevando a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado, utilizando todas las vías jurídicas posibles.
el perjuicio causado a las arcas andaluzar por el caso de los ere fue de cerca de 680 millones
El 7 de agosto de 2023, la Junta de Andalucía presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable, por los hechos que se han declarado probados en sentencia judicial. El perjuicio causado a las arcas andaluzas por el caso de los ERE fue de cerca de 680 millones de euros.
La Junta de Andalucía corroboró que desde la Audiencia se le ha pedido que informe «sobre la situación en la que se encuentra actualmente como perjudicada del caso. Por ejemplo, «si el daño causado a las arcas públicas se ha repuesto». Además, desde el Gobierno de Juanma Moreno insisten en que en ningún momento se le ha pedido posición u opinión sobre un posible indulto a los condenados por el caso de los ERE.
INDULTO DEL GOBIERNO, DISTINTO QUE UNA MEDIDA JUDICIAL
Para Juanma Moreno, hay una confusión que se está generando, porque una cosa es un indulto, una gracia que tiene el Gobierno de España, y otra cosa es que la Justicia, dentro de un procedimiento abierto «por una situación de enfermedad» decida que una persona no entre en la cárcel. «Son dos cosas completamente distintas», insiste Juanma Moreno, convencido de que la Audiencia tiene capacidad, como de hecho ha sucedido «para que por motivos de enfermedad, el señor Griñán no entre en la cárcel».
Pero eso es una cosa, y otra cosa es un indulto a un condenado por corrupción, inciden desde la Junta. No obstante, hay que recordar que la Audiencia de Sevilla consideró que los expresidentes andaluces, tanto Griñán como Chaves, eran conscientes de la palmaria ilegalidad del desvío de fondos, según recogía la condena del Tribunal Supremo del 26 de julio de 2022.
CONDENA PARA EL EXCHÓFER DEL DIRECTOR DE TRABAJO
Recientemente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel al que fuera chófer del ya difunto ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, por los 1,3 millones de euros que le concedió dicho cargo de la Junta de Andalucía con cargo a los fondos autonómicos reservados para expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y subvenciones arbitrarias, achacándoles delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
Dicha sentencia fue emitida este mismo martes 20 de febrero y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Sección Primera de la Audiencia condena a Juan Francisco Trujillo como cooperador necesario en un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, en calidad de extraneus y con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de confesión, condenándole a tres años de cárcel y penas adicionales de inhabilitación para empleo o cargo público.
Estas penas responden a las ayudas por más de 1,3 millones de euros que recibieron las empresas de Trujillo por parte de Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 tras haber sido condenado por prevaricación y malversación del mecanismo específico de financiación de los ERES fraudulentos y las ayudas arbitrarias con fondos autonómicos, cuando el mismo comandaba la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía.
En paralelo, respecto a la suscripción fraudulenta de las pólizas de seguros a favor de su su propia madre, sin que ella fuera consciente de ello, el tribunal lo condena por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de prevaricación y a su vez en concurso con un delito de malversación, en los dos últimos como cooperador necesario en calidad extraneus, con las mismas atenuantes ya mencionadas y le impone un año y nueve meses más de cárcel, así como otras penas adicionales de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 540 euros.
