Pedro Sánchez ha anunciado que presentará una batería de medidas regeneracionistas con el fin de contribuir a mejorar el ecosistema mediático español, muy conservador en opinión del Gobierno de España.
El presidente del Gobierno lanzó hace semanas un órdago hace que acabó en amago de dimisión y presumiblemente derivará en choque contra algunos medios críticos con el Ejecutivo que se aferran al artículo 20 de la Constitución Española que garantiza «a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación».
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (ARTVE) ha señalado que rechazará «cualquier intento por parte del Gobierno de injerir, modificar, retroceder en derechos o atacar esa libertad será rechazado y condenado por esta Federación».
SÁNCHEZ SE LANZA A LA GUERRA MEDIÁTICA
Casos como el de la mal llamada «policía patriótica», que lanzó fango contra Podemos o los líderes del procés, evidenciaron que existen periodistas y medios de comunicación que pervierten el ambiente político.
Este hecho no evita que algunas cabeceras, sin faltarles un ápice de razón, hayan protestado por ser calificados como «presudomedios» o «máquina del fango» por publicar, entre otros asuntos, varios movimientos empresariales poco decorosos de Begoña Gómez que están probados.
Sánchez hace caso omiso a las verdades y ha anunciado una batería de medidas que incluirá un toque de atención a varios digitales. «Tengo muchos defectos, muchos, pero hablo claro y digo si digo una cosa lo hago. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ese paquete antes de que termine el verano», señala el presidente.
MIRADA INTERESADA DE UNA TRANSPOSICIÓN
España tiene pendiente transponer la ley europea de Libertad de Medios, que previsiblemente va a ser leída de forma interesada por La Moncloa para marcar las líneas rojas a varios periódicos digitales.
Dice el Parlamento Europeo en su página web que esta ley aprobada el pasado mes de marzo nació con la motivación de que las decisiones editoriales gocen «de una mayor protección frente a injerencias indebidas y, en el caso de los medios de comunicación públicos, los periodistas tendrán garantías de que su empleador dispone de financiación adecuada, sostenible y previsible para futuras operaciones, de conformidad con su misión de servicio público».
El Reglamento también establece sólidas salvaguardias «en lo que respecta a la confidencialidad de las fuentes y comunicaciones periodísticas, en relación, por ejemplo, con el uso de programas de vigilancia intrusivos contra los medios de comunicación, los periodistas y quienes mantengan relaciones regulares o profesionales con medios de comunicación o periodistas».
En La Moncloa se relamen con otras medidas como obligar a los medios a señal quiénes son sus medios o que salga a la luz cuánta publicidad institucional se embolsan (ya que el círculo de Sánchez cree que grandes empresarios están detrás de algunos digitales piensa que algunos de estos medios se nutren casi en exclusiva de instituciones madrileñas controladas por el PP).
El Gobierno también está a favor de la implementación de un instrumento del pluralismo en los medios de comunicación, lo cual podría colocar en el foco a Atresmedia y Mediaset (que se reparten alrededor del 85% de la publicidad televisiva).
CARTAS BOCA ARRIBA
La nueva ley busca proteger al ciudadano, que no tiene fácil conocer quién es el propietario de determinados periódicos digitales ni saber cuánta publicidad institucional recibe de determinadas administraciones.
«A fin de que el público conozca quién controla los medios de comunicación y qué intereses pueden influir en la información que difunden, todos los medios informativos —independientemente de su tamaño— tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, también si son parcial o totalmente de titularidad pública», señalaron hace meses desde Bruselas.
Y explicaron que «de la misma forma, los medios de comunicación tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluidos los procedentes de terceros países».
«Los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación o a las plataformas en línea deberán asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad será transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad otorgada a cada medio», señala la ley europea.
LA LETRA PEQUEÑA
Merca2.es ya explicó que la Unión Europea aseguró que su intención con la regulación es «salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en el Unión Europea», señalando que «las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos».
Esta legislación busca proteger a los periodistas de las injerencias (o vigilancia) del poder y a los medios de comunicación de plataformas como Facebook, X (anteriormente Twitter) o Instagram, que pueden restringir o eliminar arbitrariamente contenidos.
