El nuevo centro de menores extranjeros no acompañados (menas) en un chalet de la calle Josep Pla, 40, en el Distrito IV de Alcalá de Henares, una instalación gestionada por una empresa adjudicataria de un contrato público de la Comunidad de Madrid que está generando preocupación entre los vecinos del barrio Ciudad 10, ha causado enfrentamiento en el pleno de la ciudad, pero ya no solo entre Gobierno y oposición, formada por los grupos PSOE y Más Madrid, sino entre los propios socios del Gobierno, PP y Vox, formación que se ha quedado sola exigiendo su cierre.
Vox presentó una moción para denunciar y rechazar su continuidad alegando que «falta la solicitud de licencia de actividad para el uso del chalet, la ausencia de licencia de obras para la ampliación de dormitorios y el desconocimiento sobre la escolarización de los menores de 16 años como exige la ley». Su propósito era volver a criticar la inmigración ilegal desordenada y el «efecto llamada» que, según afirma su portavoz Víctor Acosta, ha sido promovido por el actual Gobierno de Pedro Sánchez, pues está deteriorando el modo de vida y la economía de los ciudadanos locales.
Además, según la formación de Santiago Abascal, el coste de la operación asciende a 161,57 euros diarios por inmigrante, lo que suma 721.248,48 euros anuales para 12 inmigrantes, pagados con dinero público. «Este gasto demuestra el carácter lucrativo de la inmigración ilegal para algunas entidades».
EN EL PLENO DE ALCALÁ PREOCUPA «LA DEMAGOGIA» DE VOX
Pero aunque el político leyó un manifiesto redactado por los vecinos de Ciudad 10, donde mencionan que: «el día que llegaron estos menores a Josep Plá, las cuidadoras confirmaron que venían de Castellana 173, una vivienda que tuvieron que abandonar tras año y medio por problemas de convivencia, incluidos heridos y trapicheos con drogas», ni PP, ni PSOE, ni Más Madrid apoyaron su propuesta, que votaron en contra de ella.
De hecho, Acosta pidió a la portavoz de Más Madrid, Rosa Romero, que «acoja en su casa a uno de estos MENAs y los eduque junto a sus hijos». Y Raúl Herrero, el edil del PSOE, les dejó claro que la utilización política de Vox, y el Gobierno al que pertenece, en temas de inmigración empieza a ser muy preocupante.
«Es inadmisible que ustedes estén haciendo demagogia sobre un tema tan importante», aunque «hemos sabido que (el centro) se encuentra al margen de la legalidad urbanística y que nadie ha solicitado la licencia de obras (pues están acondicionando la buhardilla y el garaje como dormitorios), esto denota el poco interés de la Comunidad de Madrid por estos menores y demuestra la nefasta gestión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento», subrayaba Herrero. Además, el socialista apuntaba que «los servicios de inspección del Ayuntamiento han tratado de comprobarlo y no les han permitido el acceso».
Horas más tarde del pleno, desde la plataforma del colectivo vecinal Ciudad 10 comentaban que ese mismo martes 21 de mayo por la noche, sobre las 23.15, la policía tuvo que volver al chalet al escucharse golpes y gritos, a los que las monitoras y desde las instituciones se les resta importancia.
VOX ASEGURA QUE EUROPA SE LA JUEGA CON LOS PACTOS MIGRATORIOS
Es evidente que la estrategia de Vox de cara al 9-J va a ser señalar a los inmigrantes ilegales, pues en el primer acto que tuvieron en Alcorcón de precampaña para las europeas, Rocío Monasterio apuntó que «en estas elecciones nos jugamos unos pactos migratorios que hagan que acabemos invadidos de inmigración ilegal». La líder de Madrid acompañó a Jorge Buxadé, el cabeza de lista para dichos comicios, y al número 3, Juan Carlos Girauta, anteriormente de Cs.
Monasterio insistió en acusar a la inmigración ilegal de otras consecuencias en la seguridad: «necesitamos una sanidad de calidad, que ojalá fuese universal y se la pudiéramos dar a todo el mundo, pero privilegian a los que saltan la valla frente a los que pagamos impuestos». Y añadía: «quiero que mi hija salga a la calle y no pensar que se va a cruzar con una panda de delincuentes», como si los delincuentes solo fuesen extranjeros y no los hubiera también españoles.
Desde Vox en Alcalá recordaron que ya el año pasado el Ministerio de Defensa habilitó el Cuartel Primo de Rivera para alojar a miles de inmigrantes ilegales trasladados a la ciudad por el Gobierno del PSOE, situación que Vox denunció y exigió cerrar, aunque la propuesta, al igual que ha ocurrido con el centro de menas, fue rechazada por el resto de los grupos municipales.
No fue la única polémica en el pleno de Alcalá, ya que el grupo municipal Vox se tuvo que defender de mociones que presentaron otros grupos de la oposición, la primera sobre la Ciudad Deportiva Municipal, donde el portavoz les ha hecho un repaso a los socialistas sobre la situación de este organismo.
Acosta les echó en cara los concejales que formaron el anterior Gobierno municipal que «no hay una herramienta para el control de presencia del personal, que es obligación legal desde hace años, no se han presentado las preceptivas declaraciones de IVA en los últimos años, saben ustedes que se han perdonado pagos a empresas concesionarias sin ningún motivo legal, a determinados clubs deportivos se les ha perdonado el pago de las tasas de utilización de las instalaciones, los responsables de los contratos ni siquiera sabían que lo eran, porque nadie se lo comunicó».
Además, afirmó que «podría seguir así durante horas, y me viene ustedes a decir que se ha retrasado el pago de las subvenciones a algunos clubs deportivos, cuando además resulta que ya se ha regularizado la situación».
CON VOX SALEN A RELUCIR OTROS PROBLEMAS DE GESTIÓN EN ALCALÁ
Por otro lado, otro de los concejales de Vox, Antonio Peñalver, desmontó al grupo socialista en su moción presentada sobre las obligaciones de la empresa pública Madrid Activa con las empresas de Tecnoalcalá, aludiendo que lo que piden es que «se genere un gasto extra de las arcas municipales cuando no es responsabilidad nuestra». Tecnoalcalá fue constituido por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de dinamizar económicamente el Corredor del Henares. La gestión corresponde a la sociedad de Madrid Activa S.A.U.
Peñalver les reprochó que «han estado gobernando 8 años en el Ayuntamiento de Alcalá y en paralelo llevan 5 años en el Gobierno de la Nación, y ahora nos piden que impulsemos algo que ustedes no han hecho. Esto es una incongruencia». No obstante, el Gobierno municipal está comenzando a emprender un plan estratégico de desarrollo económico para el municipio de Alcalá que ayude a promover de una manera objetiva, rigurosa y racional un mayor impulso económico a Alcalá, con el foco en apoyar a las empresas, incluidas las del parque tecnológico.
Antes del pleno, además, el grupo del PP tachó de irresponsable y caprichoso al ex alcalde, el portavoz socialista Javier Rodríguez Palacios, y le animaba a pagar la indemnización de 417.267 euros al anterior secretario general del Pleno, tras impedirle prolongar su servicio activo para continuar ocupando el puesto cinco años más tras cumplir la edad de jubilación, es decir, hasta los 70. Desde el PSOE enseguida lanzaron un comunicado manifestando su sorpresa «ante la falta de rigor de su concejala de Recursos Humanos, Orlena de Miguel».
PP y PSOE se reprochan mutuamente el pago de una indemnización a un secretario general del Ayuntamiento
Además, matizaban que «en la pasada legislatura, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, presidido por el PSOE, denegó la permanencia en el servicio activo del funcionario el 30 de abril de 2020. El funcionario en cuestión solicitó la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años con un salario superior a los 120.000 euros y, conforme a norma, se le denegó, pudiendo él recurrir como sucede en cualquier estado de derecho y como así ocurre con multitud de trámites que se gestionan en el Ayuntamiento diariamente».
Según el PSOE, el error estuvo en fiarse de la normativa creada por el PP, pues «a raíz de la sentencia, nos preocupa la total indefensión en la que se encuentran los trabajadores municipales, ya que sigue en vigor el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2012, relativo a las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, aprobado el Partido Popular cuando gobernaba, y que marca el plazo de los cuatro meses para contestar la petición de la prolongación del servicio activo. Es la interpretación y aplicación de esta norma, aprobada bajo el gobierno de Bartolomé González, la que proporciona el fundamento legal que da la razón al trabajador».
