El Gabinete de la Presidencia del Gobierno emplea a más de 700 personas, de las que alrededor de 330 son analistas, especialistas en datos y en políticas públicas. No es un órgano con firma de decretos ni asiento en el Consejo de Ministros, pero por sus despachos pasa el filtro previo de casi todo lo que después anuncia el presidente. Esta lista reúne a cuatro de esos nombres que rara vez aparecen en los titulares: Diego Rubio, Jesús Perea Cortijo, José Pablo Ferrándiz Magaña y Rafael Simancas.
El criterio no es el rango ni la antigüedad, sino el tipo de palanca que cada uno mueve sobre la decisión final: quién controla qué asunto llega al despacho de Pedro Sánchez, quién fija el marco de cada comparecencia y el calendario del trimestre, quién traduce las encuestas en temas que se activan o se aparcan y quién convierte ese diseño en votos en el Congreso. Ninguno comparece en la sala de prensa; todos condicionan lo que allí se dice. La última entrada describe esa asimetría.
1El jefe de gabinete: el último filtro antes de que un asunto llegue al despacho del presidente
El director del Gabinete de la Presidencia no firma decretos ni se sienta en el Consejo de Ministros, pero decide qué asuntos llegan al despacho del presidente y en qué orden. Diego Rubio (Cáceres, 1986) ocupa ese sillón desde el 11 de septiembre de 2024, cuando relevó a Óscar López al frente de una estructura de más de 700 personas, de las que unas 330 son analistas, especialistas en datos y en políticas públicas, según el recuento que el propio Gabinete mostró a El País en marzo. La maquinaria se ha extendido a un segundo edificio del complejo, Servicios, además del histórico Semillas. Rubio, con rango de secretario de Estado, es además secretario del Consejo de Seguridad Nacional y preside el Comité de Dirección de Presidencia: el filtro no es solo político, es también la puerta por la que entra la información de crisis.
La ley lo define como órgano de apoyo político y técnico, sin capacidad para dictar actos reservados a los ministerios o al propio Gobierno (ley 50/1997), pero su influencia se mide en gestos concretos. La carta con la que Moncloa rechazó reunirse con la misión del Parlamento Europeo que examinó el Estado de derecho, en febrero, la envió él en nombre del presidente: dos párrafos y «motivos de agenda». Según el perfil que le dedicó El Mundo, habla unas diez veces al día con Sánchez y treinta con ministros, y no son pocos los titulares de departamento que le piden que traslade al presidente los asuntos más incómodos. Tras la crisis de Ceuta, el PP reclamó su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y en el PSOE hubo quien le dio por amortizado; sigue en el puesto y Moncloa sostiene que la confianza de Sánchez en él está intacta.
