La Junta de Andalucía, presidida por el popular Juanma Moreno, ha tomado la decisión de endurecer la ley de incompatibilidades de los altos cargos del Gobierno regional a través de una modificación «puntual y urgente». La intención del Ejecutivo regional es frenar el exceso de ‘favores’ por parte de los ex altos cargos que ahora trabajan para el sector privado.
De esta forma, con el fortalecimiento de la ley, aquellos miembros de la Junta andaluza que dejen su cargo público y tengan la intención de irse a trabajar al ámbito privado en los dos años siguientes de su marcha, tendrán que contar antes con el beneplácito del Gobierno autónomo de Juanma Moreno.
En caso de incumplimiento, La persona estaría sancionada entre tres y diez años de inhabilitación para volver a un cargo público
En el caso de no obtener la autorización de la Junta de Andalucía y ejercer en el sector privado, la Junta tendría la potestad de inhabilitarlos y quitarles parte de sus retribuciones. La persona estaría sancionada entre tres y diez años de inhabilitación para volver a un cargo público.
CAMBIOS EN UNA LEY QUE GENERA «INSEGURIDAD JURÍDICA» SEGÚN EL GOBIERNO DE JUANMA MORENO
El encargado de anunciar la medida ha sido, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Una vez que el Consejo de Gobierno de luz verde a la modificación, está entrará en vigor una vez que se publique en la BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Después, tardará un mes para que la modificación sea aceptada en el Parlamento, y que, según Antonio Nieto, supone un pequeño cambio de la ley de 2005, que «solo establece generalidades» y que crea cierta «inseguridad jurídica». La intención del equipo de Juanma Moreno es elaborar una nueva ley más completa en el menor «tiempo posible», la cual no tenga ni un solo fleco.
La intención del equipo de Juanma Moreno es elaborar una nueva ley más completa en el menor «tiempo posible», la cual no tenga ni un solo fleco
Asimismo, ha explicado que la Junta ha tomado la decisión de ser más estrictos a consecuencia de la «brecha en el sistema de control» que surgió a raíz del caso del exviceconsjero de Salud y exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, y su intento irse a la aseguradora Asisa.
Un movimiento que desde la Junta consideraron incompatible. De esta forma, Juanma Moreno pretende evitar que los ex altos caros se aprovechen «de la gestión pública para fabricarse una salida laboral en el ámbito privado», ha apuntado Nieto. Y ha añadido que no pretender perjudicar a nadie «por haber tenido una responsabilidad pública».
DEBERÁN PEDIR PERMISO
La principal novedad en la modificación de la ley de incompatibilidades de alto cargos, es que cualquier ex alto cargo de la Junta de Andalucía que quiera trabajar en una empresa privada, deberá antes informar a la Administración y a su vez solicitar un informe sobre la compatibilidad de su nuevo cargo con sus antiguas responsabilidades.
La norma solo estará vigente posteriores a su marcha del Gobierno andaluz, fecha de tiempo que se mantiene tal cual norma actual. Es decir, en este aspecto la Junta ha preferido guardar los mismos plazos para no perjudicar a nadie.
Asimismo, el órgano que se encargará de recopilar toda la información y después emitir un informe sobre la compatibilidad o no de la actividad de ex alto cargo será la Inspección General de Servicios. Y tendrá tan solo un mes para ello.
ESTO ES LO QUE ESTUDIARÁ LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
Uno de los puntos centrales de esta reforma es la prohibición de que ex altos cargos puedan fichar por una empresa con la que hayan suscrito un contrato durante su función pública. Este criterio también se aplica a sus superiores y subordinados, creando una barrera adicional contra posibles conflictos de interés.
Además, la Junta determinará que existe incompatibilidad cuando un alto cargo haya votado a favor en decisiones que benefician directamente a una entidad privada. Este mecanismo está diseñado para prevenir situaciones donde decisiones tomadas en el ámbito público puedan verse influenciadas por perspectivas de beneficio personal futuro.
En contraste, no se considerará incompatible la incorporación a una empresa cuando las decisiones del alto cargo se hayan referido a colectivos de manera general, sin beneficiar a una empresa en concreto. Un ejemplo citado por el consejero Nieto es la concesión de ayudas a todas las líneas aéreas con destino a EE. UU., lo cual no impediría a ese alto cargo fichar posteriormente por una de estas compañías.
Tampoco se considerará incompatible cuando se haya votado a favor de una empresa en un proceso de concurrencia competitiva, siempre y cuando la propuesta haya venido de un órgano técnico colegiado no nombrado por la persona en cuestión. Esto evita que se incurra en prevaricación y mantiene la objetividad del proceso.
Con estas modificaciones, el Gobierno andaluz busca proyectar una imagen de transparencia y legalidad, posicionándose a la vanguardia del cumplimiento de los compromisos de las políticas públicas en España y Europa. El consejero Nieto ha enfatizado que estas medidas tienen como objetivo que «nunca más se vuelva a relacionar a Andalucía con nada que tenga que ver con la corrupción», reforzando así la confianza en las instituciones públicas.
En resumen, estas reformas representan un paso significativo hacia la consolidación de una administración pública más transparente y comprometida con los principios de legalidad y ética, respondiendo a la demanda ciudadana de un gobierno libre de prácticas corruptas y con un fuerte respeto a lo público.
