Más de 84 colectivos ecologistas solicitan a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), responsable de la protección del dominio público hidráulico y de garantizar su buen estado; los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Castilla-La Mancha, de Emiliano García-Page y Extremadura, de María Guardiola, responsables de los espacios protegidos y de la política agrícola; al Canal de Isabel II, responsable de la gestión de los principales focos de contaminación del agua de la cuenca; así como el Ministerio para la Transición Ecológica, de Teresa Ribera y de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Luis Planas, que no miren para otro lado y solucionen los problemas que sufre la cuenca del río Tajo, al sufrir el mayor trasvase de agua existente en nuestro país.
Desde hace tiempo, el estado ecológico de los ríos madrileños no es bueno, especialmente los tramos medios y más aún los tramos bajos. Los vertidos de aguas residuales, pesticidas y abonos agrícolas, escombreras, construcciones ilegales, infraestructuras obsoletas, etc. degradan la calidad del agua y los ecosistemas fluviales, por lo que algunos ríos y arroyos se han convertido en auténticos colectores de porquería. Esta degradación no solo es un problema ambiental, también supone una amenaza para la salud de las personas.
APARTE DEL TRASVASE, FALTA CALIDAD DEL AGUA POR ACCIÓN U OMISIÓN
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha denunciado la detracción excesiva de sus caudales, pérdida de su dinámica fluvial, ocupación y degradación de sus riberas y, muy visiblemente, falta de calidad de sus aguas por la acción u omisión de las distintas administraciones públicas, a las que se les recuerda su obligación legal para alcanzar y mantener unos ríos en buen estado, recuperando sus funciones ambientales, culturales y sociales.
Entre los colectivos firmantes se encuentran entidades locales y regionales de toda la cuenca del Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Portugal), así como colectivos de otras cuencas hidrográficas y de ámbito nacional. De hecho, tras celebrarse el Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, la Plataforma por los ríos madrileños y el río Tajo organizó el sábado 23 un paseo por el entorno del embalse de Bolarque, un lugar en el que el Tajo pierde buena parte de su caudal por el trasvase con el Segura.
Bajo el lema ‘Por unos ríos vivos, con agua para la vida’ y con una gran pancarta subrayando: «Queremos ríos vivos con agua para la vida», numerosos colectivos ciudadanos y ecologistas mostraron su rechazo y reivindicaron las obligaciones que imponen las legislaciones europeas, estatales y autonómicas, frente a unos ríos que agonizan con riberas ocupadas y trasformadas, cauces sin continuidad fluvial, aguas colmatadas de residuos, toallitas, espumas o aguas residuales.
Asimismo, criticaron que el trasvase, el mayor que se realiza en España, impide la circulación que necesita el río Tajo para alcanzar su buen estado ecológico, por lo que reclama tanto a Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a Luis Planas, de Agricultura, Pesca y Alimentación, que renueven la legislación obsoleta para abastecer una agricultura ajena, insostenible, desmesurada, tóxica e insolidaria que ya está causando enormes daños ecológicos, también en las cuencas receptoras, con el colapso ambiental del Mar Menor o el mantenimiento artificial de las Tablas de Daimiel. «Y ello sin tener en cuenta la reducción de aportaciones naturales por efecto del cambio climático que hacen cada vez más inviable seguir derivando agua a otras cuencas hidrográficas».
FALTAN DEPURADORAS EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS
Actualmente, «la ineficiente depuración de las aguas de las urbes madrileñas, convierten los cursos bajos de los ríos madrileños y al río Tajo en cloacas a cielo abierto», comentan los ecologistas, que reprochan al Gobierno regional madrileño de ignorar sistemáticamente su obligación legal de adaptar sus depuradoras al cumplimiento del objetivo del buen estado de las masas de aguas receptoras. Además, numerosos ayuntamientos castellano-manchegos carecen de sistemas de depuración o bien estos son también insuficientes. Recordemos que el PP reclamó a la Diputación de Guadalajara atajar las multas de la CHT a ayuntamientos por ausencia de depuradoras, a consistorios como los de Retiendas, Tamajón y Auñón.
Para el PP es incomprensible que municipios con cuatro o diez habitantes, y presupuestos de 30.000 euros o menos, puedan asumir la construcción de las depuradoras y mucho menos el mantenimiento de las mismas. Por eso reprochaban a los responsables socialistas que gobiernan en la Diputación y en la Junta de Comunidades que miren hacia otro lado en vez de buscar soluciones a este grave problema, recordando que es la Administración Regional quien tiene las competencias sobre los proyectos, la ejecución y gestión de las infraestructuras hidráulicas correspondientes a la depuración de aguas residuales en nuestro territorio.
Esta degradación no solo es un problema ambiental, también supone una amenaza para la salud de las personas
Por si esto fuera poco, la contaminación difusa de la agricultura es corresponsable de las altas concentraciones de nutrientes en muchos de nuestros ríos. Y los caudales ecológicos fijados por ley, son insuficientes para reproducir los procesos ecológicos naturales de un río. «A esto hay que sumar, los incumplimientos legales del Plan Hidrológico para seguir garantizando agua para el trasvase mientras se le priva al río Tajo», denuncian los ecologistas.
Además reprochan la dejación de funciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo respecto a su obligación legal de dar trámite a la eliminación de barreras sin uso que impiden la continuidad fluvial. Por ejemplo, desde 2005 se han retirado en la Comunidad de Madrid solo media docena de barreras (azudes) del más del centenar que existen en los ríos madrileños, la mayoría en estado de abandono.
EL PSOE PIDE AL PP QUE NO CEDA ANTE LOS GOBIERNOS DE MURCIA Y VALENCIA
El grupo parlamentario socialista de Castilla-La Mancha ha pedido que se cumpla la ley en relación al trasvase Tajo-Segura, al tiempo que lamenta que «el PP de CLM hable de guerra de agua», pues «está diciendo que se lo entreguemos todo al Levante». El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, informó sobre la última reunión entre los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia para abordar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, pues hay cinco sentencias a favor del Tajo, a favor de Castilla-La Mancha, y ha pedido que «se cumpla la ley y que se cumplan las sentencias», ya que es «indefendible» que el PP de Castilla-La Mancha «siempre esté con los intereses del Levante».
En este punto, ha lamentado que «el PP de Castilla-La Mancha hable de guerra de agua», pues «está diciendo que se la entreguemos toda al Levante, que Castilla-La Mancha se rinda, como si si Castilla-La Mancha no tuviese necesidades de agua», y le ha pedido que, «de una vez por todas, arrime el hombro y defienda los intereses de la región».
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que tome conciencia de que el tema del agua es un problema de interés regional y no una cuestión de partidos; por lo que les ha llamado a defender los intereses de Castilla-La Mancha, frente a los intereses de los presidentes populares de Murcia y Valencia. Asimismo, el vicepresidente primero ha recordado que el Plan Hidrológico del Tajo contempla, por primera vez, el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez, ratificado por sentencias judiciales, y el siguiente paso es redefinir las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, planteamiento que se defiende desde Castilla-La Mancha.
Y el PP, en cambio, reprocha a Emiliano García-Page el cánon del agua aprobado que entrará en vigor en 2024, con el que pretenden recaudar más de 38 millones de euros. Según los populares, la factura crecerá sustancialmente en hogares, pequeños comercios e industrias y se pagará aunque no se consuma, incluso si se tiene contador. Por ello le reclaman obras hidráulicas, no este nuevo impuesto a través de los ayuntamientos, con el pretexto de perseguir un uso eficiente del agua. Por sus cálculos, el PP indica que un ayuntamiento de unos 13.000 habitantes podría recaudar 242.840 euros para Page y pagará 88.800 euros de sus consumos propios. Además, la factura de un hogar con 4 personas podría aumentar 96 euros más al año, la de una peluquería unos 232 euros y la de un bar 572 euros.
