Cruz Roja volvió a las salas de asilo de Barajas, cuyos gastos enfadan a policías

José Javier Sánchez Espinosa, director de Migraciones de Cruz Roja, ha confirmado a MONCLOA que los equipos de atención psicosocial vuelven a estar presentes en las salas de asilo del aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas. Además, señala que durante el periodo que no estuvieron presentes, siguieron atendiendo a las personas que salían del aeropuerto y eran derivadas a los recursos de acogida, «trasladándoles y acogiéndoles», explica Sánchez Espinosa. No obstante, el gasto que ha asumido la Policía Nacional por el caos que se vivió ha indignado a los policías, que creen que se debería pagar con el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en vez de Interior.

Confirmada la presencia de Cruz Roja en las salas de asilo, desde la ONG insisten en que su retirada fue temporal debido a la ocupación que era muy alta y las condiciones, que no eran las adecuadas para desempeñar su trabajo con normalidad. En el momento en el que fueron idóneas, y eso ocurrió a partir del 21 de febrero, volvieron, y desde entonces la ocupación vuelve a estar dentro de los límites de la capacidad de la sala, sin excesos.

UN GASTO EXTRA EN ASILO

Al irse Cruz Roja, la Policía Nacional tuvo que asumir o desempeñar parte de sus labores y eso conllevó un coste. Desde el sindicato CEP (Confederación Española de Policía) se han quejado del coste y que de que para algunas cosas sí haya dinero (comidas, limpieza o literas por la crisis de asilos en el aeropuerto de Barajas) y otras no (jubilación digna, profesión de riesgo, retribuciones o dietas para policías).

Según los datos que maneja CEP, el acuerdo por el que se toma la declaración de emergencia para la contratación de los servicios y suministros necesarios para atender a las personas solicitantes de protección internacional que se encuentran alojados en las salas de asilo aeroportuarios de Madrid-Barajas, tenía un importe máximo de 620.000 euros, según el resumen que Moncloa emitió tras el Consejo de Ministros el 27 de febrero. «Detrás de eso se esconde el gasto extraordinario que Policía Nacional debió asumir para pagar el coste que generó la crisis por el aumento de solicitudes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez, entre diciembre de 2023 y enero de 2024».

CEP PIDE QUE ASUMA EL GASTO DE ASILO EL MINISTERIO DE MIGRACIONES

Según CEP, se han destinado 330.000 euros para alimentación, 70.000 euros para limpieza, 60.000 en suministros, otros 60.000 para compra de mobiliario y 100.000 para arrendamientos, según el gasto tope autorizado cuando se alcanzó el límite de las salas de asilo del aeropuerto. En ese momento se abrieron una tercera sala para 80 mujeres y niños y una cuarta sala para 180 personas más. «Un coste que ha tenido que asumir la Policía Nacional de sus presupuestos, no el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», protesta el sindicato.

es alucinante que para algunas cosas si haya dinero y para otras no

Al margen de si la policía debe actuar como una ONG, pues «una cosa es que los policías hagamos nuestro trabajo con humanidad y otra que convirtamos el organismo que paga los gastos provocados por una crisis asilos en el aeropuerto, lo que es alucinante es que para esto si haya dinero, porque esos 620.000 euros equivalen al coste de turnicidad de un mes de 5.166 compañeros. O a las dietas completas de un día de 8.038 policías. O al 5,5% del total de presupuestos de Acción Social de Policía Nacional», ponen de ejemplo fuentes de CEP.

La Policía Nacional desarticuló una organización que trajo a migrantes que colapsaron Barajas y a partir de ahí la situación mejoró./Defensor del Pueblo.
La Policía Nacional desarticuló una organización que trajo a migrantes que colapsaron Barajas y a partir de ahí la situación mejoró./Defensor del Pueblo.

Una cuestión que lo consideran «otra falta más de respeto del Ministerio de Interior -a sus agentes-, y son ya tantas y tan reiteradas, que mantenemos nuestra negativa a asistir a las reuniones convocadas por la Dirección General de la Policía (DGP), donde quieren enredar, pero nunca se llega a nada», ni a la jubilación digna, ni a la profesión de riesgo, etc.

MARLASKA VIAJA A MAURITANIA POR EL PACTO MIGRATORIO

Cabe destacar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, viajarán este jueves, 7 de marzo, a Mauritania para escenificar el refuerzo de la cooperación con este país en asuntos clave como el control migratorio, una asociación que estará apoyada por un paquete de ayudas e inversiones anunciadas el pasado febrero por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otra visita a Mauritania.

Así lo han anunciado en sendas comparecencias ante los medios en Bruselas Marlaska y Johansson, que viajarán acompañados también por la secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Moor, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la Consejo de la UE este semestre.

Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otra visita a Mauritania.
Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otra visita a Mauritania.

Mauritania es un «socio muy estratégico» para la Unión Europea y por ello se ha programado esta visita en el marco del llamado ‘Team Europe’, por el que el bloque aúna esfuerzos y recursos de las instituciones comunitarias y países miembro, para «firmar un acuerdo con Mauritania».

También Marlaska se ha referido al viaje para presentar el «partenariado Unión Europea-Mauritania» como un ejemplo de la «importancia» de las «relaciones estratégicas» con países terceros que son origen o tránsito de los flujos de migración irregular que llegar a la frontera exterior de la UE. Mauritania, ha dicho el ministro, es un socio «muy fiable» para los Veintisiete en la región del África Occidental y del Sahel.

El pasado mes de febrero, Von der Leyen y Sánchez viajaron a este país africano para ofrecer más apoyo en forma de fondos e inversiones a este país a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios -como ya la tiene con otros del norte de África como Túnez o Marruecos-, tras dispararse en los últimos meses la partida de cayucos de sus costas con rumbo a las islas Canarias.