Aunque no queda claro contra quien es la huelga general de hoy y para muchos da la impresión que es contra la oposición, hay que señalar que a lo largo de la democracia española, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha mantenido una relación compleja, y a menudo convulsa, con el movimiento sindical, especialmente con Comisiones Obreras (CCOO) y otras formaciones minoritarias, pero muy combativas, sufriendo cinco huelgas generales a lo largo de democracia.
En este sentido, aunque las siglas socialistas nacieron históricamente ligadas a la defensa de la clase trabajadora, fueron precisamente los ejecutivos liderados por Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero los que tuvieron que afrontar algunas de las movilizaciones obreras más contundentes de las últimas cuatro décadas.
Lejos de gozar de una paz social garantizada por afinidad ideológica, los gobiernos del PSOE se vieron obligados a gestionar hasta cinco huelgas generales de calado nacional que pusieron a prueba la estabilidad de La Moncloa y marcaron un antes y un después en la historia laboral de España.
El divorcio sindical de 1985 y la reforma de las pensiones
La luna de miel entre el primer Gobierno socialista de la democracia y las centrales obreras duró apenas tres años. Tras la abrumadora mayoría absoluta de 1982, las políticas de reconversión industrial y ajuste económico empezaron a generar fricciones. El punto de ruptura llegó el 20 de junio de 1985, fecha en la que se celebró la primera huelga general de 24 horas del periodo constitucional. El detonante fue el proyecto de reforma de la Ley de Pensiones de la Seguridad Social impulsado por el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia.
La norma endurecía las condiciones de acceso a la jubilación al ampliar de dos a ocho años el periodo de cálculo de las bases de cotización y elevar de diez a quince el mínimo de años cotizados exigidos. Aquella jornada tuvo una particularidad histórica, ya que fue convocada en solitario por Comisiones Obreras (CCOO) junto a sindicatos minoritarios, mientras que la Unión General de Trabajadores (UGT), liderada por Nicolás Redondo y todavía vinculada orgánicamente al partido, decidió desmarcarse. Pese al seguimiento desigual y a que el Ejecutivo sacó adelante la ley en el Congreso, el pulso dejó una víctima política de peso apenas dos semanas después con la dimisión del ministro de Economía, Miguel Boyer.
El histórico 14-D: el día que España se apagó por completo
Si existe una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva del sindicalismo español, esa es el 14 de diciembre de 1988. Conocida popularmente como el 14-D, aquella jornada supuso la mayor exhibición de fuerza obrera de toda la democracia y certificó el divorcio definitivo entre Felipe González y Nicolás Redondo.
Por primera vez, UGT y CCOO unieron sus fuerzas contra un Ejecutivo socialista para frenar el polémico Plan de Empleo Juvenil, una iniciativa que los sindicatos bautizaron como el plan de esclavitud juvenil al introducir contratos temporales específicos para jóvenes con menor protección y salarios más bajos.
El éxito de la convocatoria desbordó todas las previsiones y paralizó el país de norte a sur durante 24 horas. La imagen que definió aquel día ocurrió a las doce en punto de la noche, cuando los trabajadores de Televisión Española cortaron la emisión desde el centro de Torrespaña y la pantalla se fue a negro, dejando a millones de españoles sin señal en la única cadena existente entonces. El seguimiento masivo obligó a Felipe González a dar marcha atrás, retirar el plan juvenil y abrir una mesa de negociación social que demostró el inmenso poder de movilización de las calles.
El desgaste de los noventa: los paros de 1992 y 1994
La década de los noventa no trajo la calma esperada para un PSOE que empezaba a acusar el desgaste del poder y los efectos de una recesión económica internacional. El 28 de mayo de 1992, UGT y CCOO volvieron a convocar a los trabajadores a un paro general, esta vez de media jornada, para protestar contra el llamado decretazo del Gobierno.
La medida recortaba de forma sustancial las prestaciones por desempleo y endurecía los requisitos para acceder al paro en un momento en el que las cifras de destrucción de empleo comenzaban a dispararse tras el espejismo de los fastos olímpicos y la Exposición Universal de Sevilla.
Apenas año y medio después, el 27 de enero de 1994, los sindicatos volvieron a pulsar el botón de la huelga general de 24 horas. En esta ocasión, la protesta se dirigió contra una profunda reforma laboral aprobada por el Ejecutivo socialista que introducía las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), abarataba el despido y flexibilizaba la contratación.
Aunque la movilización tuvo un amplio respaldo en los sectores industriales y en las grandes ciudades, el Gobierno de González, que ya gobernaba en minoría con el apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes, mantuvo el núcleo de la reforma alegando la necesidad imperiosa de modernizar el mercado de trabajo español.
El giro de 2010 y la tormenta perfecta contra Zapatero
Tuvieron que pasar dieciséis años para que otro presidente socialista se enfrentara a un paro general de estas dimensiones. El 29 de septiembre de 2010, Zapatero vivió su particular 29-S en el momento más crítico de su mandato. Acorralado por la crisis de la deuda soberana y las presiones de las instituciones europeas para evitar el rescate de España, Zapatero había ejecutado en mayo de ese año el mayor recorte social de la democracia, bajando un cinco por ciento el sueldo de los funcionarios y congelando las pensiones.
A este malestar acumulado se sumó la aprobación en junio de una reforma laboral que facilitaba y abarataba el despido por causas económicas, lo que llevó a CCOO y UGT a convocar una huelga general de 24 horas. La jornada estuvo marcada por una fuerte tensión social, piquetes informativos muy activos en los polígonos industriales y manifestaciones multitudinarias en las principales capitales.
Sin embargo, al igual que ocurrió en 1994, la presión de los mercados financieros pesó más que la protesta sindical y el Ejecutivo socialista no rectificó sus medidas, abriendo una brecha profunda con su electorado tradicional que acabaría pasando factura en las urnas apenas un año después.
