La unión provincial de UGT ha mostrado este martes su rechazo al planteamiento del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas; pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia.
Para el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, el sindicato está «totalmente en contra de lo expresado por el alcalde de cobrar por visitar la Plaza de España a los turistas». «Parece mentira que se esté haciendo un planteamiento de tan poco recorrido para una ciudad que es líder de turismo, sin el menor consenso ni con los sindicatos, ni los empresarios, algo que perjudica de manera clara a los ciudadanos y las ciudadanas, ya que se está privatizando un espacio público», ha dicho.
«Desde UGT, como ya hemos puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, estamos a favor de una tasa turística como se hace en la mayoría de los países de Europa, una tasa que contribuya al mantenimiento del espacio público. Todo lo que se imponga en temas recaudatorios no va a ser positivo para el turismo ni para el destino», ha dicho considerando que la propuesta municipal «perjudicaría a Sevilla y perjudicaría al empleo de manera clara».
«En UGT Sevilla lo tenemos claro: estamos en contra de la privatización de un espacio que es público, de ese y de cualquier espacio público, ese es un modelo de gestión del que estamos completamente en contra», ha rematado.
El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado, responsable de parte del monumento, un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.
EL DINERO DE LA TAQUILLA
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
La idea, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que «financiar la conservación» del monumento y «mantener un servicio de vigilancia las 24 horas» del día en el mismo, así como para abrir una escuela de «restauración permanente» para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público.
POSTURAS EN CONTRA
La propuesta ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viaje, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales, mientras la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre.
El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría «privatizar» esta plaza.
