La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre amenaza con alterar la actividad laboral y la movilidad en toda España. Madrid concentrará a lo largo del día de algunas de las principales movilizaciones, con piquetes desde primera hora, una concentración en Cibeles y una manifestación entre Atocha y Plaza de España. Los servicios mínimos, las diferencias entre sindicatos y el clima de tensión política a 18 días de las elecciones generales marcarán una jornada en la que los convocantes aspiran a demostrar su capacidad de movilización.
España afrontará hoy miércoles una huelga general de 24 horas que pretende convertir el malestar por el precio de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad laboral en una protesta de alcance nacional. La convocatoria, que afectará tanto al sector público como al privado, llega en un momento especialmente delicado: apenas dos semanas antes del inicio de la campaña electoral de los comicios generales del 29 de noviembre y después de varias semanas de movilizaciones relacionadas con la crisis habitacional.
Madrid será uno de los principales escenarios de la protesta. La capital tendrá concentraciones durante la mañana, piquetes en diferentes barrios y una manifestación central por la tarde. Además, los sindicatos y colectivos sociales preparan acciones para intentar trasladar el paro laboral al comercio, el consumo y la actividad cotidiana de la ciudad.
La jornada estará protagonizada por una alianza sindical poco habitual, en la que coinciden las grandes centrales, CCOO y UGT, con organizaciones de tradición más combativa como CGT y CNT y movimientos sociales vinculados a la vivienda. Sin embargo, no todos los convocantes interpretan la huelga de la misma manera ni persiguen exactamente los mismos objetivos.
Una huelga nacida de la crisis de la vivienda que incorpora las reivindicaciones laborales
El origen de la convocatoria se encuentra en las movilizaciones por el derecho a la vivienda y, especialmente, en las protestas que se intensificaron después del desahucio de Maricarmen Abascal. El Sindicato de Inquilinas y distintas organizaciones sociales impulsaron inicialmente una respuesta que pretendía ir más allá de las manifestaciones tradicionales y desembocar en una huelga general.
CGT y CNT participaron en los primeros pasos de la iniciativa. Posteriormente se incorporaron CCOO y UGT, que decidieron respaldar un paro de 24 horas con una plataforma reivindicativa más amplia, centrada también en las condiciones laborales.
La convocatoria fue registrada por CCOO, UGT, CGT, CNT, Confederación Intersindical, CO.BAS, Solidaridad Obrera y otras organizaciones, además de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Unión de Actores y Actrices. En Madrid también figuran entre las organizaciones convocantes OSAD y Alternativa Sindical de Clase, según la documentación municipal.
Las reivindicaciones tienen varios destinatarios. A la patronal CEOE le exigen desbloquear la negociación colectiva, actualizar los salarios y conseguir que los beneficios empresariales se traduzcan en mejores condiciones para los trabajadores. A las administraciones les reclaman medidas que permitan facilitar el acceso a una vivienda digna, ampliar el parque público de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.
CCOO y UGT pretenden dar a la jornada un carácter de protesta social y laboral. Entre sus prioridades figuran también la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la mejora de la salud en el trabajo y el refuerzo de los servicios públicos.
Sin embargo, la diferencia con los sindicatos alternativos está en el planteamiento de la movilización. CGT, CNT y los colectivos de vivienda pretenden que el paro no se limite a los centros de trabajo, sino que tenga una repercusión directa en las calles, los establecimientos comerciales y el consumo. Su estrategia pasa por organizar piquetes, acciones descentralizadas y protestas que dificulten el funcionamiento ordinario de la actividad económica.
La fecha añade un componente político. La huelga se celebrará cuando faltan apenas 18 días para las elecciones generales del 29-N. La CEOE cuestionó inicialmente la convocatoria y anunció que estudiaría impugnarla por considerarla política y electoralista, aunque finalmente no concretó esa iniciativa antes de la jornada.
El PP y Vox también han criticado el momento elegido. Alberto Núñez Feijóo llegó a pedir que se desconvocara la huelga después del accidente ferroviario de Urda, mientras que los sindicatos han rechazado cualquier vinculación partidista y defienden que sus reivindicaciones estaban planteadas antes del adelanto electoral.
Madrid: piquetes desde primera hora y una manifestación central de Atocha a Plaza de España
La capital concentrará algunas de las acciones más visibles del 11-N. La movilización no comenzará con la manifestación de la tarde, sino que tendrá actividad desde la madrugada y durante las primeras horas de la mañana.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llamado a organizar piquetes nocturnos para impedir la apertura de establecimientos y mantener la presión durante toda la jornada. La organización ha difundido mensajes en los que anuncia que pretende que el 11-N sea una jornada de fuerte impacto en la actividad comercial.
A partir de las 8.30 horas están previstos piquetes ciclistas con salidas desde Embajadores, Ciudad Lineal y Plaza Elíptica. Los grupos recorrerán diferentes zonas de la capital para extender la convocatoria y tratar de sumar trabajadores a la huelga.
Uno de los puntos de mayor atención será el centro de Madrid. A las 12.00 horas está previsto un denominado ‘mega piquete’ en el entorno de la estación de Metro de Gran Vía, desde donde los participantes pretenden recorrer las principales calles comerciales e intentar cerrar establecimientos. Los convocantes han anunciado también una huelga de consumo, con llamamientos a no comprar durante el día y a participar en comidas populares organizadas por colectivos vecinales.
A esa misma hora, UGT ha anunciado una concentración en Cibeles, que será otro de los puntos de referencia de las movilizaciones madrileñas.
El principal acto llegará a las 18.00 horas, con una manifestación que partirá de Atocha y finalizará en la Plaza de España. La marcha reunirá a sindicatos, organizaciones sociales y colectivos vinculados a la defensa de la vivienda, la sanidad, la educación y las pensiones.
El recorrido por el centro, junto con los piquetes de Gran Vía y las acciones previstas en distintos barrios, convierte el eje Atocha-Cibeles-Gran Vía-Plaza de España en uno de los espacios donde se concentrará la actividad reivindicativa. También Embajadores y Plaza Elíptica tendrán especial protagonismo durante las primeras horas.
El dispositivo policial deberá prestar especial atención a las acciones que pretendan bloquear accesos a establecimientos, interferir en el transporte o impedir que los trabajadores que no secunden la huelga puedan desarrollar su actividad. El anuncio de piquetes que pretenden cerrar comercios y prolongar las protestas durante toda la jornada eleva el riesgo de incidentes puntuales.
La retórica utilizada por algunos convocantes, con expresiones como «la vamos a liar parda», ha aumentado la preocupación sobre el desarrollo de las acciones más contundentes. La posibilidad de que se produzcan enfrentamientos dependerá, en buena medida, de cómo evolucionen los piquetes y de la respuesta policial ante eventuales bloqueos o situaciones de coacción.
Los servicios mínimos: el Metro de Madrid funcionará al 80% en hora punta
El transporte será uno de los sectores donde más se notarán las consecuencias de la huelga, aunque las administraciones han establecido servicios mínimos para garantizar la movilidad y la atención de las necesidades esenciales.
En Madrid, el Metro tendrá que mantener el 80% de sus servicios habituales durante las horas punta, que comprenden las franjas de 7.30 a 9.30, de 14.00 a 16.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Durante el resto del día, la cobertura mínima será del 50%.
La EMT funcionará con un 40% de los servicios en las líneas regulares y convencionales y un 50% en los servicios especiales. Los autobuses nocturnos tendrán garantizado al menos un vehículo por cada una de sus 32 líneas.
En Cercanías, los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes alcanzan el 75% durante las horas punta, entre las 6.00 y las 9.00, las 13.30 y las 15.30 y las 18.30 y las 20.30 horas. Durante el resto del día circulará el 50% de los trenes habituales. Los servicios de Media Distancia tendrán una cobertura del 65%, mientras que la Alta Velocidad y Larga Distancia mantendrán el 73%.
En los hospitales madrileños se garantizará la atención esencial mediante una organización equivalente a la de un fin de semana o festivo, con refuerzos en unidades especialmente sensibles como urgencias, diálisis, oncología, cuidados críticos y quirófanos. Los servicios mínimos no podrán superar, con carácter general, el 35% de los efectivos existentes. En Atención Primaria también se han establecido dotaciones específicas según las dimensiones de cada centro.
El Ayuntamiento mantendrá, además, los servicios imprescindibles de SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, atención a personas vulnerables, residencias, ayuda a domicilio y recogida de residuos esenciales.
Las diferencias entre comunidades autónomas serán importantes. En Cataluña, por ejemplo, el transporte público tendrá unos servicios mínimos del 25% durante las horas punta, frente al 80% establecido para el Metro madrileño. En la Comunidad Valenciana, Metrovalencia y el TRAM mantendrán el 80% de sus servicios.
Esta disparidad ha provocado las críticas de CGT y de los sindicatos de inquilinas, que consideran que algunos gobiernos autonómicos han fijado porcentajes excesivos para limitar el impacto de la huelga. Las organizaciones estudian recurrir determinadas órdenes al considerar que pueden dificultar el ejercicio efectivo del derecho a parar.
El seguimiento y el pulso político: sindicatos optimistas y oposición crítica
Una de las grandes incógnitas será el seguimiento real de la huelga. Los convocantes han reconocido que la jornada tiene características diferentes a las de otros paros generales y que su éxito no dependerá exclusivamente del número de trabajadores que abandonen sus puestos.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado optimista respecto a la movilización y ha defendido que las protestas sociales del 11-N pueden ser muy importantes. Sin embargo, también ha reconocido que el accidente ferroviario de Urda ha cambiado el estado de ánimo del país.
Los sindicatos han explicado que la valoración definitiva deberá realizarse al terminar la jornada, cuando se conozca la participación en las manifestaciones y las acciones desarrolladas en las diferentes ciudades. No existe, a fecha de víspera, una estimación oficial homogénea del seguimiento que permita anticipar un porcentaje fiable de participación.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el carácter fundamental del derecho de huelga, aunque ha pedido que no se utilice políticamente el dolor de las víctimas del accidente ferroviario. La posición del Ejecutivo contrasta con la del PP y Vox, que consideran que la convocatoria tiene una dimensión política y que su celebración en vísperas de las elecciones busca presionar a la oposición.
La patronal también ha cuestionado la oportunidad de la movilización. La CEOE sostiene que la convocatoria resulta difícilmente justificable en pleno proceso electoral y ha rechazado que las reivindicaciones laborales deban convertirse en una protesta de carácter político.
En cualquier caso, la principal batalla del 11-N estará en las calles. Los sindicatos aspiran a conseguir manifestaciones multitudinarias, mientras que la oposición estará pendiente de que la participación laboral no alcance las dimensiones que anuncian los convocantes.
Madrid será el principal termómetro político y social de la jornada, tanto por la concentración de piquetes como por la manifestación de la tarde. El resultado permitirá comprobar hasta qué punto la crisis de la vivienda ha conseguido unir las reivindicaciones laborales y los movimientos sociales en una protesta nacional, pero también medirá la capacidad de los sindicatos para convertir el malestar ciudadano en una movilización efectiva.
