La última agresión a funcionarios de prisiones: lejía, patadas y puños

Los funcionarios de prisiones no están dispuestos a que el movimiento reivindicativo surgido a raíz del asesinato de Nuria López, la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) a la que mató un preso en la cocina, se enfríe, por mucho que el Govern haya dado por concluida su aportación en la investigación del caso. Además, sienten que cada día les hacen alguna pascua, pues ni dimiten las autoridades «porque se empeñan en justificar su incompetencia» ni cesan las agresiones en el trabajo, que viven una escalada desde hace años, y además consideran que tratan de enfrentar a los funcionarios con los propios presos, como si fueran enemigos, cuando ellos están también para defender a la población reclusa de bien.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha denunciado un nuevo ataque de un interno al personal de tratamiento penitenciario de Quatre Camins sucedido el pasado día 25 de marzo, en el módulo semiabierto. Según han informado fuentes sindicales, el agresor fue un interno que tenía que realizar un nuevo programa individual de tratamiento adaptado a su situación, debido a su involución conductual, lo que viene siendo por su mal comportamiento, pero el preso reaccionó de forma muy agresiva cuando vio que le tenían que cambiar de módulo amenazó a los profesionales que dieron por finalizada la entrevista.

Seguidamente, el interno se presentó en el despacho central del personal de tratamiento para increparlos, insultarlos de nuevo, con una actitud muy descontrolada, gritando y amenazándoles de muerte, manteniendo la agresividad sin que los profesionales pudieran reconducir la situación. «Cuando el interno ha visto que sería trasladado a los módulos ordinarios del centro vuelve al despacho de tratamiento y da patadas y puñetazos en la puerta hasta que consigue reventarla, rociando el suelo con lejía y jabón. Después, lanzó los dos bidones a los profesionales, que tuvieron que bloquear la puerta con la ayuda de dos mesas, haciendo una barricada para garantizar su integridad», informan fuentes sindicales.

CSIF insiste en que no son hechos aislados ni poco comunes en las prisiones, como a veces tratan de dar a entender las autoridades políticas. «Es una situación en la que los profesionales se encuentran a menudo. Se trata de un interno que gozaba de permisos y salidas, ya se puede imaginar el nivel del resto. Es intolerable el nivel de inseguridad que sufrimos todos los días y la falta de medios de seguridad para poder contener estas situaciones».

El GOVERN QUIERE DIALOGAR CON FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Y en medio de este contexto de crispación y malestar que se vive entre el colectivo de los funcionarios de prisiones, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha dado por «concluida» la aportación del ejecutivo catalán sobre el crimen de Núria López y el preso que la asesinó antes de suicidarse, caso que siguen investigando policial y judicialmente. Plaja ha argumentado que el Ejecutivo catalán tardó unos días en presentar el informe porque «los accesos de trabajadores y a los centros penitenciarios estaban condicionados por las protestas» de los funcionarios de prisiones, que no cesan.

La política ha lamentado que el conflicto con los sindicatos «no se ha resuelto» tras la reunión que mantuvo con los sindicatos la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. Después de ese encuentro, el único avance es que se han revisado los criterios que los presos deben cumplir para trabajar en la cocina, según el tipo de delito cometido, y se han apartado a varios reclusos en Lledoners (Barcelona) y Ponent (Lleida).

El Govern quiere que haya más diálogo con los representantes sindicales para trazar una estrategia compartida para mejorar la seguridad en las cárceles catalanas, pero los sindicatos siguen muy enfadados. CSIF les pregunta: «¿Qué pasará de aquí en adelante si se sigue aplicando el plan de aperturismo que defiende Ubasart? Recuerde que consiste en bajar el listón del criterio para la concesión de permisos y terceros grados, por tanto, internos con pronóstico menos favorable alcanzarán este nivel. La política penitenciaria no puede medirse por el número de terceros grados otorgados, sino para mejorar la seguridad y los medios personales y técnicos».

Los funcionarios de prisiones exigen la dimisión de la consellera de Justicia Gemma Ubasart ni el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, además de la de los directores de varias cárceles donde se han producido conflictos.
Los funcionarios de prisiones exigen la dimisión de la consellera de Justicia Gemma Ubasart ni el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, además de la de los directores de varias cárceles donde se han producido conflictos.

LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES EXIGEN MANO DURA AL GOVERN CON PRESOS PELIGROSOS

Y sobre todo, lo que exigen los funcionarios y sus representantes sindicales es que a los internos con conductas violentas y agresivas se les aplique el reglamento penitenciario con criterio y rigor. «Es un ejemplo de a dónde nos ha traído las políticas de esta dirección general. Estamos contando los días para que se vayan todos a casa», recuerda el sindicato. Mientras tanto, la coordinadora de ACAIP en Cataluña ha compartido una carta anónima -para evitar represalias- de una funcionaria de prisiones donde cuenta el panorama que hay actualmente.

«Señores, si alguien respeta los derechos humanos de los presos de este país, somos los funcionarios de prisiones»

Los últimos acontecimientos le tienen anclada en un sentimiento de «desamor contra el sistema» y tras conocer a la familia de Nuria, destaca que su compañera luchó por su vida con uñas y dientes, porque así lo explican las marcas de su cuerpo. Asimismo, responsabiliza a las autoridades que «nos tienen trabajando bajo mínimos de personal y sin herramientas para salvar nuestra propia vida y la de nuestros compañeros, a los que ni siquiera se nos considera agentes de la autoridad».

La funcionaria de prisiones, como portavoz del colectivo, defiende que «alguien tiene que dar la cara y no solo por Nuria, nosotros no nos olvidamos de nuestros compañeros de la Guardia Civil, recientemente asesinados en el Estrecho, de nuestros policías que tienen que dejar pegarse en las calles para que ustedes no les procesen judicialmente. Dejen de infundir miedo en las personas de bien, dimitan, asuman responsabilidades, porque han perdido ya los papeles».

LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES NO SON LOS MALOS DE ESTE CIRCO

Los funcionarios de prisiones defienden que hacen su trabajo con honor y valentía, «lo que queremos es que nuestra integridad física valga lo mismo que la de cualquier ser humano, porque también somos sujetos de esos derechos humanos de los que tanto hablan nuestros políticos en sus vacías e insultantes ruedas de prensa». Y reta a los políticos: «Ojalá alguno tuviese agallas para ponerse un uniforme y pasar un día de trabajo con nosotros. Señores, si alguien respeta los derechos humanos de los presos de este país, somos los funcionarios de prisiones, que conocemos sus angustias, miedos, fracasos y éxitos. No somos los malos de este circo. La mayoría de los presos ‘de bien’, que también los hay, tampoco se sienten protegidos y si nosotros no estamos seguros, tampoco podemos garantizar la seguridad de la población reclusa».

La carta de la funcionaria relata que vivimos en un entorno de gente sin escrúpulos (muchas veces con personas con problemas psicológicos y sin departamentos especializados para cubrir sus necesidades), donde los perfiles se han mezclado, y con un gran sector de personas polidelincuentes que «no se contentan con robar una cartera, sino que también apuñalan, violan y matan a la misma víctima, los cuales han convertido los patios en escenarios de batallas campales entre los mismos reclusos».

La funcionaria deja claro que ser delincuente no es no tener valores, pero ahora mezclan a los que no tienen con los que sí tienen. Y por ello exigen «que no se premie un insulto, una pelea o un incendio con tabaco gratis, pagado por el conjunto de los españoles que sí contribuye a las arcas del Estado con sus impuestos. Y eso se está dando para que los chicos malos no se porten mal. Como podrán entender, estas políticas solo provocan que cuando un preso inadaptado tenga mono, provoque altercados para conseguir su cigarro o su pastilla relajante. No entienden que así no se educa, que así no se reinserta».