El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado «en retorcer» la Constitución Espàñola para lanzar su amenaza con una reforma del Consejo General del Poder Judicial ante la incapacidad de llegar a acuerdos con el Partido Popular.
El jefe del Ejecutivo ha rechazado que los jueces elijan a los jueces, tal y como propone el PP, para mantener la independencia judicial y la separación de poderes. «Yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados, y por tanto yo creo que el Congreso, el Parlamento Nacional, tiene algo también que decir cuando se nombra, nada más y nada menos, que aquellos representantes que van a conformar el gobierno de los jueces», ha afirmado.
No obstante, la Constitución es muy clara. «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», es decir, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, Pedro Sánchez solo hace referencia al Congreso de los Diputados, como si el Senado no formara parte del legislativo. De hecho, la Carta Magna establece las obligaciones de las Cortes Generales -Congreso y Senado-. «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado», apunta.
PEDRO SÁNCHEZ «NINGUNEA» AL SENADO
«Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución», explica; mientras ratifica la inviolabilidad de ambas Cámaras. Asimismo, la propia Constitución establece la elección y composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años», reza la Carta Magna.
De esos veinte miembros, doce serán elegidos por Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; «cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». Es decir, el PSOE de Pedro Sánchez necesita sí o sí el pacto con el PP para alcanzar el consenso de los tres quintos.
EL PSOE, A PUNTO DE CRUZAR UNA NUEVA LÍNEA ROJA
Las palabras de Pedro Sánchez, las primeras en una entrevista pública tras los comicios al Parlamento Europeo han provocado «estupor» en sectores de la bancada socialista. «Es inaudito y no nos puede llevar a cruzar una línea roja una vez más», afirman socialistas sentados en el Congreso de los Diputados. «La amnistía ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esta reforma del CGPJ es improcedente», aseveran.
En el PP, la situación se ve con «estupor» y consideran que «nos retrotrae a épocas ya superadas en España». Eso sí, afirman que los de Alberto Núñez Feijóo se mantendrá firme en la estrategia a seguir. «Hay que agotar la vía legislativa antes de abrir nuevos caminos para frenar a Pedro Sánchez», han advertido ‘populares’ consultados por este medio.
Pone en cuestión la legitimidad del Senado y ningunea a la Cámara Alta con esta declaración
En este sentido, consideran una «falta de respeto institucional que Pedro Sánchez se arrogue únicamente la legitimidad del Congreso de los Diputados cuando son las Cortes Generales las que deben legislar». «Pone en cuestión la legitimidad del Senado y ningunea a la Cámara Alta con esta declaración. La Constitución es muy clara: cuatro jueces por el Congreso y otros cuatro por el Senado» y siempre con mayoría de tres quintos como mínimo.
JUNTS PODRÍA ABORTAR LA REFORMA DEL CGPJ
En la Cámara Alta, el PP no tiene problema para nombrar a sus candidatos, mientras en el Congreso, el PSOE no ha cerrado pacto alguno y ha pasado a la unilateralidad. Desde la bancada ‘popular’ señalan que no ha logrado acordar los Presupuestos y las mayorías son tan ajustadas que un cambio de opinión de los socios provocaría una nueva derrota que pondría en bandeja un nuevo adelanto electoral.
Y es que, Junts suele desentenderse de los asuntos que afectan a la Justicia en España, toda vez que consideran que son los jueces los «culpables» de la instrumentalización judicial y el «lawfare». Además, se da por hecho el apoyo de ERC, Bildu, BNG y parte del grupo mixto, así como del PNV, que ha cerrado un acuerdo programático para el País Vasco y aún decide si aumentar las consejerías para otorgar una mayor cuota al PSE de Eneko Andueza.
Cabe señalar, además, que modificar una Ley Orgánica debe realizarse bajo un procedimiento específico, con sus enmiendas en ambas Cámaras, y no únicamente con la voz y voto del Congreso, como afirma Pedro Sánchez. Todo, a pesar de que la Cámara Baja solo tiene potestad para cambiar cuatro asientos en el CGPJ.
