La Audiencia Provincial de Huesca ha desestimado el recurso para la puesta en libertad del joven kamikaze que el pasado mes de enero embistió en Sabiñánigo (Huesca) a un vehículo de la Guardia Civil cuando pretendían darle el alto por conducción temeraria tras una persecución por la autovía A-23 en dirección a Francia.
La sección Penal de la Audiencia Provincial de Huesca compuesta por los magistrados Mariano Eduardo Sampietro, Iván Oliver y Santiago Giménez ha desestimado el recurso de apelación directo planteado por la defensa de E.M. P contra la resolución de la Juez de Instrucción Nº2 de Jaca que había decretado la prisión incondicional sin fianza para el citado investigado.
La defensa del encausado en sus legítimas alegaciones había tratado de minimizar los hechos y manifestar un presunto arraigo y la existencia de medidas menos privativas de la libertad. Frente a la frontal oposición de la acusación particular dirigida por el letrado de Independientes de la Guardia Civil (IGC) Jorge Piedrafita que representa a los agentes de la guardia civil lesionados y que fueron arrollados y golpeados por el acusado que seguirá en prisión.
el kamikaze, PRESUNTO AUTOR DE VARIOS DELITOS
La acusación particular se muestra satisfecha, ya que la resolución recoge su argumentación en la oposición a la puesta en libertad, señalando que el investigado es presunto autor indiciario de varios delitos, estos son de gravedad (tentativa de homicidio, conducción temeraria, atentado, daños, lesiones) con una elevada pena y la existencia del elevado riesgo de fuga del investigado que hubiera puesto en riesgo el desarrollo de la vista oral y la ejecución del fallo que resulte de la misma.
De esta forma la Audiencia corrige su errónea decisión de hace cuatro años (compuesta por otros magistrados) en la que se puso en libertad a los dos alemanes que durante el primer fin de semana del Estado de Alarma ocasionado por la pandemia, entraron ilegalmente en España embistiendo vehículos policiales, y que tras su puesta en libertad se dieron a la fuga, lo que ha impedido que se celebre el juicio y se haya hecho justicia a los guardias que pudieron perder la vida y acabaron lesionados, de forma muy similar al presente caso.
El letrado de IGC, J.Piedrafita, resalta que se seguirá trabajando intensamente en la causa cuya instrucción está próxima a finalizar, para lograr la máxima pena por unos hechos que son graves y que sea disuasiva para evitar que poner en peligro a la población y los agentes policiales salga muy barato mediante tratos fáciles y acusaciones tibias.
Según el auto al que ha tenido acceso MONCLOA, «la prisión provisional se presenta como una respuesta ponderada y razonable, sin perjuicio de la necesidad de que la causa se sustancie con la mayor rapidez posible», por ello desestima el recurso de apelación interpuesto el 4 de marzo.
Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) hacen un nuevo llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que se materialice de una vez por todas el reconocimiento de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesión de riesgo, al igual que ya tienen reconocidas otras policías autonómicas y locales, ya que en palabras de su portavoz, Daniel Fernández «episodios como este evidencian los peligros que asumimos los guardias civiles cada día para garantizar la seguridad ciudadana en todo el Territorio nacional».
