Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a tres agentes de la Policía Nacional a los que se acusaba de abatir a un joven de 21 años en el rellano de su casa de Vallecas. Los miembros del jurado aprecian que en este caso concurre una eximente completa de legítima defensa que les libra de responsabilidad penal.
Nada más conocerse el fallo, el sindicato JUPOL ha mostrado su alegría por la decisión tomada por el tribunal de jurado que ha declarado no culpables a los tres policías de Vallecas que el pasado noviembre de 2021 acudieron a la llamada desesperada de una madre que estaba siendo atacada por su hijo, que la amenazaba con un cuchillo. Según el sindicato ha confirmado a MONCLOA, el veredicto del jurado popular decretó a los tres agentes no culpables con 7 de 9 votos a favor y, por tanto, la absolución de los mismos. Ahora es el juez el que redactará la sentencia definitiva en los próximos días.
El proceso judicial se ha alargado durante más de dos años, por una intervención en la que los agentes fueron atacados de manera extremadamente violenta y se vieron obligados a hacer uso del arma de fuego para proteger sus vidas. «Una intervención que fue completamente ajustada a derecho como se ha demostrado gracias a la defensa ejercida por el sindicato JUPOL», defienden fuentes sindicales.
DOS AÑOS DE CALVARIO PARA LA POLICÍA POR UNA LEGÍTIMA DEFENSA
Pero a lo largo de esos dos años, los agentes han sufrido un auténtico calvario a la par que los servicios jurídicos que les atendían tenían que aportar múltiples pruebas periciales para demostrar la inocencia de los policías y la legítima defensa que ejercieron durante la intervención. El portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, ha manifestado que «es intolerable que sufran los agentes de la Policía Nacional cada vez que se enfrentan a una intervención en la que en legítima defensa tienen que hacer uso del arma de fuego de dotación y cumplir con su deber», un reproche que va directo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«El proceso judicial y la pena de banquillo a la que se ha sometido a estos tres agentes de la Policía Nacional durante los últimos tres años ha sido completamente intolerable, demostrando la continua desprotección a la que se tiene avocados a los policías nacionales por parte del Gobierno de España y de la Dirección General de la Policía, que una y otra vez nos dejan en situación de desamparo, abandono y desprotección», comenta el portavoz de JUPOL.
Y añade con contundencia: «es una abominación que tres policías se hayan tenido que sentar en el banquillo, ante un tribunal de jurado, por ejercer su trabajo conforme a la legalidad y añaden que es intolerable que cada vez que un policía tiene que hacer uso de su arma de fuego reglamentaria, de manera legítima, para evitar una situación violenta o para defenderse de un ataque contra su vida e integridad física se vea obligado a un escarnio público y judicial».
Domínguez ha solicitado a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior apoyo para los policías nacionales y que de manera inmediata ponga en marcha la elaboración de un plan sobre el uso de la fuerza para la Policía Nacional, que garantice una seguridad jurídica a los agentes, que realice la actualización del Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional, que data de los años 80 y que dote a todos los policías nacionales de los medios materiales necesarios para garantizar su seguridad y su integridad física.
Este calvario se merece la Cruz con distintivo rojo en reconocimiento al impacto personal, emocional y profesional que han vivido durante dos años
Por otro lado, JUPOL ha anunciado que, tras este calvario judicial vivido por los tres agentes, va a solicitar a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior la inclusión de los agentes en la Orden del Mérito Policial reclamando para los agentes la Cruz con distintivo rojo, en reconocimiento al impacto personal, emocional y profesional que han vivido.
Lo que ha prevalecido en la sentencia es la legítima defensa, una eximente de responsabilidad penal que consiste en cometer una acción punible cuando se obre en defensa de una persona o de derechos propios o ajenos. Y los hechos se produjeron la tarde del 26 de noviembre de 2021. Los agentes subieron en ascensor a la planta novena del edificio tras recibir una llamada de alerta desde la vivienda. En el relleno, un espacio de un metro, se vieron sorprendidos por el ataque violento de la víctima que, sin mediar palabra, se les abalanzó con un cuchillo. Los policías detonaron cerca de 19 disparos.
A pesar de los tiros, tuvieron que esposar al chico en el suelo cuando le estaban asistiendo los equipos sanitarios. El consumo de diferentes tipos de drogas, entre ellas éxtasis, le llevó a tal estado de excitación que no era consciente de los impactos de bala, según ratificaron los expertos forenses en a prueba pericial.
EL PARLAMENTO EUROPEO ESTUDIA RECONOCER LA PROFESIÓN DE RIESGO A LA POLICÍA
Las imágenes mostraban las acometidas de la víctima con un cuchillo contra los agentes y cómo estos se ven obligados a desenfundar sus armas reglamentarias después de que el escudo se les cayera al tropezar al estar en un espacio muy reducido. Los forenses que examinaron el cuerpo del joven abatido en Vallecas manifestaron que hallaron tres tipos de droga en la analítica de sangre y orina del fallecido que pudieron influir en su estado de excesiva agresividad, ratificando en la vista oral que hubo un consumo reciente con varias dosis en las ocho horas anteriores a la muerte.
Pero esta sentencia no es el único revés que ha sufrido esta semana el ministro Fernando Grande-Marlaska, ya que por primera vez, los eurodiputados han atendido las reclamaciones de los sindicatos policiales, ente caso CEP, y el Parlamento Europeo ha pedido al Consejo, el máximo órgano ejecutivo comunitario, un estudio previo a medidas legislativas, sobre el aumento de las agresiones a policías y su consideración a policías y su consideración como profesión de riesgo, «lo que deja en evidencia aún más, al Ministerio del Interior y su desprecio hacia los policías», señalaban fuentes sindicales.
NUEVO RECÓRD DE AGRESIONES A LA POLICÍA
El encargo del Parlamento Europeo supondrá la elaboración de un informe que estudie en profundidad la realidad denunciada por CEP, ya que el año pasado se produjeron 16.762 infracciones penales de este tipo en ámbito de Policía Nacional y Guardia Civil, alcanzándose un nuevo récord histórico al superar en un 0,66% el dato de 2022, que ya era a su vez el mayor de los últimos 15 años.
Este aumento de los ataques a los miembros de las FCSE tuvo especial incidencia entre policías nacionales, ya que un 55,6% del total de agresiones (9.366 delitos) se produjo contra ellos. Frente a esta realidad, un fenómeno cuya gravedad no decae, sino que repunta cada año, el Ministerio de Interior no ha dado un solo paso para que ambos colectivos tengamos esa consideración de profesión de riesgo en una estrategia irresponsable que constituye un desprecio para los 154.000 profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil.
Los últimos casos más sonados han sido los dos guardias civiles que junto a otras cuatro personas fueron arrolladas por un camión en un control de la Guardia Civil en Los Palacios (Sevilla), Eneko Lira Gómez, de 36 años y Juan Jesús López Álvarez, de 34 años, del grupo de Acción Rápida. Y en Gijón, un policía nacional también sufrió una herida inciso contusa en el mentón y otra en la mandíbula por una agresión con un cuchillo de cocina, durante una intervención por una llamada de una madre que denunciaba que su hijo le estaba agrediendo.
